El arresto de Al-Bashir, ¿realidad o ficción?
Una se alegra al saber que la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto contra un genocida, sin que le disuada el hecho de que sea un presidente aún en funciones. Será que algo hemos aprendido y estamos empezando a ser conscientes de que no hay sólo que juzgar e intentar condenar los hechos de quienes ya han cesado en sus funciones -véase Pinochet- o, en ocasiones, de los que ya han pasado a mejor vida. Una se alegra sí, pero la alegría dura poco, al comprobar la escasa utilidad de la orden dictada contra Omar Al-Bashir, jefe del Estado sudanés.
En marzo de 2005, el Consejo de Naciones Unidas había remitido ya el caso del gobierno de Sudán -en relación a su actuación en Darfur- a la CPI, y había solicitado a dicho gobierno que cooperase con ésta en la investigación de las violaciones de derechos humanos de las que se le acusaba. Sudán rechazó desde el inicio la demanda y cualquier conversación sobre el asunto. Tres años después -el 14 de julio de 2008- el fiscal de la Corte solicitó formalmente la orden de detención internacional contra Al Bashir, lo que ha desembocado el pasado 4 de marzo en la emisión de dicha orden.
Omar Al-Bashir ha sido acusado de supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, región donde más de 300.000 personas han muerto en los últimos seis años y otros 2,7 millones son desplazados forzosos. Sin embargo, a día de hoy, no sólo sigue libre y dirigiendo el país, sino que además de no reconocer la orden de arresto que pesa contra él, ha tomado la aberrante decisión de expulsar de su país a 13 organizaciones humanitarias internacionales que asisten a los afectados por el conflicto de Darfur. Al-Bashir entiende que la CPI basa su decisión en las “informaciones falsas” que le han facilitado las organizaciones humanitarias extranjeras que trabajan en los campamentos de la región, y así es como pretende justificar su decisión de expulsarlas del país tan sólo un día después de que se emitiera la orden de arresto contra él. Al mismo tiempo, afirma que «los verdaderos criminales son los líderes de Estados Unidos y Europa» y, por último, muestra retadoramente su confianza en que la orden es papel mojado asistiendo a la reunión de la Liga Árabe en Qatar (donde ha coincidido con el propio Secretario General de las Naciones Unidas).
El presidente sudanés ni se preocupa en defenderse o tan siquiera escandalizarse por los crímenes de los que se le acusa y por los que se le pretende condenar- cabe recordar que Sudán no es signatario del Estatuto de Roma-, sino que prefiere concentrarse en su discurso de denuncia contra Occidente, al que acusa de quiere seguir controlando África, utilizando para ello a las organizaciones humanitarias. Su estrategia es netamente agresiva. Por una parte, desestima, desoye e intenta- y consigue con algunos países y organizaciones (como la propia Liga Árabe, que acaba de condenar la orden de la CPI)- desacreditar a la comunidad internacional. Por otra, carga contra las organizaciones humanitarias que asisten a los desplazados y afectados por el conflicto de Darfur, aunque eso suponga que más de dos millones de personas se vean privadas de asistencia humanitaria.
Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, declaraba a la BBC que bloqueando la ayuda humanitaria el gobierno sudanés está “exterminando” a la población de los campamentos. Aitor Zabalgogeazcoa- director de Médicos Sin Fronteras en España-, insiste en que sólo con la expulsión de su organización se quedarán sin asistencia médica más de 400.000 personas en los emplazamientos de Darfur.
La ONU ha pedido a Sudán que revise su decisión de suspender las actividades de las ONG, pero según Al-Bashir su decisión no responde a una “pataleta” ante la orden de arresto, sino al simple hecho de que Sudán no las necesita para atender a los millones de damnificados por el conflicto. El mandatario sudanés considera que las organizaciones locales podrán asumir, sin problema alguno, las tareas que realizaban las organizaciones expulsadas gestionando los fondos que destinará el ejecutivo para el efecto. Es, a todas luces, una declaración que no se sostiene en cuanto se analiza el nefasto balance de los veinte años de manifiesta despreocupación gubernamental con Darfur y el resto del país.
La Unión Africana, por boca de su recién estrenado presidente Muammar Al-Gadafi, ha optado por respaldar a Al-Bashir, negándose a reconocer la decisión de la CPI, y calificándola de «injustificada y contraria a todas las reglas del derecho internacional». Para Gadafi, la CPI realiza acciones selectivas, y la decisión de arrestar al vigente presidente de Sudán constituye “un grave precedente” contra la independencia y la soberanía de los países pequeños. Por si a alguien le quedaba alguna duda, el líder libio ha dejado muy claro que lo que cada cual haga dentro de su país es asunto suyo, desde las reformas económicas hasta los crímenes contra la humanidad, y ningún organismo supranacional debe inmiscuirse allí donde nadie le ha requerido.
Al-Bashir puede optar por “quedarse en casa” para siempre, contando con que de ese modo logrará escapar indefinidamente a la justicia internacional. La no injerencia en asuntos internos sigue siendo una regla de juego básica de la comunidad internacional, y tras ella se amparan quienes desprecian valores y principios de pretendida validez universal. Para unos la botella está medio vacía y para otros medio llena. Si no se logran avances más ambiciosos, promovidos por la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger y por los fundamentos de la seguridad humana, Al-Bashir es capaz de morir libre, además de rico.
