Bahrein: primavera silenciada
Por Guillermo Naya
Más de un año después de que comenzaran las protestas contra la monarquía de los Al Jalifa en Bahrein, las reivindicaciones de los grupos opositores han sido reprimidas con brutalidad por el régimen y silenciadas por Europa y Estados Unidos.
El Reino de Bahrein es el país más pequeño del Golfo Pérsico. Con una superficie de 710 km2 da cobijo a alrededor de un millón de personas. El islamismo chií es la corriente religiosa mayoritaria (superior al 70% de la población), pero el poder está en manos de la minoría suní–a la que pertenece la monarquía actual-. A pesar de las evidentes tensiones que provoca la discriminación histórica de la mayoría chií, éstas parecían haberse apaciguado en buena medida a raíz de la Constitución adoptada en el año 2000.
Sin embargo, la consulta popular realizada en 2001- a través de la cual el régimen se comprometía a avanzar hacia la democracia- nunca se tradujo en resultados. Desde entonces, las protestas en la calle se volvieron una constante. En todo caso, hubo que esperar a los precedentes de Túnez y Egipto para que los bahreiníes comenzaran a confiar en que su lucha contra la dictadura también tenía futuro. El 14 de febrero de 2011 estalló finalmente una revolución social en el país, que fue inmediatamente reprimida con dureza por el régimen.
A mediados de marzo, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa declaró el estado de emergencia y las fuerzas de seguridad y militares comenzaron a reprimir con fuerza las protestas. A su vez, creó unas cortes militares especiales que juzgaron y sentenciaron a más de 250 personas asociadas al movimiento con castigos graves, incluída la pena de muerte. Aunque el estado de emergencia se retiró en junio, las cortes militares continuaron activas hasta el mes de octubre. «Desde la represión de las protestas las autoridades han atajado de forma violenta las marchas pacíficas y silenciado las voces de los disidentes a través de arrestos, torturas y despidos laborales arbitrarios» recuerda Joe Stark, subdirector de Oriente Medio para Humans Rights Watch. De acuerdo con datos facilitados por la Comisión de Investigación Independiente de Bahrein –creada por el propio rey Hamad-, 45 personas han fallecido desde febrero del pasado año en incidentes relacionados con el movimiento social, la mayoría de ellos civiles. Al menos cinco de esas muertes se atribuyen a torturas, según refleja un informe de la propia Comisión. «Un año después, la situación está mucho peor», lamenta el activista Nabil Rajab, presidente del Centro de Bahréin para los Derechos Humanos (BCHR). El levantamiento forzoso de la acampada en la Plaza de la Perla– el Tahrir bahreiní-, que tuvo lugar en marzo de 2011, se saldó con la muerte de otras 35 personas, pero a día de hoy los fallecidos podrían ser más del doble.
La importancia de Bahrein como actor político reside en la privilegiada posición geográfica en la que se encuentra el país, factor que nunca ha pasado desapercibido para las potencias occidentales- sirva de muestra el hecho de que la V Flota estadounidense tiene aquí establecida su principal base- ni tampoco para Arabia Saudí. A mediados de marzo de 2011, un millar de militares saudíes entraban en la isla de Bahrein para ayudar al régimen de ese país a sofocar las protestas. Bajo el paraguas del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y con el beneplácito de la Comunidad Internacional, el movimiento fue considerado desde un primer momento por los opositores al rey Hamad como una ocupación.
Por su parte, las buenas relaciones que históricamente mantiene el régimen con los Estados Unidos sirvió a Washington para que les permitieran utilizar sus bases para atacar Irak en las dos guerras del Golfo -1991 y 2003-. También fruto de esa alianza, el suministro de armamento norteamericano al régimen ha sido una constante desde el comienzo de la revuelta. «Estados Unidos no debería considerar la venta de ningún artículo militar hasta que el gobierno bahreiní ponga fin a los sistemáticos abusos a los derechos humanos, permita un acceso irrestricto a los medios de comunicación y a organizaciones internacionales, y comience a implementar una significativa reforma política», sentencia David Kramer, presidente de Freedom House– grupo vinculado a la Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés-.
Las protestas continúan y las imágenes que regularmente llegan a los medios de comunicación dan buena cuenta de que la represión del régimen también sigue en marcha. En un reciente informe, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que suspenda las transferencias de gas lacrimógeno y demás material antidisturbios a las autoridades bahreiníes. «El aumento del número de víctimas mortales y los relatos de testigos indican que las fuerzas de seguridad de Bahréin están utilizando de manera indebida el gas lacrimógeno, que lanzan incluso en viviendas y otros lugares cerrados», denuncia Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, quien a su vez pide a las autoridades bahreiníes que investiguen «las más de 12 muertes ocurridas, según informes, tras haberse utilizado gas lacrimógeno» y den «explicaciones por ellas».
El pasado mes de febrero, el rey Hamad comenzó a amnistiar a algunos de los presos políticos con el objetivo de ganar tiempo, mejorar su imagen y frenar la revuelta. Sin embargo, el grave estado de salud en el que se encuentra el opositor encarcelado, Abdulhadi al Jawaya, preocupa al régimen por la repercusión internacional que conllevaría su muerte. En huelga de hambre desde hace más de 50 días, al Jawaya ha devuelto a la revuelta en Bahrein el protagonismo que Europa y Estados Unidos se encargaron de difuminar.