La mujer iraquí en la construcción de la paz

Tras la invasión de las tropas estadounidenses contra Irak, iniciada el 19 de marzo de 2003, la situación de la mujer iraquí no ha hecho más que agravarse, hasta el punto de constituir una de las principales víctimas de la violencia que define aún hoy a ese país. La violación de los derechos humanos es, por desgracia, una característica clave en la historia del Estado iraquí, junto a la economía política del petróleo, la carencia del monopolio del uso de la fuerza y la inseguridad interna, así como a la falta de control por parte del gobierno de su propio territorio.

La invasión liderada por Washington desde hace casi siete años desencadenó, entre otras consecuencias negativas, una seria crisis humanitaria, con abusos y violaciones de derechos humanos, el estallido de la insurgencia y un elevado número de víctimas civiles, refugiados y desplazados, sin olvidar el agravamiento entre suníes y chiíes, el terrorismo de Al Qaeda y la destrucción de infraestructuras.

A pesar de ciertos avances, que han permitido la constitución de un nuevo gobierno, el escenario actual sigue marcado por profundas deficiencias y problemas de falta de desarrollo y de inseguridad. En el olvido parece haber quedado que la defensa de los derechos humanos constituía uno de los ejes principales de la invasión de Iraq, junto al fomento del buen gobierno, la reconciliación, el imperio de la ley, la paz, la estabilidad y la seguridad de la región. A pesar de que el año 2009 supuso el fin de la administración Bush (símbolo de la invasión estadounidense) y marcó un año de reducción considerable de violencia producida por tropas extranjeras, se siguen registrando altos niveles de tensión política, terrorismo y exclusión hacia la mujer, que es víctima de la violencia y discriminación simplemente por su género. Un estudio de la organización Iraq Body Count afirma que durante 2009 murieron 4.680 civiles, mientras que en 2010 fueron 4.023(1), constituyendo las mujeres y las niñas uno de los grupos más afectados. He aquí el punto de partida: la situación de la mujer en los conflictos armados y su figura como agente activo en la construcción de la paz y rehabilitación posbélica.

Desde la creación del Estado iraquí, en 1920, las mujeres contaban con muchas más libertades y derechos (sobre todo a partir de la revolución de 1958) en comparación con los países vecinos. Sin embargo, a partir de 1979, ya bajo el régimen de Sadam Husein, la participación política y toma de decisiones por parte de las mujeres eran cada vez más escasas, a pesar de que se les reconociera el derecho al voto. Su situación y sus condiciones de vida comenzaron a experimentar un cierto deterioro.
La guerra contra Irán (1980-88) causó un gran número de pérdidas, con miles de viudas así como desplazadas y refugiadas. Además, la situación de pobreza que la población iraquí estaba viviendo incrementó las consecuencias para las mujeres, siendo las niñas las primeras afectadas, ya que se les impidió el acceso a la educación. Como resultado, la tasa de alfabetización descendió significativamente (en 1987, un 75% de las niñas asistían a la escuela, mientras que trece años después, en 2000, la cifra se reducía al 25%(2)), teniendo en cuenta que, según fuentes del PNUD(3), en 2010 más de la mitad de los niños iraquíes no terminaron la educación primaria. Una senda de torturas, violaciones, vejaciones que condujeron, en los años noventa, a una ampliación y un aumento del poder en el sistema patriarcal, de forma que los derechos de las mujeres quedaron reducidos, en especial, al ámbito de herencias, custodias y divorcios. De este modo, se incrementaban las desigualdades, la falta de derechos, la subordinación de las mujeres y su discriminación.

Aunque la III Guerra del Golfo, desde 2003, ha ido acompañada de promesas en cuanto a mayores libertades, derechos e igualdad para las mujeres, el escenario de violencia, así como la inestabilidad política, dejó entrever el incumplimiento de las mismas. En 2005, con la nueva Constitución, se modificó parte de la legislación en la esfera de la ciudadanía, pero el supuesto procedimiento de «democratización» ha dejado el panorama político, social y económico prácticamente intacto. Por un lado, queda contemplada la posibilidad de que la nacionalidad se pueda transmitir por padre o madre iraquí(4) y se garantiza la igualdad de la mujer ante la ley (art. 14), así como el derecho a la vida y a la seguridad personal (art. 15)(5). Por otro, se observa una clara discriminación hacia la mujer, expuesta a actos de violencia cometidos por diversos actores, como sus cónyuges o las fuerzas de seguridad. Secuestros y tráfico de mujeres y niñas, asesinatos, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, crímenes de honor, violencia doméstica y abusos sexuales; todo ello enmarcado dentro de un contexto caracterizado por un débil Estado de derecho, carente de desarrollo y seguridad en el que muchos delitos de violencia de género quedan impunes o, de no ser así, llevan aparejadas penas leves. Es el caso, por ejemplo, del delito de violación a una mujer pues, según el Código Penal Iraquí, el responsable del delito deja de serlo si contrae matrimonio con la víctima.

La violencia contra las mujeres y niñas constituye la violación a los derechos humanos más extendida. Abarca múltiples formas y se lleva a cabo en diversos escenarios: violencia doméstica, psicológica o emocional, acoso sexual, violación en campos de refugiados o como táctica de guerra. En este contexto, la mujer es víctima invisible subordinada al hombre debido a unas interpretaciones patriarcales del Islam que conforman el principal obstáculo. De esta forma, se perpetúa la violencia en el círculo familiar así como en la sociedad, imposibilitando su participación en procesos de construcción de paz, así como de prevención y solución de conflictos.

Sin embargo, las crisis y las situaciones de postconflicto pueden servir como punto de partida para eliminar barreras sociales y sistemas patriarcales. El 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325, centrada en la participación igualitaria e implicación de las mujeres en la agenda internacional sobre paz y seguridad. Ocho años después, en 2008, se ratificó la Resolución 1820, cuyo eje principal es la violencia sexual como arma de guerra. La finalidad no es que otra que garantizar una protección de las mujeres y niñas, adoptar medidas oportunas para eliminar dicha violencia, conseguir el empoderamiento de la mujer y la igualdad de derechos y oportunidades.

De manera general, a pesar de los retos que presentan dichas Resoluciones, el balance del impacto del conflicto es negativo. En la práctica, el gobierno iraquí no pone solución al problema y los actos de violencia sexual permanecen invisibles. Muestra de ello es la desigual distribución de la riqueza y del poder, la violación de los derechos humanos de las mujeres y la falta de voluntad política por parte de los organismos iraquíes, de forma que la mujer queda subordinada al hombre y, por lo tanto, excluida de la vida pública. Según la ECP, sólo el 18% de las mujeres se encuentra en el mercado laboral.

Queda todavía mucho para que en Irak las mujeres puedan ser actores principales en la prevención de conflictos así como en la construcción, mantenimiento y consolidación de la paz. A todos debería interesar que se concrete esta posibilidad para que, gozando de plena autonomía, las mujeres puedan aportar sus capacidades a una tarea que es, en definitiva, de todos y de todas.

Notas:

 Fuente: http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010/
 Fuente: http://escolapau.uab.es/conflictosypaz/genero.php?paramidioma=0&idgenero=9
 Fuente: http://content.undp.org/go/newsroom/2010/august/report-acknowledges-need-for-development-in-iraq.es;jsessionid=axbWzt8vXD9?categoryID=412112&lang=es
 Fuente: http://escolapau.uab.es/conflictosypaz/genero.php?paramidioma=0&idgenero=9
 Fuente: http://www.socialwatch.org/sites/default/files/iraq2010_esp.pdf