“Chavismo”, “fujimorismo” y otros “ismos”

(Desde Perú)
“Hace unas semanas, un grupo de periodistas de Radio Caracas Televisión (RCTV), identificados con camisetas iguales y exhibiendo sobre el pecho un lema de protesta por la negativa del gobierno de Hugo Chávez a renovarles la concesión para seguir operando, hacían sentir su voz y reivindicaban la libertad de expresión como derecho fundamental. Minutos después de la hora prevista, la imagen desapareció de las pantallas de los televisores para dar paso a una nueva señal televisiva. Este cuadro, nos recordó -como si de un holograma que viaja a través del tiempo se tratara- a los miembros de prensa de Frecuencia Latina (Perú, 1997), cuando fueron desaforados de su centro de trabajo.

Frecuencia Latina era uno de los pocos canales de televisión abierta a opositores al gobierno, que había denunciado situaciones irregulares en la gestión de Alberto Fujimori, incluyendo torturas y asesinatos en los servicios de inteligencia. El despojo al legítimo dueño de este medio de comunicación, estaba revestido de una falsa legalidad. Tiempo después se evidenció que este régimen era una estructura organizada en base a la corrupción, que tenía sometido al poder judicial y la administración gubernamental-militar, en la que se incluía la gran mayoría de los medios de comunicación que eran parte del “sistema”, para ocultar los delitos y violaciones a los derechos humanos. Actualmente, los más altos militares y funcionarios del “Fujimorato”, junto a empresarios dueños de medios de comunicación de ese entonces, entre otros, están procesados y condenados a prisión. El ex-gobernante de origen japonés, se encuentra en arresto domiciliario en Chile y próximo a ser extraditado al Perú para, probablemente, seguir la misma suerte de su ex-asesor, Montesinos, y gran parte de la mafia que se apoderó de este país entre 1990 y 2001.

Toda comparación es odiosa, dice un viejo refrán, y no se puede decir con exactitud que se trate de dos casos similares, o sugerir que haya un vínculo entre los personajes a los que aludimos. Pero es cierto que en 1992, después de que Chávez encabezara un fallido golpe de Estado en Venezuela, casi un centenar de militares y altos mandos golpistas, allegados al hoy presidente venezolano, fueron acogidos y asilados por el gobierno fujimorista, con Fujimori en el poder. Aunque la Venezuela de hoy no sea el Perú de los años noventa, más allá de algunas similitudes, convendría estar atentos a los siguientes pasos de Chávez, principalmente porque este estilo de gobierno tiende a hacerse cada vez más duro y no se debe descartar la posibilidad de que termine en una grosera dictadura disfrazada de democracia.

Cuando los gobiernos empiezan a clausurar o reemplazar medios de comunicación, comienza a cerrarse un círculo de poder absoluto. En este caso da igual que se trate de un gobierno alineado al sistema económico y político imperante o en contra del mismo, la consecuencia recurrente deviene en una perversa tentación hacia la violación de los derechos humanos, que deriva en la represión, transitando por los caminos de la tortura, la desaparición de personas y los asesinatos políticos; atropellos que envilecen a los gobernantes y terminan lacerando la conciencia ciudadana, creando un entorno en el que difícilmente se pueda creer en la justicia o en la paz como escenarios alcanzables.

El hecho de reprimir duramente las protestas callejeras es el primer signo de un gobierno autoritario. Interesa recordar en este punto esta frase: “Hemos intentado grabar. Primero me han disparado en los pies, luego, cuando hemos empezado a correr, nos han disparado por la espalda. Así se reprime a la prensa y a los ciudadanos en Venezuela. Estoy prácticamente cocida a balazos de cartucho”. Son palabras de Anuska Buenaluque, reportera española que cubría para América Televisión de Perú las protestas por lo ocurrido con RCTV en Caracas, tras recibir veintiocho balazos de cartucho o perdigonazos, disparados por la espalda de parte de la policía venezolana. (Programa televisivo “América Noticias: Edición Central”, 28/05/2007).

Ahora, cierto es también que la mayoría de los medios de comunicación venezolanos no representan la esencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, por el contrario, responden en gran medida a intereses de los grupos de poder económico. Así, cuando le conviene al grupo se apoya al gobierno de turno; cuando no, se constituyen en oposición. La periodista argentina Stella Calloni, que ha realizado una investigación respecto a los medios de comunicación en Venezuela, señala, por ejemplo, como el grupo económico que manejaba RCTV “está encabezado por Peter Bottone, principal accionista, Marcel Granier Haydon, integrantes de la familia Phelps y otros, posee más de 80% del capital social de cinco empresas que operan en Venezuela, como RCTV, FM, RCR, Recorland y Linea Aérea Aerotuy. Las empresas donde el grupo no posee el ciento por ciento, están asociadas a la razón jurídica extranjera Coral Sea Inc.” (Giacosa. Portal web de “Informalísimo”, www.informalisimo.com , 05/06/2007).

La libertad de expresión es, en puridad, ejercida por los ciudadanos. Entre ellos están los buenos y verdaderos periodistas (hasta cuándo los dueños de los medios de comunicación lo permiten). Por ende, aunque es cierto que debemos poner todos nuestros esfuerzos en que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión y opinión, no es conveniente polarizar la situación de forma maniquea. Chávez responderá ante la historia y los ciudadanos por sus actos, y tendrá que ser sancionado si es que se prueban violaciones a los derechos humanos y/o si se demuestra que existen actos de corrupción en su gobierno. Fujimori ha empezado este proceso ante la justicia internacional. Lo que cabe preguntarse es sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación cuando no informan adecuadamente, o cuando sesgan la información y orientan a la opinión pública de acuerdo a su conveniencia económica.

Se vive en Venezuela en un entorno que carece de la básica libertad de información. Es difícil saber a través de los medios de comunicación lo que realmente está pasando y formarnos una mejor opinión; sin embargo, existen periodistas realmente independientes y ciudadanos organizados que buscan una alternativa y contrarrestan esta carencia. Esa idea es la que tendría que empezar a prevalecer en los medios de comunicación, velando por que se cumpla realmente este derecho fundamental para tener una legitimidad en la lucha contra los abusos del poder político.

La historia ha demostrado que los caudillismos son expresiones de violencia y destrucción institucional. Caudillismos como el “fujimorismo” y hacia el que parece estar marchando el “chavismo”, amparados en una legalidad hecha a su medida y enarbolando el populismo y la “mano dura” como bandera, poseen la peligrosa particularidad de camuflarse como democracias en las que aparentemente se respeta la libertad, las instituciones, los derechos y se busca el progreso, al tiempo que se embiste contra todo lo que se le oponga a estos “ideales”.

Finalmente cabe preguntarse, ¿son estos dos casos en América Latina los únicos que pueden considerarse dictaduras disfrazadas de legalidad o existen otros? Otros, en los que no se produce la maniobra torpe y arrebatada de cerrar medios de comunicación porque se les tiene controlados, mas se socavan las estructuras del derecho internacional mostrando un misil como argumento, se desobedece sin pestañear siquiera las resoluciones de las Naciones Unidas, avasallando pueblos y violando derechos humanos por beneficios económicos, o se disfrazan las invasiones comosi fueran luchas por la libertad y contra el fanático terrorismo internacional. Las dictaduras -disfrazadas o no- tienen responsables, y aunque resulte una tarea difícil, deben responder a la justicia internacional por crímenes que cometan u ordenen cometer.

Lima, 18 de junio de 2007.