La Responsabilidad de proteger. ¿Un principio ya caduco?

Varios hechos sucedidos recientemente ponen en serio cuestionamiento la viabilidad del conjunto de principios que dieron origen a la norma «Responsabilidad de Proteger», también conocido como «R2P» por sus siglas en inglés. El término, aprobado en el año 2005 en el seno de las Naciones Unidas, y oficialmente creado en el año 2001 por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (ICISS) tuvo, en su origen, las mejores intenciones. Fue adoptado como respuesta a una necesidad acuciante: la intención de dar una protección eficaz a la población civil desprotegida ante catástrofes evitables –asesinatos en masa, genocidios o hambrunas- ante las que el Estado no quiera o no pueda proveer dicha protección, lo que habilitaría a la comunidad internacional a asumir dicha responsabilidad. Además, el principio fue profundamente desarrollado y cuenta con un importante respaldo teórico, por lo que contaba con todos los ingredientes necesarios para poder abrir una nueva etapa ante la impunidad con que contaban los gobiernos de los Estados que perpetraban violaciones de derechos humanos dentro de su territorio, cobijándose en la soberanía y el derecho de no injerencia.

A pesar del esfuerzo y entusiasmo invertido en su creación, el principio de la Responsabilidad de Proteger, pareciera que comienza a languidecer. Al parecer, no es apto para un mundo en el que gobierna la «doble vía», en el que a pesar de que las intenciones puedan ser puras, las acciones que las desarrollan pueden llegar a ser atroces. Es el caso de Libia, en el que dicho principio se vio seriamente desprestigiado y denostado por el mal uso que le proporcionó la OTAN mediante sus acciones impropias. Ésta, fuerza internacional habitualmente no adscrita a las misiones de paz de la ONU, implementó la operación militar en Libia, tras concedérsele la autorización del uso de la fuerza para la protección de civiles, amparada en la Resolución 1973 del 17 de Marzo de 2011 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tras hacerse cargo de la misión, la OTAN decidió interpretar el principio de «Responsabilidad de Proteger» a su antojo, y lo hizo vulnerando de manera sistemática no sólo los fundamentos teóricos del principio en sí, sino también el mandato específico concedido por la ONU. La Resolución autorizaba a «tomar todas las medidas necesarias» en Libia para «proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques», incluyendo la creación de una zona de exclusión aérea sobre el país, pero excluyendo explícitamente la intervención terrestre en cualquier parte de Libia. La OTAN, en un principio, realizó operaciones militares que lograron salvar la vida de millares de civiles (como por ejemplo la primera intervención aérea, que tuvo lugar justo antes de la inminente caída de Bengasi tras el interminable asedio infringido por parte de las tropas leales a Gadafi) para después interceder de manera exponencial a favor de los rebeldes, mediante el ataque planificado a objetivos que nada tenían que ver con la amenaza a civiles, o a través del adiestramiento y asesoramiento militar, o llegando incluso a la entrega de armas. Lo realmente indignante es que nada de esto fue confirmado de manera oficial hasta transcurridos varios meses del inicio de la intervención militar, tras las declaraciones del Canciller Francés Alain Juppé, que reconoció públicamente que se había llevado a cabo una entrega de armas a la facción rebelde, precisando que para realizar la misma «nos ubicamos exactamente en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad (…) y hemos informado al Consejo de Seguridad y a nuestros socios de la OTAN de la entrega». Lo curioso es que cuando se produce esta declaración, habían transcurrido ya casi cuatro meses de la adopción de la Resolución 1973, y ya casi nadie recordaba los fines para los que había sido aprobada. Lo único recordado era que existía una misión militar de la OTAN desplegada en Libia, y que probablemente acabaría tarde o temprano con el déspota.

Ya a esa altura, poco importaba si la legalidad de dicha Resolución había sido violada, o si el mandato original entregado por la ONU había sido completamente quebrantado. Lo cierto es que todas estas acciones parciales lograron allanar el avance imparable de los rebeldes hacia la «victoria final» que hoy ya todos conocemos.

El cuestionamiento del principio, surge de la interpretación del mismo. La Resolución 1973 se ha entendido, por parte de la OTAN, como una «carta blanca» para extralimitarse de todas las formas posibles del mandato originariamente concedido. Mediante el revestimiento de la misión militar en Libia como «humanitaria», (dicha palabra se menciona hasta trece veces en la Resolución), la OTAN ha logrado aprovecharse de manera oprobiosa de la débil fortaleza semántica que caracteriza a dicha palabra. Así pues, encontró en lo humanitario la base de la línea argumentativa que justificaba la necesidad de la misión militar: una vez dentro, con la excusa humanitaria, podría definir el destino de la contienda según sus propios intereses. Tras el inicio de la incursión militar, se contaba con que Gadafi depondría las armas y negociaría una salida parecida a la de sus homólogos Ben Alí y Mubarak. Con un escenario como aquel, todos quedarían satisfechos: los civiles protegidos, y Gadafi encarcelado o exiliado. Pero la contienda duró bastante más de lo esperado, e hizo que la OTAN tuviera que alargar el conflicto, desvelándose así el verdadero objetivo de la misión: derrocar al régimen de Gadafi.

Se podría afirmar que el principio de «Responsabilidad de Proteger» otorga un abanico bastante amplio de posibles interpretaciones debido a su premisa inicial – la protección de los civiles- pero nunca, bajo ningún concepto, puede entenderse la misma como partidaria de una facción que tome parte en la contienda. Por tanto, es posible afirmar que la interpretación realizada por la OTAN es, a todas luces, ilegal e ilegítima. Y a pesar de que el fin ulterior de la misma sea legítimo (proteger a las potenciales víctimas civiles durante el desarrollo del conflicto armado) y los medios empleados para conseguirlo también lo sean –siempre y cuando no se utilicen para otros fines-, la forma en que se ha llevado a cabo la misión vulnera todos los límites establecidos y la orienta a la consecución de unos objetivos que nada tienen que ver con la protección de los civiles. Desgraciadamente, y pese a que todas las condiciones formales y legales fueron concedidas para que la OTAN pudiera desarrollar una misión impoluta, que le permitiera lavar tanto su imagen como la de la ONU de cara a la comunidad internacional y en especial al mundo árabe, no se logró el cometido propuesto y terminó generando polémica y siendo ampliamente cuestionada.

Como conclusión, se podría decir que el único logro real de la intervención militar en Libia, además de abrir de una vez por todas las puertas del país a los empresarios europeos del sector de los hidrocarburos y la construcción -ávidos de ingresos extras y petróleo barato tras una crisis económica que está golpeando duro-, es que la «Responsabilidad de Proteger», principio concebido en su origen como algo novedoso y realmente necesario, ha perdido totalmente su legitimidad. De aquí en más mucho tendrá que hacerse, en un sentido completamente adverso a lo acontecido en Libia, para revertir esta situación. Muchas dudas quedan también acerca del por qué de la intervención concreta en Libia y no en muchos otros países en conflicto y en los que también existen civiles desprotegidos, como por ejemplo Siria o Bahréin. Está claro que el buen nombre del principio ético ha sido manchado por una política perversa plagada de intereses comerciales, y con ello se ha perdido la gran oportunidad de dejar sentado un precedente imprescindible para los futuros conflictos que vendrán. Esto es lo que han logrado con un principio que, a priori, apuntaba maneras. Ahora, y tras el júbilo inicial por la derrota a Gadafi, veremos como el Consejo Nacional Transitorio (CNT) logra encauzar la situación, altamente compleja, por la inmensa cantidad de armas existentes en manos de civiles. De momento, lo único cierto es que los que pierden, vuelven a ser los mismos de siempre: los civiles, meros chivos expiatorios para la implementación de una misión militar e intervencionista en toda regla.