Fronteras que matan: el endurecimiento de las políticas migratorias agrava los problemas de salud de las personas en situación de movilidad
Aproximadamente, hay 281 millones de personas en situación de movilidad en todo el mundo. El aumento de la frecuencia, duración e intensidad de la violencia y los conflictos armados desempeña un papel cada vez más importante como causa de la migración forzada. En este contexto, las políticas migratorias actuales se caracterizan por una orientación marcada hacia el blindaje de las fronteras físicas, la externalización de los flujos migratorios a terceros países y mayores restricciones para la obtención de protección internacional, con cuotas de aceptación reducidas y procedimientos administrativos que pueden prolongarse indefinidamente.
Prueba de ello es el refuerzo del papel de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y la aprobación del nuevo pacto sobre migración y asilo por parte de la Unión Europea, planteando un escenario muy preocupante con riesgo de institucionalizar prácticas brutales y represivas.
Las personas en situación de movilidad experimentan la pérdida de acceso a servicios médicos y medicamentos, enfrentan obstáculos para recibir atención preventiva y ven interrumpidos sus tratamientos en curso, lo que agrava las vulnerabilidades y riesgos preexistentes. Además, se suma el impacto en la salud física y mental causado por la violencia que enfrentan durante su ruta y los peligros inherentes a atravesar mares, desiertos y selvas. Un ejemplo de ello es la selva del Darién, donde Médicos Sin Fronteras (MSF) ha constatado altos niveles de violencia.
La constante vulneración de los derechos de las personas en situación de movilidad se refleja también en una creciente criminalización, tanto de estas como de las organizaciones humanitarias que les brindan ayuda.
Ante este panorama, resulta vital la creación de rutas migratorias seguras y legales que permitan a las personas en tránsito desplazarse sin riesgos, asegurando el respeto a sus derechos fundamentales. Asimismo, los sistemas de acogida y respuesta en los países de destino y tránsito requieren un fortalecimiento significativo para garantizar su protección.
