Colombia y Venezuela ante una posible intervención militar

El 14 de noviembre de 2025, el IECAH organizó un diálogo titulado “Venezuela y Colombia ante una posible intervención militar”, en el que participaron diversas personas expertas y académicas de la región para analizar las implicaciones políticas, geopolíticas, humanitarias y de seguridad derivadas del actual contexto. La sesión se desarrolló bajo la Regla de Chatham House, por lo que a continuación se presentan únicamente las reflexiones generales y los elementos de análisis compartidos, sin atribuir opiniones ni mencionar intervenciones individuales.
Desde el pasado mes de septiembre, EE. UU. ha desplegado fuerzas de combate en el Caribe y atacado una serie de lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, con el argumento de que estarían dedicadas al narcotráfico. En esos ataques ya han muerto más de 80 personas. A la vez, hay señales importantes de que pronto podría tener lugar algún tipo de ataque contra Venezuela. Este contexto anuncia varios posibles escenarios de legalidad cuestionable y resultados impredecibles.

1. Dinámicas fronterizas y contexto colombo-venezolano
La discusión resaltó que la frontera colombo-venezolana no es una simple línea divisoria, sino un sistema de territorios interdependientes con vínculos históricos, económicos, sociales y culturales profundos. Se destacaron cinco ámbitos fronterizos: caribeño, Perijá-Catatumbo, andino, llanero y Orinoco-Amazonas. En todos ellos existe una circulación permanente de personas, bienes y prácticas comunitarias que trascienden los límites estatales. La población wayuu fue presentada como el ejemplo más claro de esta binacionalidad.
El deterioro institucional a ambos lados de la frontera, la presencia de economías ilegales y la expansión de grupos armados han generado un entorno de inseguridad creciente, en especial en zonas como el Catatumbo. Las tensiones políticas entre Bogotá y Caracas, sumadas a la crisis interna venezolana, han debilitado los mecanismos de coordinación binacional y la capacidad de ofrecer servicios básicos a las comunidades. En este contexto, la posible operación militar de Estados Unidos introduce un elemento adicional de inestabilidad, con impactos directos sobre estas dinámicas fronterizas ya frágiles.

2. Tensiones y conflicto político en Venezuela
Se subrayó que Venezuela vive dos conflictos simultáneos: uno político interno y otro con Estados Unidos, además de una “batalla por la narrativa” que condiciona percepciones y decisiones. El conflicto político venezolano fue descrito como una disputa prolongada por el control del poder y de la renta petrolera, más que como una confrontación claramente orientada hacia la democratización. El sistema político ha evolucionado hacia mayores niveles de autoritarismo, con episodios de persecución, uso instrumental de la justicia y progresivo cierre del espacio político.
En este contexto, la oposición ha enfrentado profundas divisiones internas y episodios de cooptación o manipulación externa. Las negociaciones, aunque recurrentes, han sido sistemáticamente condicionadas por actores internacionales (sobre todo EE. UU.) que han empujado escenarios orientados al “quiebre” de las fuerzas armadas como primer paso hacia un cambio de gobierno, lo que ha dificultado la construcción de salidas políticas viables. La perspectiva dominante en la discusión fue que una intervención militar no conduciría a más democracia, sino a mayor cierre político y polarización extrema.

3. Etapas de la relación EE. UU.-Venezuela y cómo se llegó al punto actual
La relación bilateral se ha transformado drásticamente desde finales de los años noventa. Inicialmente, se describió una etapa en la que Venezuela buscó un acercamiento pragmático con Estados Unidos, incluso durante los primeros años del chavismo. Con el intento de golpe contra Hugo Chávez de 2002 y la radicalización discursiva, la relación se tensionó, pero sin romperse completamente. A partir de 2015, el giro fue más profundo: el país pasó a ser calificado formalmente como “amenaza a la seguridad nacional”, y desde entonces Washington ha desplegado un régimen de sanciones progresivo y luego masivo, con más de 900 medidas durante una década.
La presidencia de Trump -especialmente a partir del pasado mes de marzo- introdujo un cambio cualitativo: una estrategia explícita de “regime change”, basada en sanciones, presión diplomática, apoyo a liderazgos opositores específicos y dispositivos de desestabilización. La retirada de la embajada estadounidense, las limitaciones al comercio petrolero y diversas operaciones políticas y mediáticas han reducido drásticamente el margen de maniobra diplomática entre ambos Estados. La actual acumulación militar en el Caribe se interpreta como una extensión extrema de esa misma línea política: una estrategia donde la imprevisibilidad, la coerción y la presión militar sustituyen la diplomacia tradicional.
La Administración Trump 2.0 hacia Venezuela se diferencia del primer mandato, cuando también quiso intervenir en el país, en que esta segunda administración tiene un poder mucho mayor sobre las dos cámaras legislativas y un ejecutivo (en particular el secretario de Guerra Pete Hegseth, que ya está dirigiendo SOUTHCOM de forma agresiva, y el secretario de Estado Marco Rubio) totalmente leal a su persona.

4. Política de la Administración Trump hacia América Latina y consecuencias regionales
Se enfatizó que la política de Trump hacia América Latina no responde a una estrategia coherente, sino a una mezcla de improvisación, presión unilateral y búsqueda de reafirmar la influencia estadounidense en su “zona de seguridad”. En este marco, América Latina aparece como un laboratorio de experimentación para restablecer la dominación hemisférica. Durante 2025, la región ha sido objeto de aranceles, deportaciones masivas, injerencias políticas directas y amenazas militares, mientras que escasean las “zanahorias” o incentivos positivos.
Esta visión tiene implicaciones geopolíticas profundas. Por un lado, consolida la posibilidad de una “internacional reaccionaria” hemisférica, donde varios gobiernos alineados con Washington convergen en agendas securitarias y autoritarias. Por otro lado, exacerba la fragmentación latinoamericana: debilitamiento de espacios de concertación, incapacidad de acción colectiva y ausencia de liderazgo regional. Todo ello favorece la posición estadounidense para avanzar en su agenda, en detrimento del multilateralismo y de los mecanismos regionales de gestión de crisis.

5. Impactos para Colombia
Colombia aparece como uno de los países más expuestos ante un eventual ataque estadounidense a Venezuela. La frontera, ya altamente militarizada y afectada por economías ilegales y grupos armados, podría convertirse en escenario de desbordamiento del conflicto. Una operación militar podría desencadenar flujos masivos de desplazamiento hacia Colombia, intensificación de la violencia fronteriza y expansión de grupos armados (el ELN o disidencias) en un contexto de debilidad institucional y caos.
Además, la discusión destacó que Colombia podría enfrentar presiones políticas directas: para alinearse con Washington, para permitir el uso de su territorio en operaciones militares o para reforzar su papel en políticas antimigratorias y antinarcóticos. Esto podría agravar tensiones internas, poner en riesgo iniciativas de paz y aumentar la polarización en un contexto electoral complejo. Colombia, en síntesis, sería uno de los países más afectados en términos humanitarios, políticos, de seguridad y geopolíticos.

6. Rol de actores internacionales: Brasil, México, Europa y otros
Brasil y México fueron identificados como actores clave cuya posición podría influir en la crisis. Brasil ha mostrado disposición a mediar en la crisis entre EE. UU. y Venezuela, pero su impulso inicial parece haberse enfriado, limitando su papel como contrapeso regional. México mantiene una posición cauta, ya que está negociando simultáneamente con EE. UU. en temas sensibles como migración y fentanilo, lo que puede limitar su margen de acción en la crisis venezolana.
Europa, por su parte, se percibe como un actor tímido, fragmentado y con poca autonomía estratégica. La presión estadounidense, sumada a la falta de cohesión europea y a la prioridad absoluta otorgada a la guerra en Ucrania, ha llevado a una posición extremadamente prudente, sin intención real de desafiar a Washington. Otros actores como China y Rusia tienen intereses en Venezuela, pero se considera poco probable que intervengan de forma directa ante una acción militar estadounidense, más allá de la condena diplomática. Todo apunta a una erosión profunda del multilateralismo, donde ningún actor está dispuesto o es capaz de frenar la escalada.

7. Impacto sobre el orden internacional basado en reglas y el DIH
Se señaló que la situación venezolana es un reflejo del deterioro estructural del sistema internacional y del derecho internacional. El orden basado en reglas ha sido erosionado tanto por Occidente como por otras potencias, abriendo espacio para prácticas unilaterales y arbitrarias. Las intervenciones sin autorización internacional, las sanciones extraterritoriales y la instrumentalización del DIH han debilitado su legitimidad y eficacia.
Una intervención militar de EE. UU. sin mandato del Consejo de Seguridad constituiría un nuevo golpe a ese orden. Además, la ausencia de mecanismos colectivos efectivos (OEA paralizada, ONU debilitada, Europa sin voz, región fragmentada) agrava la sensación de vacío normativo. En términos de DIH, incluso una operación limitada podría generar graves violaciones: ataques indiscriminados, daños a población civil, afectación a servicios esenciales y nuevas dinámicas de conflicto armado interno o transfronterizo.

8. Riesgos de seguridad e impacto humanitario
Los riesgos fueron descritos como enormes y plausibles incluso con operaciones militares limitadas. Ni hay garantías de un “cambio de régimen” ni de que el resultado sea una democracia. Por el contrario, es posible una escalada hacia escenarios de conflicto interno prolongado y Venezuela tiene el potencial de desestabilizar la frontera con Colombia, la frontera con Guyana y los mercados petroleros internacionales. Asimismo, la militarización podría fortalecer a actores armados no estatales, como el ELN, disidencias o estructuras criminales transnacionales, y generar una fragmentación territorial con profundas consecuencias.
Los principales riesgos humanitarios serían desplazamientos masivos hacia Colombia y Brasil, incremento de la violencia en zonas fronterizas, afectación de infraestructuras críticas (agua, electricidad, salud) e interrupción de cadenas de suministro. Se recordó que Venezuela ya vive la migración más grande en la historia moderna de América Latina sin mediar una guerra; un conflicto abierto multiplicaría esa crisis. Para países vecinos y para la región, esto significaría un enorme desafío de acogida, protección y asistencia, en un momento en que la cooperación internacional está debilitada.

9. Lo que puede hacer la sociedad civil
La discusión subrayó que las opciones son limitadas, pero no inexistentes. En el corto plazo, la sociedad civil puede presionar por el rechazo explícito a cualquier intervención militar, movilizar redes regionales e internacionales, y generar pronunciamientos públicos que visibilicen los riesgos humanitarios y geopolíticos. También se mencionó la necesidad de revitalizar espacios de diálogo para promover una salida negociada dentro de Venezuela, sin imposiciones externas orientadas al derrocamiento, y defender los canales diplomáticos existentes.
Desde hace un cuarto de siglo lo que más se ha conocido en términos de uso de la fuerza, conflictos internacionales, ataques militares y potenciación de la violencia ha sido la configuración de “coaliciones de voluntarios” (coalition of the willing”) generadas por Estados bajo el liderazgo de distintos gobiernos de Estados Unidos.
Usualmente, la sociedad civil internacional ha sido espectador bastante pasivo de las acciones emprendidas por las fuerzas armadas de dichas coaliciones: ante las movilizaciones ciudadanas posteriores a esos fiascos que han generado muerte por doquier, destrucción de infraestructura y migraciones forzadas, las políticas de seguridad de los involucrados se han atenuado apenas ligeramente.
Ninguna experiencia, hoy en día, ha sido exitosa bajo cualquier estándar que se adopte. Es urgente generar una “coalición de vulnerables” (coalition of the vulnerable) que en distintas latitudes se anticipen y prevengan presuntas soluciones de corte militar. En América Latina, en Europa y Estados Unidos es clave forjar dicha coalición que presione y exija a los gobiernos de turno a evitar el uso de la fuerza en Venezuela.
En caso de que la intervención ocurra, la sociedad civil deberá activar mecanismos humanitarios urgentes, redes de protección y apoyo a población desplazada, y sistemas de documentación de violaciones de derechos humanos y DIH. Además, se planteó la necesidad de mantener presión sobre gobiernos y organismos multilaterales para que no cedan completamente ante lógicas de fuerza. En suma, el papel de la sociedad civil se concibió como crucial tanto para la prevención como para la mitigación de daños.