Colombia: ¿salto estratégico o salto atrás?

(Para Radio Nederland)

En una situación tan convulsa y cambiante como la colombiana, en la que cotidianamente se producen multitud de noticias, y en la que toda la actualidad parece estar marcada por el «deshojar de la margarita» sobre si el Presidente Álvaro Uribe podrá presentarse a un tercer mandato presidencial o no, otras cuestiones de gran relevancia para la población afectada por el conflicto armado están pasando desapercibidas, pese a la gran preocupación que desde hace unos meses generan entre las organizaciones humanitarias y de cooperación.

Nos referimos a la creciente participación de las fuerzas armadas en operaciones cívico-militares, con pretendido carácter humanitario, en lo que se ha denominado el «salto estratégico» propuesto por el Gobierno colombiano. Posición que está teniendo serias implicaciones para el actuar humanitario en algunas regiones del territorio colombiano.

Política de Seguridad Democrática

Antecedentes del aumento de componentes militares en las tareas de ayuda o cooperación se encuentran en los inicios del primer Gobierno de Uribe en el año 2002, en lo que se denominó la Política de Seguridad Democrática, con el objetivo de «recuperar el control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional».

En el segundo Gobierno del presidente Uribe en el año 2006, uno de los objetivos principales fue consolidar dicha política. Se planteó pues una revisión estratégica que dio como resultado la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, que enunció dos objetivos principales: adaptarse al nuevo escenario estratégico y pasar del objetivo inicial del control territorial por la Fuerza Pública, al de la llamada «recuperación social del territorio», mediante la denominada acción integral del Estado.

Centro de Coordinación de Acción Integral

En esta recuperación social del territorio con que el Gobierno busca fortalecer la gobernabilidad, credibilidad, legitimidad del Estado y el Estado Social de Derecho en general, en aquellas zonas donde no ha habido presencia estatal o ha sido precaria, se plantea que el instrumento para poner en marcha esta estrategia es el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que lidera la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y del que forman parte sustancial las fuerzas militares y la policía. Este hecho motivó ya la inquietud de las agencias internacionales y organizaciones de cooperación en los pasados años, al ver como el Gobierno vinculaba a las fuerzas armadas a las tareas de ayuda.

Salto estratégico

Pues bien, la publicación el 20 de marzo de 2009 de la Directiva Presidencial 01 sobre Coordinación del Gobierno Nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, ha supuesto un intento de reforzar esta estrategia de militarización de algunas acciones humanitarias y de desarrollo, con el consiguiente riesgo de pérdida de autonomía de estas acciones y de aumento de dificultades para acceder a ciertas comunidades vulnerables afectadas por el conflicto.

En la Directiva 01 se formula con mucha mayor contundencia que en documentos anteriores esta vinculación de los componentes militares y civiles para la «acción integral» en los territorios. «Con el propósito de cumplir con los objetivos de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, el Gobierno nacional se ha concentrado en un mecanismo que permita fortalecer la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional, denominado SALTO ESTRATÉGICO.»

Más adelante, tras haber planteado las cuestiones de prioridades geográficas y de direccionamiento estratégico y coordinación interagencial, la Directiva plantea que «es responsabilidad de cada entidad aportar la información y análisis territorial para la definición, ejecución y monitoreo de los planes regionales de consolidación, orientado a la articulación de los esfuerzos militares y civiles. Estos serán elaborados y aprobados durante el primer cuatrimestre del año 2009 y tendrán en cuenta los componentes de Atención Humanitaria de Emergencia, Justicia, Seguridad, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gobernabilidad y Ordenamiento de la Propiedad. Es fundamental definir con los gobiernos locales el ejercicio de priorización de cada uno de los componentes de intervención planteados en el SALTO ESTRATÉGICO».

Organizaciones humanitarias en problemas

La puesta en marcha de la Directiva 01 ha planteado ya serios retos a las organizaciones en el terreno, entre los que citamos algunos: la cooptación de las organizaciones sociales por parte del Estado y de las fuerzas armadas. El predominio de las entidades del Gobierno en el CCAI, y el uso meramente instrumental de las organizaciones humanitarias o de desarrollo, que las hace aparecer como instituciones al servicio del Gobierno. Ello está complicando el acceso a ciertas zonas por parte de las organizaciones humanitarias. Un reciente comunicado del Frente 29 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hecho llegar a las organizaciones humanitarias en el Departamento de Nariño, considera al CCAI y a las organizaciones que en el participen, objetivos militares.

Militarización de la vida civil

Por otra parte, supone la militarización de la vida civil y la reducción de los espacios de paz en medio del conflicto. Apostar por «soluciones» exclusivamente militares supone renunciar a abordar las verdaderas raíces de la violencia y a buscar enfoques locales para resolverlas. «La generación de la paz se logra a partir de reconocer la vida local, y por ello la acción integral de la estrategia debe fortalecer las capacidades de las comunidades para potenciar su desarrollo» ha declarado Gyna López, coordinadora de la Redprodepaz. La militarización de componentes de la vida pública que deben ser de carácter civil supone, de hecho, frenar los intentos de refuerzo de la institucionalidad pública civil en los territorios. Supone además una usurpación de la autonomía local y quiebra la construcción de capacidades locales de paz.

Parece preciso pues que las organizaciones internacionales y las entidades sociales y de cooperación aborden con decisión la cuestión, y propongan límites a esta apropiación militar de cuestiones básicamente civiles, como las humanitarias.