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¿A alguien le importa el derecho internacional humanitario?

Para Planeta Futuro

Un cartel con un corazón con la bandera de Ucrania en una protesta contra la guerra frente al Reichstag en Berlín, el pasado 03 de marzo de 2022. FILIP SINGER (EFE)

Hay que recordar que el derecho internacional humanitario salva vidas cada día en muchas partes del mundo donde se producen conflictos armados. Hoy es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva.

No me respondan todos a la vez, por favor. Casi preferiría no saber la respuesta. Aunque creo que no me sorprendería. Me sorprende mucho, sin embargo, que tras la invasión rusa de Ucrania y el inicio de la guerra apenas haya habido alusiones y llamamientos al cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los contendientes, provenientes de los Estados europeos o de la propia Unión Europea. Vagas referencia a la protección de la población civil y poco más. O sobreactuadas declaraciones como las del presidente Macron diciendo que Putin se ha comprometido y le “confirmó su voluntad de respetar ciertos principios, de tal forma que los ataques no alcancen a civiles ni a núcleos poblados, que se respeten las infraestructuras civiles y que sigan abiertas carreteras clave”. Ninguna alusión al DIH que, por supuesto, contiene muchas más obligaciones por parte de los contendientes. Ni tan siquiera tras el acuerdo de creación de corredores humanitarios se fijan compromisos explícitos. Las únicas referencias sólidas y específicas que pueden encontrarse estos días sobre la cuestión provienen de los sospechosos habituales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Amnistía Internacional (AI) y, en menor medida, el Vicesecretario general de la ONU para asuntos humanitarios Martin Griffiths ante el Consejo de Seguridad el pasado 28 de febrero.

Conviene recordar, por tanto, que el DIH es una rama del derecho internacional público que surge, precisamente, para ser aplicado en los conflictos armados y que ha sido firmado y ratificado por los contendientes en esta guerra y por los que les apoyan y que, por tanto, tienen obligación de cumplirlo, asumiendo, además, que deben rendir cuentas de ello ante los mecanismos de investigación, control y sanción creados al efecto. Es evidente que estos instrumentos siguen siendo muy frágiles todavía, pero por ello resulta significativo que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) haya decidido abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania. 

Karim A. A. Khan recordó ya el viernes pasado su “creciente preocupación, por los acontecimientos que se están produciendo en Ucrania, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por los líderes y ciudadanos del mundo por igual”. El tema no es fácil, ya que, como recuerda el propio fiscal, Ucrania no es un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que el fiscal no puede remitir por sí mismo la situación a su Oficina. Sin embargo, Ucrania ya ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas para aceptar legalmente la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma que se produzcan en su territorio, en caso de que la Corte decida ejercer esas competencias. Estos precedentes son importantes para poder avanzar, aunque también hay que recordar que Rusia tampoco reconoce el Estatuto de la CPI.

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