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El pueblo mapuche no encuentra su lugar

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Las movilizaciones, organizaciones y reivindicaciones mapuches -el pueblo indígena mayoritario de Chile, con más de un millón de integrantes- ha tenido históricamente dos grandes dimensiones: la campesina y la étnica. La hipótesis de algunos autores es que en los últimos años ha emergido una tercera dimensión, que incorpora las dos anteriores y les da un sentido nuevo y diferente: una demanda por el reconocimiento como pueblo-nación, que vienen a denominar como la dimensión etnonacional. En palabras de uno de los dirigentes del pueblo mapuche Víctor Naguil: «nos encontramos no sólo ante un conflicto por tierra o territorio, sino ante un conflicto étnico-nacional, por lo tanto integral, que enfrenta a la Nación Mapuche con el Estado chileno».

Desde la recuperación de la democracia, el Estado chileno puso en práctica una política de reconocimiento étnico que ha permitido satisfacer parcialmente las demandas de tipo campesina y étnica, mientras la demanda etnonacional no ha encontrado eco en ningún sector político o social significativo de la sociedad chilena. Por el contrario, desde la emergencia o reconstitución de un movimiento indígena autónomo del Estado y con fuerte capacidad de movilización, ha ido desarrollándose un conflicto que ha tendido a polarizarse en dos frentes. Por un lado, el movimiento etnonacional mapuche, que cuestiona de manera radical la política estatal y pugna por una autonomía político-territorial. Por otro, los sectores conservadores, donde se incluyen tanto la derecha política como el sector empresarial y los medios de comunicación que los representan, para los cuales la política seguida desde 1990 a 1993 ha significado un estímulo para la radicalización del movimiento mapuche y conlleva una seria amenaza al orden político e institucional vigente. En consecuencia, la relación con el Estado chileno se entiende como un conflicto abierto, permanente y global.

El 12 de julio de 2010 un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos inició una huelga de hambre líquida. Los huelguistas habían sido procesados por delitos como amenazas, incendios, asociación ilícita o invasión de terrenos, bajo una ley antiterrorista impuesta en 1984 por la dictadura del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada tras el retorno a la democracia, y mediante la cual, se endurecen las penas y se limitan los derechos de los acusados.

En septiembre de 2010 el presidente chileno, Sebastián Piñera, envía al parlamento un proyecto de ley con la intención de reformar la justicia militar. Con dicha iniciativa  se pretenderá impedir que tribunales militares juzguen a civiles, una de las principales demandas de los huelguistas y una incumplida obligación del Estado chileno, según una sentencia en 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Días más tarde el presidente Piñera enviará el segundo proyecto de ley al parlamento con el fin de eliminar el carácter de terrorista de algunos delitos de los que estaban acusados los huelguistas, adecuando su tratamiento y reduciendo los castigos. Esta cuestionada legislación permite investigaciones judiciales secretas, el no uso de los testigos protegidos, largos periodos de prisión preventiva y altísimas penas para los condenados.

A día de hoy, ante la ausencia de la puesta en marcha de las iniciativas llevadas a cabo por Piñera al parlamento chileno, la población indígena ha tomado la determinación de seguir adelante con sus reivindicaciones de tal modo que, el 6 de enero de 2011 la justicia militar recibió una denuncia por violencia policial innecesaria presentada por integrantes del pueblo indígena Rapa Nui, que entre septiembre y diciembre de 2010 fueron violentamente desalojados por efectivos de carabineros de terrenos que reivindican como propios en la Isla de Pascua. Justamente por este motivo, 29 clanes rapanui solicitaron el 9 de septiembre del pasado año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que adopte medidas cautelares en su favor. El gobierno chileno por su parte,  tiene de plazo hasta comienzos de febrero para responder a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese organismo, en relación a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra comuneros mapuches condenados por la ley antiterrorista en 2003.

Para los mapuches, como todos los demás pueblos indígenas que habitan Chile, el desarrollo de la ciudadanía está íntimamente ligado al desarrollo y respeto de su cultura y formas de organización social, política y económica. Mientras no se plantee la necesidad de un amplio debate para redefinir el carácter de la pertenencia «nacional» de los grupos indígenas, poco podrá avanzarse en la solución de los conflictos étnicos que han marcado la relación de la sociedad chilena con los mapuches en los últimos años.

La idea de recuperación de la nación mapuche y su territorio, independientemente de su viabilidad política, indica una clara separación entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche, con las consecuencias que eso conlleva. No sólo se trata de autonomía, tal como señala el historiador chileno José Bengoa, sino de independencia territorial y nacional.

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