¿Quién teme a la Justicia internacional?
(Para El Correo)
Omar al Bashir, presidente de Sudán desde hace 20 años, es el primer jefe de Estado en funciones procesado -a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU)- por la Corte Penal Internacional (CPI). Los cargos que se le imputan son, entre otros, los de crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur, donde desde 2003 han muerto unas 300.000 personas y 2,7 millones han perdido sus hogares. La CPI posee pruebas suficientes del control de Al Bashir sobre las milicias árabes ‘janjawid’, principales ejecutoras, además del Ejército sudanés y de varios grupos rebeldes, de las atrocidades cometidas en Darfur.
La orden de arresto internacional contra Al Bashir es, a todas luces, un hito en materia de lucha contra la impunidad pero, al mismo tiempo, cabe verla como el detonante de una gran polémica internacional que se ha ido gestando en los últimos meses, y en la que diversos actores tienen percepciones muy dispares. Si bien la única teoría válida, como señala Human Rights Watch, es que ante estos crímenes la justicia no es negociable, en la práctica, sin embargo -y desde el origen mismo de una justicia universal asociada permanentemente al factor geopolítico-, las cosas son más complicadas.
Sobre todo si el ‘frasco de las esencias’ se abre en un país como Sudán, con el conflicto de Darfur en curso; varios frentes regionales abiertos por el régimen represor de Jartún; un Acuerdo de Paz Global entre éste y el Gobierno de la zona Sur (donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos petrolíferos), que hace aguas por todos los lados; y un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Chad. Los temores de que dicha orden de arresto provoquen más inestabilidad, violencia y sufrimiento para la población sudanesa están, por tanto, justificados. Prueba de ello es que una de las primeras reacciones de Al Bashir ha sido la expulsión del país de una decena de organizaciones de ayuda humanitaria con proyectos en Darfur.
Este argumento es el que esgrimen, o aprovechan, países como Rusia y China (que no han ratificado los estatutos de la CPI), los miembros de la Liga Árabe (tampoco, salvo Jordania) y los de la Unión Africana (sólo una treintena lo han hecho), para criticar la orden, cerrar filas con el presidente sudanés o, como China (valedor del régimen de Jartún y con grandes intereses petrolíferos en el país), abogar por que el CSNU suspenda durante un año la orden de arresto. Frente a ellos, una serie de países, liderados por EE UU, Francia y el Reino Unido, son firmes partidarios de que se haga justicia y, al menos por el momento, piden que se mantenga la orden de arresto. No deja de ser chocante esa postura de Washington -dada su inclinación a enfocar estas cuestiones de manera muy selectiva y su rechazo a la existencia de la CPI-, y sólo cabe desear que el nuevo Gobierno sea mucho más coherente a partir de ahora.
En todo caso, que el escenario sea muy complicado, y, para algunos, interesadamente confuso no debería impedir, en primer lugar, la claridad de ideas y, en segundo, una estrategia internacional que permita inclinar la balanza hacia nuevas dinámicas de paz. La Justicia penal internacional aplicada en contextos de conflicto siempre será un arma potencialmente de doble filo, susceptible de provocar daños y beneficios. En este sentido, procesamientos como el de El Bashir (o el de Joseph Kony, líder ugandés del Ejército de Resistencia del Señor) implican nuevos retos y, por tanto, nuevas estrategias multilaterales de resolución de conflictos. Eso sí, con las víctimas y sus derechos en primer plano, junto a la prioridad absoluta de hacer justicia. O, lo que es lo mismo, que el destino de El Bashir sea, en dos meses o en dos años, sentarse delante de los jueces, tal y como señalaba el fiscal Ocampo.
También parece cada vez más apremiante decir alto y claro que la Justicia penal internacional y la CPI juegan un papel cada vez más vital en el mundo en que vivimos, y que hay que reforzar sus medios y capacidades. Desmontando, de paso, los argumentos de una corriente cada vez más crítica con dicho tribunal por parte, entre otros, de numerosos dirigente africanos y, a raíz del caso El-Bashir, de buena parte del mundo árabe.
Las acusaciones de parcialidad y neocolonialismo -por el hecho de que todos los procesamientos hasta la fecha hayan recaído sobre territorio africano- no tienen ningún crédito, cuando de forma fundamentada se persiguen las violaciones masivas de derechos humanos, por mucho que dicho órgano haya sido propulsado y diseñado en buena parte desde Occidente; que determinadas potencias occidentales puedan prevalerse de su actuación (cuestión distinta es exigir que éstas rindan cuentas); que existan otros dirigentes en otras latitudes con ‘méritos’ suficientes para ser inculpados, o incluso dentro del mismo país (como en el caso de Bemba, en Republica Democrática del Congo). Lo que no es óbice para exigir que la CPI tenga miras más amplias. De no hacerlo así -como en el caso de Israel y los últimos ataques en Gaza-, su credibilidad se verá seriamente minada.
Por otra parte, el procesamiento de El Bashir supone una nueva prueba de fuego para los líderes de la Unión Africana (UA), algunos de los cuales se sienten directamente amenazados por el caso en cuestión. Su alineamiento con el dirigente sudanés supone la negación de los principios fundacionales de la UA en materia de paz y seguridad, y un nuevo desvío (como en el caso de la crisis en Zimbabue) del camino emprendido tras su creación. En este sentido, figuras emblemáticas como el presidente senegales Abdoulaye Wade deberían dar más ejemplo, juzgando a Hissène Habré (el ex dictador de Chad), como le pidió en su día la UA, en lugar de criticar a la CPI y sugerir que si hubiese sabido que iba a ser tan parcial no habría ratificado su estatuto.
Si algo debería quedar claro de todo lo anterior, es la importancia de exigir más consideración con las víctimas, más Justicia penal internacional (también desde España), más inteligencia y firmeza política internacional, y menos rasgarse las vestiduras. Igualmente, el procesamiento de Bashir debería marcar el paso para posteriores actuaciones de la CPI contra otros dirigentes.