Argelia, 50 años de independencia (II)
(Por Beatriz Pascual)
«Después de la independencia de 1962, Argelia fue la vanguardia de los países del tercer mundo que trataban de erradicar los restos del colonialismo para elaborar un nuevo orden internacional. Cincuenta años después mientras que el mundo árabe es arrastrado por una contestación sin precedentes, el país parece inmóvil. ¿Hasta cuando?» Jean-Pierre Séréni.
¿Cuánto tiempo permanecerá Argelia apartada del terremoto que sacude el mundo árabe? Sus dirigentes evitan esta pregunta y señalan a cambio dos argumentos que tienen por objetivo reforzar la idea de la «excepción argelina» y de su «inmunidad» a las protestas. La primera explicación de las autoridades asegura que el país ya vivió una revolución democrática en 1988 cuando el Frente de Liberación Nacional (FLN) dejó de ser el partido único a favor de un multipartidismo «racionalizado». En este sentido, el Gobierno insiste en que los argelinos ya sufrieron demasiado con el fracaso de su experimento democrático de 1988 a 1992, así como con la espantosa violencia de los 10 años siguientes, por lo que no desean arriesgarse a nuevas aventuras de futuro incierto. El segundo de los argumentos que refuerza el optimismo oficial hace referencia a que el régimen ha podido, a diferencia de sus homólogos tunecinos o egipcios, resistir a la presión de la calle y «dar respuesta a sus reivindicaciones».
Sin embargo, la visión no oficial prefiere identificarse con sus vecinos y recordar que la revolución argelina comenzó al mismo tiempo y con las mismas reivindicaciones que el resto de protestas del norte de África. En enero de 2011, casi al mismo tiempo que en Túnez, las dos aglomeraciones urbanas del país más poblado y rico del Magreb, Argel y Orán, se llenaban de jóvenes que se enfrentaban de forma violenta a las fuerzas del orden. Si bien los primeros brotes de descontento surgieron el 4 de enero, fue el 5 y el 6 cuando cientos de encapuchados provistos de palos o barras de hierro, se apoderaron del centro de Orán y de al menos cuatro barrios de Argel, incluido el céntrico de Bab el Ued, en el que comenzó la llamada «revuelta de la sémola» de 1988.
Del 5 al 10 de enero, la juventud desfiló detrás de una bandera tunecina «por el pan y por la dignidad». Se manifestaron, en todas las zonas del país, en las ricas y en las pobres, sin distinguir la procedencia de sus manifestantes; un punto a tener en cuenta en un país dividido en diferentes comunidades y en constante conflicto con la región beréber del norte. En un principio, las protestas tenían un carácter más económico que político al dirigirse, principalmente, contra la subida de los precios de algunos productos básicos, como el aceite y el azúcar.
Revueltas en Orán y Alger, Bab El Oued, durante la noche del 5 de septiembre
La revuelta de una juventud mayoritariamente en paro, que se considera sin futuro y oprimida por regímenes autoritarios, expresó su rabia contra el mobiliario urbano, apedreando y lanzando cócteles molotov contra edificios públicos, como la comisaría de Bab el Ued. La protesta, que ganaba en violencia, desembocó en la muerte de 3 personas y causó 400 heridos y acabó siendo reprimida por un «tsunami azul», el color de los uniformes de los 140.000 policías que actuaron contra los manifestantes. No obstante, el régimen no solo empleó un férreo control policial para calmar los ánimos de los argelinos, además, las autoridades se esforzaron en satisfacer sus demandas más superficiales: «el Estado seguirá subvencionando los productos de primera necesidad», se apresuró a declarar el ministro de Comercio, Mustafá Benbada, al poco tiempo de iniciarse las protestas. Así, el Gobierno no solo dio marcha atrás en las subidas de los precios de alimentos básicos como el azúcar y el aceite, sino que dejó de perseguir a la economía informal y puso en marcha acciones como la concesión de créditos para proyectos empresariales sin apenas contrastar su viabilidad. El régimen argelino, que a diferencia de otros países de la primavera árabe goza de una situación fiscal relativamente saneada gracias al petróleo, a golpe de billetera pudo hacer una política de contención de las causas del descontento.
No obstante, las protestas continuaron, de forma que La Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia (formada por partidos laicos, sindicatos y ONG) convocó una manifestación, que finalmente pudo realizarse el 12 de febrero a pesar de las prohibiciones del Gobierno. La gran marcha sobre la capital, que reunió a dos mil manifestantes, fue reprimida por 30.000 policías. Ante la opresión, la Coordinadora respondió con más protestas, convocando para el 19 de febrero una nueva manifestación que demandaba la democratización del régimen. Sin embargo, el mismo día en que se volvió a llamar a la protesta, el 14 de febrero, el ministerio de Exteriores anunció que cancelaría el estado de emergencia vigente durante 19 años.
El régimen volvía a emplear la misma estrategia: satisfacer las demandas de los manifestantes, esta vez más políticas, de forma superficial antes de que las peticiones más radicales se extendieran. Además, con el objetivo de evitar que los incidentes y manifestaciones desembocasen en una revuelta general que amenazase su continuidad, el régimen reprimió con fuerza las protestas populares y manifestaciones de estudiantes. No obstante, el mantenimiento de las subvenciones a los alimentos, la subida de los salarios o la revocación del estado de urgencia no fueron suficientes y el 12 de abril, miles de estudiantes marcharon en Argel hacia el palacio del presidente de la república desde 1999, Abdelaziz Buteflika.
Esta protesta, que ocasionó más de 170 heridos, logró presionar al Ejecutivo para llevar a cabo las reformas de la Constitución que el presidente argelino había anunciado días atrás. Después de la destitución de MM. Zine El-Abidine Ben Ali y de Hosni Moubarak y la detonación de la guerra civil en Libia, los dirigentes argelinos decidían dar un paso más y dar una respuesta política a la crisis: el 16 de abril en televisión, el presidente Bouteflika pasaba a prometer una reforma controlada de la Constitución, que contemplaba cambios en la legislación tanto política como de la información, dos sectores donde los principios que se plasmaban en la Constitución estaban bastante lejos de la realidad sobre el terreno.
Manifestantes frente a la policía
No obstante, la acogida de estas reformas políticas no fue unánime. Dos de los partidos tolerados de la oposición, el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y la Unión por la Cultura y la Democracia (RCD), boicotearon la conferencia nacional propuesta por el poder. Así, solo algunas personalidades fueron recibidas en el palacio presidencial y, por tanto, solo algunas de las fuerzas de la oposición participaron en la redacción de las cuatro nuevas leyes orgánicas prometidas (régimen electoral, representación de las mujeres en las asambleas, incompatibilidades de un mandato parlamentario y autonomía de los departamentos) que fueron conferidas al Ministerio del Interior, caracterizado por su carácter autoritarismo y conservador.
De esta forma, el proyecto cayó en el olvido hasta que a finales de agosto del 2011, dos días después del atentado suicida contra la academia de Cherchell que causa 18 muertos, el presidente relanza las reformas y aprueba, en consejo de ministros, lo que se presenta como una importante reforma de la ley electoral, al crear como en Túnez, una comisión electoral independiente. Pero, la letra pequeña de la reforma apunta a que los miembros de la comisión serán designados por los nueve partidos políticos «autorizados a presentar sus candidaturas sin depósito de listas de las candidaturas». Esta afirmación implica que los tres partidos que componen la Alianza presidencial, mayoritarios en el parlamento, lo serán también en la comisión. Además de este control, la letra pequeña establecía que la comisión electoral independiente trabajaría de forma paralela a otra comisión, compuesta por magistrados designados por el presidente de la República con el objetivo de no perder el control en los resultados electorales.
LAS URNAS ¿DEL CAMBIO?
Con el tiempo la posibilidad de una revolución a la tunecina se trunca y las esperanzas de los argelinos que quieren el cambio se desplazan a las elecciones legislativas de mayo del 2012. Estas legislativas, con una ley electoral más flexible aunque aún favorable al Gobierno del FLN, abría la posibilidad de un ascenso de la marea verde de los islamistas moderados y el estallido de la ‘primavera árabe’ en las urnas. No obstante, los islamistas no eran los únicos que tenían la vista puesta en las legislativas; las autoridades, tras meses de protestas, buscaban la legitimación de unas reformas superficiales a través de una alta tasa de participación
Más de 21,6 millones de argelinos, sobre una población de 36 millones, fueron convocados a las urnas para elegir una Asamblea Nacional Popular de 426 diputados encargada de enmendar la Constitución y se decantaron por lo que ya conocían. El Frente de Liberación Nacional (FNL), el antiguo partido único que ha gobernado Argelia desde la independencia, excepto cuando lo hicieron directamente los militares, rozó la mayoría absoluta conquistando 220 escaños que se suman a los del segundo partido, el Reagrupamiento Nacional Democrático (68 escaños), logrando una amplia mayoría. Además, la alta tasa de participación, un 43 por ciento de los llamados a las urnas, siete puntos más que en 2007, dio un respiro a las autoridades que han conseguido sortear las protestas sociales con una victoria que refuerza su legitimidad. De esta forma la coalición islamista de la Alianza Verde, a los que muchos daban por ganadores, sufrió una contundente derrota al quedar en tercer lugar, con 48 escaños, logrando un número menor de diputados que en la anterior Cámara baja.
No obstante, la Alianza Verde, vencedora en la provincia de Argel, denunció una «gran manipulación» en las urnas y calificó los resultados de «ilógicos» al estar «en contradicción con la realidad política». Lo cierto es que Argelia votó sin que los observadores de la Unión Europa pudieran supervisar el censo electoral nacional que el ministro de Interior, Dahou Ould Kablia guarda celosamente. Asimismo, parece que a Francia, EEUU, algunos de los países de la UE e incluso Rusia, que aseguró que estas elecciones salvaban a Argelia del «choque» de las primaveras árabes, prefieren la estabilidad del país argelino, como si ya hubieran tenido demasiadas primaveras árabes.
El politólogo Mohamed Chafik Mesbah, autor del libro «Argelia problemática», considera que las elecciones legislativas fueron un subterfugio del presidente Bouteflika para organizar su sucesión y ganar tiempo hasta las presidenciales de 2014. Según Mesbah, la principal preocupación del presidente Bouteflika consiste en organizar su sucesión dentro de dos años, no en fomentar un sistema democrático.
Por ello, a pesar de la victoria del FLN, no conviene perder de vista que la tasa de participación en las grandes ciudades de Argelia, aquellas que históricamente han liderado el cambio político del país, ha sido mucho más baja que en el resto del país. Así, la abstención en Argel, donde ganaron los islamistas, y en otras ciudades del rozó el 70 por ciento, que fue superado en la levantisca región Cabila, donde la abstención llegó al 80 por ciento.
Buteflika no ha obtenido un cheque en blanco hasta las presidenciales de 2014 y las revueltas podrían seguir produciéndose. El cambio político de un país desgastado tras 50 años de un mismo partido, ahora dividido en luchas internas por el liderazgo parece evidente. La incógnita es el carácter de ese cambio: ¿será pacífico o violento? ¿Estará impulsado por las instituciones o por la sociedad? ¿Logrará por fin una mayor igualdad social? Solo el tiempo lo dirá. En todo caso, no conviene perder de vista a una sociedad que a lo largo de su historia ha demostrado que los cambios son posibles y que pueden producirse de la forma más insospechada.
