El terremoto en Colombia, de la buena voluntad a una respuesta adecuada
Gloria Miranda
Punto focal para latinoamérica y el caribe
El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, se registró un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento fue sentido en gran parte del país y, según el Servicio Geológico Colombiano, es el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI.
El terremoto ocurrió apenas tres días después de la posesión de un nuevo gobierno, en medio de una transición marcada por tensiones y por la interrupción del traspaso de funciones entre dos administraciones de orientaciones políticas opuestas. En este contexto, la búsqueda de una respuesta innovadora puede confundirse con comenzar de nuevo y llevar a que se pasen por alto las bases normativas e institucionales existentes y el conocimiento acumulado en preparación y respuesta.
La respuesta en Colombia no parte de cero. Además de una institucionalidad establecida, el país cuenta con una arquitectura humanitaria fortalecida a lo largo de los años, en la que el Equipo Humanitario de País, apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), coordina la acción humanitaria con las organizaciones de cooperación internacional y se articula con las instituciones gubernamentales.
A esta arquitectura se suma la experiencia acumulada en Colombia durante décadas, por entidades especializadas, organizaciones humanitarias con presencia territorial, estructuras comunitarias y profesionales que forma parte de un aprendizaje colectivo construido también a partir de respuestas a crisis en otros lugares del mundo.
Reconocer los límites de algunas de esas respuestas llevó al sector humanitario a revisar sus prácticas y a recoger parte de los aprendizajes acumulados en normas y compromisos compartidos para orientar una respuesta humanitaria de calidad y con rendición de cuentas. De este proceso surgieron, entre otras, las siguientes iniciativas: el Proyecto Esfera y su Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria; las Normas Mínimas para la Educación de la INEE: Preparación, Respuesta, Recuperación; y la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (CHS). Desde hace años, instituciones colombianas y organizaciones humanitarias presentes en el país utilizan estos referentes.
La experiencia humanitaria ha mostrado que la urgencia de una respuesta inicial no exime de conocer el contexto ni de escuchar a las personas afectadas. Cuando no se toma el tiempo necesario para identificar con rigor las necesidades humanitarias, se corre el riesgo de que las decisiones se basen en las suposiciones de quienes ofrecen la ayuda y no en las necesidades y prioridades de quienes viven la emergencia.
En Colombia, el terremoto afectó territorios con trayectorias de desarrollo y condiciones muy distintas para afrontar la emergencia. Mientras algunas zonas cuentan con conectividad, infraestructura, servicios y capacidad institucional, otras enfrentan desigualdades históricas, barreras de acceso y los efectos persistentes del conflicto armado. Estas diferencias inciden en el apoyo que las comunidades requieren y en sus posibilidades de acceder a él.
Esta diversidad se expresa con particular claridad en los territorios chocoanos, donde los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos individuales y colectivos. Los pueblos indígenas cuentan con autoridades y formas propias de gobierno. En los territorios colectivos de las comunidades negras, los consejos comunitarios son reconocidos como la máxima autoridad de administración interna. Si bien la pertenencia étnica no constituye, por sí misma, una situación de vulnerabilidad, las desigualdades históricas, el racismo y la discriminación, las barreras de acceso, los efectos del conflicto armado o una respuesta que desconozca estas particularidades pueden generar o agravar situaciones de vulnerabilidad.
Aplicar los mismos criterios a realidades diferentes puede llevar a distribuir los recursos de manera inadecuada o a definir modalidades de asistencia que desconozcan las prioridades locales. Así, la respuesta puede terminar reproduciendo las desigualdades preexistentes o causando daño. Una solución adecuada en una zona urbana y conectada, por ejemplo, puede resultar insuficiente o inviable en una comunidad rural dispersa o en un territorio colectivo.
El conflicto armado añade otra dimensión a estas diferencias. Antes del terremoto, el confinamiento, el desplazamiento forzado, las restricciones de acceso y el control ejercido por actores armados ya limitaban la movilidad y el acceso a servicios esenciales en varios de los territorios afectados, especialmente en Chocó. Estas condiciones también atraviesan la respuesta: pueden determinar quién recibe asistencia, cómo se distribuye y en qué condiciones participan las comunidades. Ignorarlas puede exponer a las personas afectadas a nuevos riesgos y profundizar formas de exclusión existentes.
Estos riesgos deben considerarse tanto en la movilización de recursos públicos como privados. En la respuesta actual, el Gobierno ha asignado a la campaña «Colombia, un solo corazón», liderada por la primera dama, la articulación de las donaciones del sector privado y de distintas iniciativas sociales. Aunque esta movilización amplía los recursos y las capacidades logísticas disponibles, para que contribuya a una respuesta adecuada, las necesidades deben identificarse y las prioridades definirse con las personas afectadas y con información basada en evidencia. La gestión de las donaciones debe articularse con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estar sujeta a mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas.
La visibilidad y la capacidad de convocatoria de una iniciativa pueden contribuir a movilizar la solidaridad, pero no sustituyen la conducción técnica e institucional de la respuesta. La ayuda humanitaria no es beneficencia: parte del reconocimiento de las personas afectadas como titulares de derechos y de la responsabilidad pública de responder. El conocimiento acumulado por la acción humanitaria, al que Colombia ha contribuido, muestra que una respuesta adecuada se construye con base en los contextos y en las capacidades existentes. Poner las donaciones al servicio de ese conocimiento significa llevarlo a la práctica reconociendo las diferencias entre las personas y los territorios, para que la solidaridad complemente la respuesta del Estado sin reproducir desigualdades ni causar daño.
