Solidaridad con Alfredo Molano
(Para Radio Nederland)
En el agitado panorama colombiano han pasado desapercibidas a escala internacional, al menos hasta ahora, las vicisitudes del pleito contra el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, emprendido por la familia Araújo, y la resolución de la Fiscalía imputándole cuarenta cargos, en lo que supone un freno a la libertad de expresión. Y eso, en Colombia, más allá del que ya se empieza a llamar “caso Molano”, tiene una enorme significación.
En febrero de 2007 Alfredo Molano publicó en el diario El Espectador una columna con el título de Araújos et al en la que, con su prosa irónica, incisiva y brillante, hacía un recorrido histórico por el comportamiento de las familias ricas y las élites de la costa atlántica colombiana y en especial de las de Valledupar y Cartagena de Indias. En el artículo, refiriéndose a los Araújo de ambas ciudades, decía cosas tales como: “Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos criterios especulativos y endogámicos”. En otras partes del artículo concretaba algunas de estas cuestiones con datos que, en su mayoría, se encuentran en libros de historia, o Tesis doctorales y que son, por otra parte, bien conocidos. La publicación del artículo coincidía con el comienzo de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos de ciertos sectores pudientes y caciques electorales de la costa atlántica con los grupos paramilitares, en una de las muchas ramificaciones de la llamada “parapolítica”. Vínculos que han sido probados en numerosos casos y que han dado lugar a numerosos procesos judiciales.
Representantes de una de las familias Araújo, de la que forma parte el actual Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Fernando Araújo, presentaron una denuncia contra Molano por delitos de injurias y calumnias. El caso pasó sin pena ni gloria los primeros estadios procesales hasta que, a finales de 2007, la Fiscalía 40 citó a demandantes y demandado a una conciliación que no se produjo. La familia Araújo llegó a pedir que el periodista escribiera un nuevo artículo corrigiendo y rectificando el anterior, reservándose ellos la posibilidad de revisarlo y dar su visto bueno. Evidentemente, Molano no aceptó por considerar que violaba la libertad de prensa, aunque se comprometió a matizar lo que fuese necesario previa comprobación en el terreno de algunos datos. Al no haber acuerdo, la fiscal declaró fallida la conciliación.
Pues bien, a finales de febrero de 2008, un año después del artículo, la fiscal decide imputar al periodista 40 cargos, acusándole de haber injuriado a los Araújo vinculándolos con conductas ilícitas y delictivas, como el narcotráfico o el fraude, y haciéndolo con ánimo calumnioso. Desde entonces se ha ido acelerando la toma de posiciones respecto de este tema y en las últimas semanas numerosos periodistas, intelectuales y activistas de todo tipo, han expresado su solidaridad con Alfredo Molano y con los riesgos que este proceso tiene para la libertad de expresión en Colombia. Ya circula por la red un manifiesto de solidaridad con Molano y de defensa de la libertad de expresión en el que se dice textualmente que “las opiniones de un escritor público, opiniones que por el hecho de ser discutibles no dejan de ser respetables” y se expresa la preocupación porque “En Colombia está comenzando a hacer carrera la costumbre de tratar de intimidar mediante diligencias judiciales a todos aquellos periodistas cuyas opiniones resultan incómodas para la buena imagen que de sí mismos quieren proyectar ciertos sectores de la clase dirigente. Lo que se busca, en pocas palabras, es domesticar a la prensa, coartándole su iniciativa y su creatividad, para así poder domesticar a la opinión pública, un precedente que, de prosperar, desemboca de manera inevitable en una dictadura.” La situación preocupa de tal modo en Colombia que incluso medios más afines al gobierno, como el diario El Tiempo, publican estos días columnas de apoyo a Molano y de expectación por el final del proceso. El editorialista de El Tiempo, Oscar Collazos, llega a decir que “Lo que se falle legalmente compromete a la democracia y medirá el alcance de la libertad de información y opinión en una sociedad que tolera mejor a los criminales que a los periodistas independientes”.
Y es que, más allá del caso concreto de Alfredo Molano, la situación de la libertad de prensa en Colombia y de sus periodistas, dista mucho de ser ejemplar. En el reciente Informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que no es precisamente una organización radical, publicado en mayo de este año, Colombia figura en el cuarto lugar en el índice de impunidad por detrás sólo de Irak, Sierra Leona o Somalia. “En la gran mayoría de los casos, los periodistas son objeto de ataques y de asesinatos por sus labores informativas”, se lee en el informe. “Al menos 20 casos quedan por resolver, incluido el asesinato, en 2003, del conocido periodista de investigación Guillermo Bravo Vega”.
Y el más reciente Informe de Amnistía Internacional 2008 dice textualmente que “defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y comunitarios y periodistas, siguieron siendo objeto de ataques sobre todo por parte de grupos paramilitares”.
Por ello, el devenir de este caso es algo más que un test para valorar el grado de libertad de los periodistas y los medios de comunicación en Colombia. Es una prueba de las posibilidades o no de construir un régimen democrático en el que las clases dirigentes y las familias oligárquicas del país puedan, como todo el mundo, ser criticadas por los medios de comunicación.
Por lo mucho que hemos disfrutado y aprendido con tus charlas, libros y artículos, nuestra solidaridad, Alfredo.
