Justicia universal

(Para Radio Nederland)
Hay sustantivos que no necesitan de adjetivos porque cuando se adjetivan se corre el riesgo de cambiar el sentido de la palabra. Ese sería el caso de “justicia” que debería llevar implícito su pretensión de universalidad. Sin embargo como parecemos habernos acostumbrado a una concepción alicorta de la justicia, no está de más en estos días en que por diversos motivos cobra actualidad, recordar, adjetivando, esta dimensión de la justicia.

Desde que los tribunales de Nuremberg y Tokio juzgaron las atrocidades cometidas por los vencidos de la Segunda Guerra Mundial, el camino para conseguir una verdadera justicia penal universal ha sido tortuoso, contradictorio y lleno de incoherencias. Pero sin lugar a dudas, hoy los genocidas, los criminales de guerra y los violadores de los derechos humanos duermen más intranquilos y algunos -lamentablemente pocos todavía- lo hacen en cárceles y bajo vigilancia internacional. Algo es algo.

El inicio de la Guerra fría y su duración durante casi la mitad del siglo XX hicieron que en ese periodo no se emprendiera ninguna iniciativa que diera continuidad a lo comenzado en Nuremberg. Un Consejo de Seguridad inoperante y unas superpotencias implicadas ellas mismas en actos criminales, hicieron que aquella época fuera, desde la perspectiva de la justicia, un largo paréntesis por más que desde instancias jurídicas, académicas y ONG se clamara por un Tribunal Internacional Permanente. El final de la contienda bilateral y la necesidad de abordar de modo coherente las dos grandes crisis de los años noventa, Ruanda y Yugoslavia, hicieron que en ambos casos se crearan Tribunales Ad hoc que juzgaran ciertos crímenes cometidos en aquellas crueles guerras. Posteriormente, otros tribunales mixtos como el de Sierra Leona o Camboya entre otros han venido a unirse a los anteriores. Pero siempre en una lógica de tribunales constituidos tras las atrocidades y con carácter Ad hoc, es decir, caso por caso. La universalidad debía esperar.

Por fin, en 1998 y con grandes dificultades consiguió iniciarse mediante el Estatuto de Roma el proceso de creación de la Corte Penal Internacional (CPI) que debería superar este “Ad hoc ismo” y convertirse en una corte permanente con jurisdicción para juzgar ciertos crímenes cometidos por cualquier persona en cualquier lugar. Como es bien sabido, algunos importantes países como Estados Unidos, Rusia o China, no sólo no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma, sino que han tratado de boicotearlo por todos los medios, estableciendo, incluso, acuerdos bilaterales con países firmantes para garantizar la protección de sus nacionales. Pero al día de hoy, la CPI funciona en La Haya y el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 países y ratificado por 107 .

Junto a estas iniciativas más o menos convencionales y puestas en marcha mediante resoluciones del Consejo de Seguridad o tratados internacionales, los procesos iniciados por ciertos jueces de algunos países haciendo uso del principio de jurisdicción universal, han sido un elemento dinamizador en este complicado proceso de búsqueda de justicia penal universal. Casos como el del dictador chileno Pinochet por parte de la justicia española o el de criminales ruandeses por la justicia belga, por poner sólo dos ejemplos, nos hacen ver lo complejo del proceso pero al mismo tiempo las posibilidades que se abren para poder perseguir a los grandes criminales.

Sirvan estos datos para poner en su contexto algunos de los acontecimientos de las últimas semanas que tienen gran relevancia desde la perspectiva de la justicia universal y sus vinculaciones con la política. La decisión del fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo de iniciar el proceso contra el presidente sudanés Omar Hasan al Bachir es, sin duda, una decisión arriesgada que, además,  va a influir en el despliegue de la fuerza híbrida de paz ONU – Unión Africana  UNAMID y en la dramática situación de Darfur. Paradójicamente algunos de los que están contra la CPI, como Estados Unidos, alaban la medida mientras que otros, partidarios desde el inicio de la misma, se han mostrado reticentes y creen que la orden de detención de al Bachir pone en peligro todo el minucioso trabajo de creación de la CPI, de una manera injustificada. Si las pruebas acumuladas por Ocampo son, como dicen algunos de sus detractores, insuficientes para demostrar que ha habido crimen de genocidio, la decisión puede tener un elevado coste para el futuro de la CPI. Sin embargo, no hay que olvidar que la Corte surge para juzgar los delitos de su competencia (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión) y que desde hace tiempo numerosas organizaciones de todo tipo han suministrado algo más que indicios de que estas situaciones se daban en Darfur (Sudán). El fiscal Ocampo se ha apresurado a declarar que la decisión no es política pero es evidente que tiene un gran calado político y que fue realizada teniendo eso en cuenta: coincidencia con los actos de celebración en Nueva York del décimo aniversario de la CPI, guiño a los Estados Unidos y al candidato Obama sobre un tema que es especialmente sensible en aquel país.

Más sencilla parece la situación que se plantea, al menos desde la perspectiva jurídica, tras la detención de Radovan Karadzic. El aún vigente Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), también con sede en la Haya, ya había reclamado su detención hace varios años y los delitos de que se le acusan entran dentro de sus competencias. En ese sentido, debe ser entregado al TPIY para ser juzgado sin más demoras. Lo curioso desde la perspectiva política es el poco tiempo que han tardado algunos, especialmente los voceros de la Unión Europea, en agradecer al actual régimen serbio su colaboración prometiendo una vez más la próxima incorporación a la UE. Y en recordar que de los peces gordos ya sólo queda Mladic.

En cualquier caso, en nuestra opinión, el hecho de que las decisiones judiciales que hemos comentado tengan innegables vinculaciones y repercusiones políticas, no invalidan la validez de un proceso de fortalecimiento de mecanismos de mayor justicia para la humanidad. Eso es lo importante y debemos ser conscientes de que conseguirlo plenamente no será tarea fácil.