Haiti, tres años después…. Todavía a la espera de la recuperación
El devastador seísmo que sacudió Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010 dejó un balance de 220.000 víctimas mortales y llenó de caos la capital del país más pobre del hemisferio occidental. Haití sigue la lucha por salir de los escombros, en medio de brotes de cólera y de un proceso de reconstrucción y desarrollo que tardará años en alcanzarse, según informan las agencias humanitarias.
La tragedia, que fue presentada en ocasiones como una oportunidad «para reconstruir un Haití mejor» (building back better), actuó como un espejo de la pobreza ya existente antes del seísmo en un país marcado por el clientelismo, sin un sistema educativo real, sin acceso a la sanidad para la mayoría y en el que las personas más pobres ya vivían con menos de uno o dos dólares al día. Un país, en defi¬nitiva, que ya dependía de la ayuda internacional.
La movilización mundial para socorrer a las víctimas de la catástrofe del 12 de enero de 2010 fue rápida y excepcio¬nal. Donantes individuales, así como estados de todo tipo apoyaron el despliegue de un número sin precedentes de equipos internacionales de emergencia para ayudar a los supervivientes. Los primeros días de la respuesta de emergencia fueron caóticos pero luego las cosas comenzaron a marchar mejor y los sistemas de coordinación consiguieron poner un cierto orden. Tanto en Puerto Príncipe como en las zonas rurales del país se han desarrollado, y siguen llevándose a cabo hoy en día, programas de asistencia esenciales que a falta de otra alternativa compensan la ausencia de un Estado fuerte y organizado, mientras se espera una hipotética puesta en marcha de los programas de reconstrucción prometidos.
La ayuda humanitaria española, como hemos analizado en estas páginas en muchas ocasiones, fue también muy relevante y situó a nuestro país como tercer donante en el país. Las perspectivas en los momentos actuales son, sin embargo, poco halagüeñas y van a afectar a la continuidad de muchas de las acciones emprendidas.
La cuestión es que en Haití las soluciones temporales tomadas para hacer frente a la urgencia de la situación y a las nuevas emergencias que se suceden, desgraciadamente se convierten en durade¬ras… e incluso en permanentes. Ahí reside el dilema: realmente la reconstrucción de su país no es competencia de las ONG. Sin un plan internacio¬nal digno de este nombre, nada será posible. Pero la atención de algunos donantes estatales ya se está desviando de Haití, en un momento en el que la dependencia de la ayuda humanitaria se ha incre¬mentado aún más después del terremoto. El gobierno de Canadá acaba de anunciar la retirada de fondos para Haití lo que supone una grave decisión ya que Canadá ha sido durante muchos años el segundo donante en importancia en Haití. El propio papel durante estos años de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití que co-presidió Bill Clinton es seriamente cuestionado.
De esta manera, tres años después del devastador terremoto, la llamada en ocasiones «República de las ONG» se ha convertido, según The Economist, en el país del desempleo, por lo que el gobierno de Michel Martelly ha facilitado a los extranjeros la adquisición de propiedades, estableciendo como objetivo que Haití ascienda y se coloque entre los 50 primeros países de la clasificación del Banco Mundial por sus facilidades para hacer negocios (ahora está en el puesto 174 de 185).
Sin embargo, el desarrollo esperado tras el terremoto del 12 de enero que arrasó la capital, Puerto Príncipe, y que provocó la muerte de decenas de miles de personas, no se ha dado todavía: en los 12 meses transcurridos hasta finales de septiembre, la economía tan solo creció en un 2,5%. Fue el segundo año de esperanzas desvanecidas: el FMI había pronosticado un crecimiento del 8% tanto en 2011 como en 2012; es decir, Haití sigue a la espera de la recuperación total y, principalmente, de la reconstrucción y rehabilitación prometida por esa multitud de donantes y actores internacionales que acudieron rápidamente ante la llamada de emergencia cuando el terremoto acaeció.
Además, una vez pasada la emergencia, se sucedieron en el año 2012 una serie de tormentas tropicales, como lo fueron Isaac o Sandy que provocaron daños «colosales» a los granjeros de Haití, encareciendo el coste de la vida, (especialmente en alimentación y vivienda) que aumentó de forma drástica. La mayoría de los programas de ayuda de los donantes de dinero efectivo por trabajo (cash for work), implantados tras el terremoto, han llegado a su fin. Muchas de las ONG que atestaron el país y amenazaron con eclipsar el gobierno se han marchado. «Hemos pasado de ser la República de las ONG a ser la República del Desempleo», anuncia Frantz Duval, el editor del principal periódico del país, Le Nouvelliste. Aproximadamente tres cuartos de la haitianos son desempleados o intentan llegar a fin de mes en la economía sumergida. De esta manera, sin agricultura y sin redes locales en las que ampararse, muchos haitianos quedan nuevamente desprotegidos.
El presidente Martelly obtuvo un 67,5% de los votos en una elección en la que participó menos de un cuarto del electorado. Sigue siendo popular, pero sus detractores reclaman que su política equivale a poner Haití a la venta. Argumentan que 15 años de vacaciones fiscales para los inversores extranjeros obstaculizarán los esfuerzos del gobierno por reducir su dependencia de la decreciente ayuda extranjera. Por ahora, lo cierto es que pese a las ventajas fiscales, así como a la promesa de importación y de exportación de productos acabados libres de impuestos y de la mano de obra barata, pocos inversores extranjeros se han instalado.
Sobre esto, algunos observadores piensan que el temor a la inestabilidad social y a la falta de claridad en cuanto a los derechos sobre la tenencia de tierra disuaden a los inversores potenciales. Ninguna empresa quiere realizar inversiones en un suelo cuya pertenencia es desconocida y, por tanto, el entorno empresarial de Haití es más bien imperfecto, de cara a lograr el objetivo de Michel Martelly de colocar a Haití entre los 50 primeros países en su facilidad para hacer negocios. El semanario The Economist analizaba de modo preocupante todos estos datos en un reciente artículo.
El problema es que al mismo tiempo Haití necesita inversión para generar una estabilidad social y un crecimiento económico, así como también necesita de estabilidad social y mejores infraestructuras para atraer la inversión. Se perciben algunas señales de progreso, ya que la mayoría de los escombros del terremoto finalmente han sido retirados de las calles de la capital y se han vaciado algunos de los campos de desplazados.
Y, sin embargo, más de 350.000 haitianos viven todavía en tiendas en campamentos dispersos; muchos de los que se fueron han vuelto a sus viviendas precarias de las chabolas de las laderas y barrios costeros. Un brote de cólera que ha acabado con más de 7.500 personas desde octubre de 2010 sigue amenazando, con casos que repuntan tras cada tormenta tropical. La responsabilidad de a MINUSTAH (Operación de Paz de la ONU en el país) en el brote está, según los epidemiólogos, fuera de dudas.
Algunas cosas aumentan la preocupación en la comunidad humanitaria. . El sistema de «clusters» (grupos sectoriales) humanitarios de la ONU, previsto para coordinar la respuesta a la crisis, terminó con el año 2012. La ONU ha lanzado un nuevo llamamiento humanitario de 144 millones de dólares para hacer frente al cólera, a la falta de vivienda y a la escasez de alimentos, pero un llamamiento similar de 151 millones de dólares en 2012 no recaudó gran parte de los fondos necesarios. El cierre de los «cluster», que hasta el momento ha resultado el mejor sistema de coordinación entre los actores implicados, supone la vuelta de nuevo al riesgo de duplicidades, caos y descoordinación en la acción humanitaria.
No obstante, no se puede obviar que ni siquiera este sistema ha logrado erradicar completamente los obstáculos, algo palpable en el brote de cólera que sigue afectando a muchos haitianos, a pesar de los esfuerzos del cluster «agua, saneamiento e higiene» que había logrado mitigarlo, pero que ahora, con la entrada del nuevo año y el fin de este sistema de «clusters», quedará sin erradicar completamente.
Se prometieron miles de millones de dólares de ayuda a Haiti tras el terremoto, entre mucha palabrería sobre «reconstruir mejor» y trabajar con y—no al margen—el gobierno con el fin de no perpetuar la «República de las ONG», pero la realidad es que, según los informes del Centro para el Desarrollo Global, un comité asesor de Washington y el enviado especial de la ONU en Haiti, muchas de las ayudas prometidas no se han cumplido. Y, en la práctica, la mayor parte del dinero que se desembolsó fue a parar en manos de un puñado de organismos internacionales, que lo gastaron principalmente en el alivio temporal (tiendas, refugios, cisternas de agua, etc.) y en los salarios del personal expatriado. Grandes planes para reconstruir Haití que se quedaron en casi nada, en parte, porque carecían de aporte local: los extranjeros finalmente han llegado a la misma conclusión que muchos haitianos, es decir, que lo más urgente es el acceso a la vivienda de manera rápida y barata.
Como en gran parte de la historia del país, en los tres últimos años Haití ha experimentado muchas y arduas dificultades, incluida la continua situación de inseguridad, que provoca considerables pérdidas de vidas civiles, el entorno político sumamente inestable y polarizado y la continua privación de derechos económicos, sociales y culturales fundamentales que experimenta la población haitiana.
En dicho marco, se puede afirmar que la reconstrucción y el desarrollo de Haití exigen un esfuerzo a largo plazo y actuaciones en todo el territorio y no sólo en las zonas directamente afectadas por el terremoto, ya que los niveles de pobreza que sufre el país exigen análisis detallados de sus causas, así como investigaciones acerca de las desigualdades: los problemas de la soberanía alimentaria, el fomento de la gobernabilidad, la educación y la salud deben estar en el centro de las actuaciones de desarrollo y de las políticas públicas de desarrollo que se implementen en adelante.