Crisis política en Bolivia tras la celebración de los últimos referendos
(Desde Guatemala)
Durante la 38ª reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada del 1 al 3 de Junio pasados en Medellín, Colombia, los estados del continente americano manifestaron su grave preocupación por las posturas cada vez más irreconciliables de los actores del conflicto político en Bolivia. Por un lado se encuentra el Gobierno central de Evo Morales, que quiere mantener el control de todas las regiones del país y, por el otro lado, están los prefectos de 6 departamentos que aspiran a una mayor autonomía y, por ende, a un mayor poder. Además, Morales sabe que en Latinoamérica las élites dominantes tradicionales recurren al separatismo cuando ven peligrar sus intereses, como ya ha ocurrido anteriormente en otros países desde el mismo momento de la independencia (como pasó por ejemplo en Argentina, al poco de obtener su libertad de España).
Después del referendo celebrado en el departamento de Santa Cruz el 4 de mayo y que terminó con una abrumadora victoria del “sí” a la autonomía, se han celebrado otras 3 consultas similares en los selváticos departamentos de Beni y Pando, el 1 de junio, y en el sureño de Tarija, el 22 del mismo mes, con un resultado igual. Además, los prefectos y las organizaciones civiles de Cochabamba y Chuquisaca también han manifestado su deseo de obtener la autonomía, a pesar de que, en una consulta nacional celebrada en julio del 2006, sus poblaciones dijeron “no” a que en la nueva constitución del país se garantizasen las autonomías departamentales. El Gobierno de Evo Morales considera ilegales estos referendos al no estar contemplados ni en la Constitución vigente, ni en la nueva que está en proceso de aprobación. Claramente, la intención de los dirigentes regionales al llevarlos adelante, es la de derribar el Gobierno de Evo Morales al considerar que sus políticas son contrarias a los intereses de los grandes productores del país (localizados sobre todo en la rica región de Santa Cruz). En respuesta a estas provocaciones, primero el presidente Morales y luego la Asamblea, convocaron a otro referendo, esta vez nacional, para el próximo 10 de agosto. En él los ciudadanos podrán revocar o confirmar el mandato presidencial, el vicepresidencial (Álvaro García Linera) y el de los prefectos de los departamentos. En esta consulta popular se medirían las fuerzas de cada uno de los actores en esta lucha de poder y, en caso de obtener los resultados esperados por él, Evo Morales podría tomar de nuevo la iniciativa política en un país claramente dividido entre las zonas de mayoría indígena y las que no lo son. Sin embargo, durante la reunión del 23 de junio en Tarija de los prefectos de Cochabamba y de las 4 regiones donde se han celebrado los referendos de autodeterminación, éstos decidieron dar marcha atrás respecto a su participación en la consulta revocatoria del 10 de agosto y ahora proponen la celebración de elecciones anticipadas en las que ni ellos ni Evo Morales podrían presentarse. En todo caso, si al final se celebrase el referendo, los resultados en las consultas autonómicas y el hecho de que otros dos departamentos, Chuquisaca (cuya capital Sucre aspira a ser la capital real del país como estipula la Constitución), y Cochabamba, también estén enfrentados al Gobierno, son malos augurios para el presidente, que en todo caso necesitaría superar el 54% de los apoyos recibidos en su última elección para poder seguir al frente del país.
El racismo tradicional en contra de los pueblos indígenas que recorre América Latina en mayor o menor grado según el país, ha llegado esta vez hasta el propio presidente Evo Morales, ya que el pasado 24 de mayo tuvo que suspender un acto en un estadio de la ciudad de Sucre en el que se iban a entregar unas ambulancias donadas por España y en el que se iba a anunciar la construcción de unas viviendas populares. La suspensión fue forzada por el ataque de varios grupos radicales de derechas armados con palos y cinturones, que golpearon y vejaron a una treintena de indígenas quechuas que se dirigían al acto. Este hecho y la situación de “cuasiesclavitud” en la que viven muchas comunidades indígenas en el sureste del país (donde precisamente se encuentran las regiones más secesionistas) ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar una delegación al país.
Precisamente para tratar de enfrentar la situación en la que se encuentra el 62% de población indígena, Evo Morales ha tratado de impulsar desde hace más de un año la redacción de una nueva Constitución en la que los derechos de los pueblos nativos estuvieran ampliamente protegidos. En particular, junto a la autonomía departamental, se reconocen también las autonomías municipal e indígena, hecho este último que suscita la oposición de los departamentos secesionistas que desean mantener el poder de la población no indígena. Otro de los factores clave de la nueva Constitución es el de poner en manos del Estado los recursos naturales del país, tradicionalmente en manos de empresas privadas (especialmente en los casos del petróleo y del gas natural). Con las cuantías obtenidas de estos recursos se podría afrontar el necesario gasto social para mejorar la situación de la mayoría de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza. Sin embargo, nuevamente los departamentos rebeldes son los más opuestos a esta idea, ya que es en ellos donde se encuentran mayoritariamente esos recursos naturales y, por ende, se sienten con derecho a financiar con ellos su autonomía y su enfrentamiento con La Paz.
Otros puntos de la nueva Constitución se refieren a la reelección consecutiva del presidente y a la limitación de la posesión de tierras a 10.000 hectáreas por persona, norma esta última también cuestionada por los grandes terratenientes que apoyan a los prefectos contrarios a Evo Morales.
Después de medio año, la oposición continúa sin reconocer la Constitución aprobada sin su participación en una sesión tumultuosa de la Asamblea Constituyente el pasado mes de diciembre. Esta situación requerirá de una salida pactada ya que dicha oposición, aglutinada en torno al movimiento Poder Democràtico y Social (PODEMOS), arguye que la vigente Constitución y la propia ley que crea la Asamblea Consituyente, estipulan que la nueva Constitución debe ser aprobada por dos tercios de los votos, lo cuál y debido a la mencionada no presencia de la oposición en la votación, no se produjo. Por tanto, y debido a esta situación de paralización, todavía no se ha acordado una fecha definitiva para celebrar el referendo de ratificación de la Constitución (sí ha habido una convocatoria, pero finalmente y debido a la tensa situación política, tuvo que ser suspendida).
La crisis alimentaria y los problemas económicos complican aún más la situación
La crisis alimentaria y energética mundial se ha sumado en los últimos meses a la larga crisis política que afecta al país. Hasta abril de 2008, la inflación alcanzó el 5.5%, a menos de 3 puntos del 8% previsto por el Gobierno para todo el año. Una parte importante de esta subida tiene su origen en el contrabando imparable de alimentos básicos, como la harina, el trigo y la carne, y de combustibles, como la gasolina y el gas licuado del petróleo. Este contrabando, fomentado por el alto valor de dichos productos, también ha llevado a la escasez de los mismos, lo que ha generado protestas en varias ciudades que han comenzado a ser rentabilizadas políticamente por la oposición a Evo Morales. Para contrarrestar esta pérdida de popularidad, el Gobierno ha movilizado tropas del ejército y la policía, creándose comandos conjuntos de ambas fuerzas que actuarán tanto en las ciudades como en las fronteras (especialmente en las de Desaguadero con Perú, Puerto Suárez con Brasil y Yacuiba y Tupiza con Argentina).
El incremento de los problemas económicos hace cada vez más necesaria la reconducción del problema autonómico por parte del Gobierno central mediante negociaciones directas con los departamentos enfrentados con La Paz, ya que los dos actores que han intentado mediar en el conflicto hasta ahora (la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica) han perdido su credibilidad. En el caso de la OEA, por su parcialización a favor de Evo Morales, según la oposición y, en el caso de la Iglesia, por la participación de la máxima autoridad eclesiástica, el cardenal Julio Terrazas, en el referendo de autonomía de Santa Cruz.
