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España debe poner los derechos humanos por delante de la política en sus relaciones con Colombia

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Colombia ha vivido durante los últimos 50 años un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas del gobierno. Este conflicto se ha cebado particularmente en la población civil, y el listado de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometido por todos estos actores es interminable. Todo ello se ha visto agravado por la impunidad con la que desde el Estado se han afrontado estas acciones, creando una grave crisis de Estado de Derecho y derechos humanos en el país.

Las cifras del conflicto son alarmantes:

– 70.000 muertos en los últimos 20 años.
– 7 personas mueren o desaparecen al día fuera de combate (atribuido tanto al Ejercito y paramilitares como a la guerrilla).
– Más de 3 millones y medio de desplazados, un promedio de 1500 personas desplazadas al día, según ACNUR, el segundo país con más desplazados del mundo, después de Sudán.

Además, los indicadores de abusos de DDHH muestran un empeoramiento, y aunque ha bajado el número de secuestros y rehenes han aumentado los desplazamientos internos, los homicidios de civiles y sindicalistas, las ejecuciones extrajudiciales y los hostigamientos a defensores de DDHH.

Las cifras sobre el conflicto en 2007 vs 08 (Informe de AI de mayo 2009) indican un recrudecimiento de la situación:

– Aumento de un 24% de los desplazamientos
– Ligero incremento de ejecuciones extrajudiciales 296 en 2008 vs. 287 en 2007.
– Homicidios por parte de grupos paramilitares 461 en 08 vs. 233 en 07
– La acción de la guerrilla ha disminuido 214/166  pero se han mantenido las minas terrestres causando muertes de civiles y muchos heridos graves.

La violencia sexual, que afecta en particular a las mujeres y niñas y que es considerada como crimen contra la humanidad, es una de las violaciones más graves de derechos humanos que permanece invisible tanto dentro como fuera de Colombia. Durante años, los actores armados -tanto ejército, como paramilitares o guerrilla- han usado la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra. La invisibilidad y la impunidad de estos crímenes imposibilitan que exista una protección efectiva de las mujeres, y perpetúan este tipo de crímenes.

Este fenómeno es aún más grave en las mujeres desplazadas, pues el desplazamiento incrementa la vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencia sexual. De hecho, se afirma que 2 de cada 10 mujeres desplazadas sufren algún tipo de violencia sexual.

El presidente Álvaro Uribe disfruta de altos niveles de popularidad; las medidas militares más fuertes han debilitado a la guerrilla y a la delincuencia y eso ha generado una imagen de mayor seguridad, unido a un discurso de apertura del Gobierno colombiano hacia el exterior sobre asuntos de DDHH. Esto ha provocado un efecto de cierta benevolencia por parte de la comunidad internacional hacia prácticas graves de violaciones de DDHH en Colombia.

En cuanto a la impunidad vigente en el país se ha visto claramente la importancia de la presión internacional. Ha habido avances al respecto en dos sentidos; investigaciones judiciales sobre violación de DDHH y en cuestiones de reparación, aunque sigue sin darse sentencias  y sin  solucionarse la devolución de tierras robadas en el marco del conflicto. En cuestiones de violencia sexual también se han producido avances legislativos gracias a la presión de las organizaciones de mujeres, pero estos avances nunca se han concretado en sentencias que permitan garantizar la verdad, justicia y reparación para las víctimas

España es consciente de la gravedad de la situación de DDHH en Colombia. Sin embargo, la estrategia del gobierno español va en la dirección de acompañamiento al gobierno colombiano en las medidas originadas por las instituciones del país.  España no quiere poner en peligro sus relaciones políticas y económicas manifestando públicamente su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia.

El gobierno español  percibe que el gobierno colombiano se muestra receptivo a las propuestas que se le hacen en materia de DDHH. El Ejecutivo considera que a partir del Examen Periódico Universal de 2008 en el que Colombia fue revisada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo a nivel normativo. En este EPU, España por primera vez, hizo recomendaciones al gobierno colombiano en temas claves de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, impunidad, defensores y niños soldados. Es llamativo que pese al compromiso español con cuestiones de género, España no menciona la violencia sexual en sus recomendaciones en el EPU.

Además, España inauguró el pasado mes de febrero el diálogo bilateral sobre derechos humanos con Colombia y en este diálogo han sido puntos centrales la violencia sexual y los niños soldados. Estos temas también estarán presentes en el diálogo bilateral EU-Colombia bajo Presidencia española de la UE.

El diálogo bilateral España-Colombia ha establecido 4 pilares básicos:

1) Acompañamiento/asesoramiento en desarrollos legales/jurídicos en DDHH.
2) Coordinación de posturas en actuaciones en esferas internacionales multilaterales.
3) Posibilidad de proyectos conjuntos de Cooperación en DDHH (relacionados con la creación de una cultura de DDHH, sensibilizar a la población colombiana, también con la AECID).
4) Realización de actividades académicas conjuntas que fomenten la actuación del Gobierno en DDHH.

La cooperación española juega un papel clave en la mejora de derechos humanos en Colombia. Pero hay programas que deberían revisarse centrándose en apoyar a la sociedad civil que trabaja en la defensa de los derechos humanos. La cooperación española tampoco puede enfocarse en sustituir al gobierno colombiano pagando programas públicos, como subsidios a desplazados, ya que esto debe formar parte de las políticas públicas de Colombia.

Aunque el Gobierno español ha dado pasos positivos para contribuir a la mejora de derechos humanos en Colombia, todavía no existe un compromiso claro por parte del Ejecutivo que ponga en evidencia que los derechos humanos tienen un lugar clave en las relaciones entre ambos países.

El gobierno español debe poner la mejora de los derechos humanos en el centro de sus relaciones con Colombia. Para ello debe hacer declaraciones públicas alertando sobre la situación de desprotección de las víctimas de violaciones de DDHH en este país y condenando la impunidad para los perpetradores, especialmente en cuestiones de desplazados, violencia sexual y defensores. Además, la cooperación española con Colombia debe priorizar programas que favorezcan a las víctimas de violaciones de DDHH y que protejan a los defensores de DDHH. 

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