Colombia: ¿avances hacia la paz?

El primer aniversario de la presidencia de Juan Manuel Santos ha venido acompañado de noticias y rumores que han puesto sobre la mesa, una vez más, la cuestión de los posible avances hacia la paz en el largo conflicto armado que vive Colombia desde hace ya muchas décadas.

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Como siempre, la realidad es más tozuda que los buenos deseos y, aunque es evidente que durante el periodo presidencial del nuevo mandatario se han producido significativos cambios que han alterado de forma muy positiva el clima político en el país, no es menos cierto que las causas profundas de la violencia han sufrido pocas modificaciones, y que en un periodo electoral en departamentos y municipios como el que ahora se inicia, no son previsibles rápidas transformaciones. En cualquier caso, algunas cosas interesantes se están moviendo en la situación colombiana y convendrá estar atentos a su evolución.

Cambios en los discursos de los diversos actores

Desde que en el mes de mayo del presente año las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) publicaran un novedoso comunicado, coincidiendo con su cuadragésimo séptimo aniversario, en el que hablaban de solución política al conflicto armado, algunos analistas han comenzado a ver un cambio de actitud en la dirigencia del grupo armado y un inicio de querer hacer pasar mensajes distintos al Gobierno.

Frases como «la paz es un derecho que hay que hacer realidad, y la barbarie no puede seguir siendo parte del destino, y menos ahora que con la movilización se puede imponer un futuro cierto y civilizado», que incluye el comunicado, suponen un cierto cambio en la habitual retórica guerrillera del grupo, y así ha sido interpretado por muchos.

Conviene recordar que en ese mismo mes se produjeron las declaraciones del presidente Santos de reconocimiento de la existencia de un conflicto interno en el país y, por tanto, de la inclusión de un artículo explícito al respecto en la Ley de Víctimas que en aquella época se discutía. Este reconocimiento – de algo obvio, por otra parte – que ponía fin al periodo de negacionismo del presidente Álvaro Uribe, introdujo, también, ciertas dosis de realismo y de nuevo lenguaje muy necesarios en la vida política colombiana. Y a partir de esos momentos, una serie de hechos han ido profundizando en esta idea de que se puede estar caminando hacia un escenario en el que se vayan abriendo posibilidades de diálogo o de acercamiento entre los diversos actores del conflicto. Y con ello, de posibilidades de construcción de la paz.

La primera cuestión a destacar es el acuerdo en el diagnóstico de la situación. Colombia vive un conflicto armado y no una situación de «posconflicto» como algunos voceros colombianos e internacionales han venido defendiendo, confundiendo sus deseos con la realidad. Conflicto violento con todas las complejidades que se quieran y con importantes cambios en su evolución geográfica, estratégica, de peso de los diversos actores, de dimensión internacional, y otras variables. Pero conflicto armado.

El simple dato de que durante el primer semestre de 2011 las FARC realizaron, según fuentes oficiales, 1.115 acciones bélicas, produciendo 1.100 bajas a la Fuerza pública entre muertos y heridos, bastaría para confirmar lo que decimos. Y a eso hay que añadir las víctimas del fenómeno paramilitar todavía activo, las llamadas actualmente BACRIM (bandas criminales), que, según los datos de la Defensoría del Pueblo y de un reciente informe de la Corporación Nuevo Arcoiris, han incrementado sus acciones en el periodo preelectoral.

Además, el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, más allá de los aspectos políticos o de los intereses de quien lo realice, tiene implicaciones desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, por tanto, de las posibilidades de trabajo de defensa de las víctimas por parte de las organizaciones humanitarias y de las obligaciones de los actores armados y del Gobierno. El hecho de que el otro grupo insurgente, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) haya manifestado recientemente su acatamiento del DIH y su disposición a recuperar un diálogo bilateral sin condicionamientos con el Gobierno, con la mediación de UNASUR, es también un indicador de estos cambios que estamos citando.

Del mismo modo, la aprobación, tras su complicado trámite parlamentario, de la Ley de Víctimas, con su correspondiente capítulo de restitución de tierras, es un mensaje claro de que el nuevo Gobierno está dispuesto a ciertas cesiones en cuestiones que el gobierno de Uribe jamás hubiera ni insinuado.

Evidentemente, muchas de las cosas que contiene la Ley y de Víctima y las medidas que deberán desarrollarla entran en contradicción con otras políticas públicas en materia de desarrollo económico y de apoyo a los megaproyectos, de la minería extensiva, o de los cultivos de productos de agro exportación, que están provocando nuevos desplazamientos y agravando la situación de la población en algunas zonas del país. Pero, al menos, las víctimas del largo conflicto tienen hoy un instrumento legal que, con todas sus limitaciones, pueden utilizar en la defensa de sus derechos.

Declaraciones recientes

En este contexto, durante las últimas semanas se han producido algunos otros mensajes hacia la guerrilla de personas significativas, tratando de convencerles de que ha llegado un momento en el que deben profundizar sus compromisos con la paz de modo concreto.

La petición de Piedad Córdoba sobre la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, o las de Pacho Galán – antiguo líder guerrillero – al ELN insistiendo en la nueva situación del país, pretenden, precisamente, hacer salir a los grupos armados de su inmovilismo y de su empecinamiento en que la lucha armada, por más que les pueda dar efímeros resultados, pueda contribuir a la transformación real del país.

Como sugiere el analista León Valencia, las guerrillas deben darse cuenta de que avanzar hacia procesos de paz contribuiría a «aislar a la extrema derecha que, apelando a la violencia ilegal y a las relaciones con las mafias, se apoderó de enormes riquezas y del poder político en muchas regiones del país». Y es que la relación de los sectores oligárquicos y políticos con el paramilitarismo durante todos estos años ha modificado el poder en gran parte del territorio, y esto se puede consolidar de modo preocupante en las próximas elecciones.

Por ello, las recientes declaraciones del presidente Santos haciendo un llamamiento a los grupos armados a su reinserción en la sociedad, y la posible discusión de medidas para favorecer estos procesos, no deben ser tomadas en vano y suponen, de algún modo, su respuesta a las declaraciones del líder de las FARC Alfonso Cano y a otros posicionamientos que citábamos al inicio. «A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa», dijo el presidente. Y, si como se ha dicho muchas veces, y reiteró Santos al inicio de su mandato, «la puerta del diálogo no está cerrada con llave», bueno será que se vaya entreabriendo.