Gaza: el continuo empeoramiento de una catástrofe organizada
Israel está dando los primeros pasos de su plan para ocupar la totalidad de Gaza después de que su Gobierno diera luz verde al plan de Benjamin Netanyahu para tomar el control de la Franja. Este paso supone una escalada más en la situación de catástrofe que vive la población civil en Gaza.
En 20 meses, más de 60.000 personas han perdido la vida —incluidos más de 17.000 menores— en un contexto de hostilidades prolongadas, bloqueo y destrucción generalizada de infraestructuras esenciales.
Las restricciones a la entrada de alimentos, agua, electricidad y suministros médicos, así como los ataques contra personal humanitario han sido continuos y vulneran de forma grave el derecho internacional humanitario (DIH).
A la luz de los últimos desarrollos, cabe resaltar algunas tendencias preocupantes dentro de la situación trágica que conoce Gaza:
- Los ataques contra personal humanitario no han cesado desde el inicio de la guerra, se contabilizan 173 muertes en lo que llevamos de año. A esto se le añaden los ataques a periodistas y personal médico. A pocos días del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, recordamos que el asesinato de personal humanitario, periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de la sociedad civil agrava aún más la crisis y vulnera principios básicos de protección y humanidad.
- Los datos del IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) junto con los testimonios desde Gaza evidencian el empeoramiento continuo de la seguridad alimentaria llegando a niveles muy severos mientras muchos actores han logrado posicionar cantidades substanciales de alimentos en las zonas limítrofes. El continuo bloqueo de Israel en este contexto deja sospechas de uso del hambre como arma de guerra. Los actos de Israel han sido denunciados como genocidio por los gobiernos de al menos 32, la comisión especial de la ONU para investigar prácticas israelíes que afectan los derechos del pueblo palestino (UNSCIIP) y por ONG como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, y B’Tselem, entre otras.
- El lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza constituye un gesto político más orientado a la difusión de una narrativa positiva («algo se hace», «la ayuda llega») para la audiencia internacional que a resolver la emergencia alimentaria en Gaza. Cabe insistir en que la ayuda real, consistente y efectiva está ya posicionada y preparada para su distribución por numerosas agencias cualificadas.
- La creación de la mal llamada Fundación «Humanitaria» de Gaza por actores vinculados a Estados Unidas e Israel y el papel central que se le ha otorgado en la distribución de ayuda vulnera los mínimos principios de imparcialidad, independencia y neutralidad que deben guiar el trabajo humanitario. Su actuación en Gaza no es ayuda sino una operación militarizada y deshumanizante puesta en marcha por contratistas privados con el apoyo de las fuerzas israelíes. Es preocupante la ambigüedad —e incluso la ausencia— de posicionamientos claros por parte de muchos actores humanitarios frente a esta situación, una omisión que debilita la coherencia y credibilidad del sector.
- Por último, no se puede olvidar que existen dos frentes judiciales abiertos contra Israel sobre la situación Gaza. Sudáfrica inició una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por supuesta violación de la Convención contra el Genocidio. En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes de Hamas y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Estos hechos ponen en evidencia el fracaso en la protección de la población civil, las dificultades para el acceso humanitario y la impunidad ante las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) por una respuesta internacional limitada y tardía en estos momentos. Urge garantizar el acceso seguro y sin trabas de la asistencia, proteger a la población civil y a quienes prestan ayuda, y restablecer las condiciones necesarias para salvaguardar la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas afectadas.
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