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Refugiados en Ecuador: muchas fronteras en una

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Cuando se cumple un año desde que se iniciara el proyecto de Registro Ampliado, Ecuador hace balance de lo que ha supuesto esta iniciativa del Estado apoyada por ACNUR para la documentación de refugiados colombianos. En 2009 cerca de 25.000 personas- de las 135.000 de origen colombiano necesitadas de protección internacional en el país- obtuvieron un visado de refugiado (visa 12-IV) a través de un procedimiento acelerado. En 2010, el reto es asegurar que esta población disfrute de un acceso efectivo a sus derechos que abra la puerta a la integración en el país de acogida.

Hasta el arranque del Registro Ampliado- un proceso pionero en toda América Latina- los 200 solicitantes de refugio que cada mes se acercaban a la oficina de la Dirección General de Refugiados (DGR)- el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores responsable de procesar las solicitudes de refugio-, en Sucumbíos (provincia de la Amazonía ecuatoriana) tenían que esperar una media de 18 meses para la resolución de su caso. Mientras tanto, se encontraban en una permanente situación de incertidumbre, sin permiso de trabajo y teniendo que renovar su solicitud cada dos meses.

Con el Registro Ampliado se pretendía salvar este gran vacío y ofrecer un procedimiento acelerado, de un solo día, con brigadas móviles (con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR) que se desplazaran por las provincias de la frontera norte. De esta manera, no solo se subsanaba el problema de los que habían solicitado la condición de refugiado, sino que permitía el acceso a dicho procedimiento a otras personas que viven en áreas muy remotas. El Registro Ampliado comenzó en marzo de 2010 en la provincia costeña de Esmeraldas, en el Pacífico, limítrofe con el castigado departamento colombiano de Nariño. Posteriormente, el proceso continuó en Sucumbíos, Carchi e Imbabura, las provincias de la frontera con Colombia, hasta finalizar en la de Imbabura, a finales de marzo.

Ecuador es, con alrededor de 135.000 personas en necesidad de protección internacional (el 98% de nacionalidad colombiana), el país con mayor población refugiada de toda América Latina. Sin embargo, a pesar de que los flujos de llegada, en especial desde el año 2000, se mantienen constantes, hasta 2008 el acceso al sistema de asilo estaba condicionado por demoras, falta de información, difícil acceso a las oficinas de registro, la desconfianza…, que convertía en invisibles a decenas de miles de personas.

Así, la provincia de Sucumbíos, en el oriente amazónico fronterizo con el sureño departamento colombiano de Putumayo, albergaba hasta 30.000 personas en situación de refugio1. A finales de 2008 apenas eran 6.000 las personas documentadas, en tanto que los casos pendientes superaban los 8.000. De este modo, aunque la provincia acogía la mayor cantidad de refugiados después de la capital, con una tasa de reconocimiento del 65%- mayor que en el resto del país-, la demora en el proceso arrojaba cifras muy preocupantes.

La lentitud del procedimiento se combinaba, a su vez, con factores socioeconómicos que agravaban la situación. Sucumbíos, provincia productora de buena parte de la riqueza del país por sus reservas petrolíferas, registra un escaso desarrollo económico heredado de décadas de limitada inversión pública. Enclavada en la selva, la provincia tiene infraestructuras deficitarias, altos niveles de pobreza y una población dispersa con escaso acceso a servicios básicos, en especial en las áreas rurales. Los niveles son extremos en la línea fronteriza, donde pequeñas comunidades se diseminan a la orilla de los ríos San Miguel y Putumayo, que conforman la frontera natural con Colombia.

Estas comunidades, aisladas entre el río y la selva, se conforman en pequeños grupos de entre 10 y 30 familias, ecuatorianas, colombianas, muchas mixtas; en ocasiones pertenecientes a nacionalidades indígenas unas y otras de mestizos o afro-descendientes. Todos tienen como única y costosa vía de comunicación el río, peligrosa demasiadas veces y siempre lenta, con unos servicios básicos muy limitados o inexistentes. Aunque la mayoría de esas comunidades poseen escuela primaria, de madera o de cemento, muchas veces el profesor no acude. Sólo disponen de agua segura aquéllos que se han podido beneficiar de proyectos de las escasas organizaciones que, como ACNUR, trabajan en la zona. Tampoco hay sub-centros de salud, ni luz eléctrica.

A todos estos factores endógenos, se le suma en Sucumbíos el impacto del conflicto en el país vecino, que afecta muy directamente a la población civil. Las comunidades rurales de la línea de frontera reciben la llegada de personas que de manera constante huyen del colombiano departamento de Putumayo. Con el 43% de su población afectada, el Putumayo es el segundo departamento expulsor de personas de Colombia2.

En este departamento sureño operan diversos grupos armados, además de traficantes de todo tipo (incluyendo personas). Al tiempo, desde que en 2008 se produjera el ataque de Angostura- en esta zona de la frontera-, en el que murió el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, la presencia del ejército ecuatoriano se ha incrementado de manera exponencial, lo que se une a la presencia de su homólogo colombiano al otro lado del río. La confluencia, por tanto, de esta diversidad de actores está generando una creciente presión sobre las comunidades fronterizas, que enfrentan ya un riesgo alto de exclusión y falta de oportunidades.

Todo este contexto determinaba que la población en necesidad de protección internacional no pudiera acceder al sistema de asilo ecuatoriano. Así, el desconocimiento del proceso, los altos costes de movilización para llegar a las oficinas de trámite, la desconfianza y el retraso en la resolución de los casos debilitaban el sistema.

Con la puesta en marcha del Registro Ampliado, Ecuador ha dado un gran paso en materia de documentación y reconocimiento del estatuto legal de miles de personas. Sin embargo, en 2010 se presentan desafíos cuya respuesta no parece tan clara. Por una parte, la estructura de oficinas estatales de la DGR se muestra todavía insuficiente para atender no sólo las solicitudes nuevas de registro, sino también los casos aún no resueltos. De ahí que sea fundamental reforzar la estructura de la DGR, en especial teniendo en cuenta que cerca de 11.000 personas (sólo en Sucumbíos) deberán renovar sus documentos.

Un dilema adicional que se plantea hoy es el de la integración, buscando soluciones duraderas para las personas en necesidad de protección internacional. Es evidente que la documentación es un paso esencial del proceso; sin embargo, aunque el marco legal progresivo del Ecuador ofrece un panorama esperanzador, el ejercicio de los derechos de los refugiados aún es limitado. En la práctica una Constitución aperturista choca con los límites impuestos por normas de menor rango y procedimientos burocráticos no armonizados que hacen imposible el acceso real a los derechos3. A todos estos elementos se suman situaciones de discriminación, en especial en entornos urbanos, donde la convivencia de las comunidades hermanas no siempre es inclusiva.

En 2010, en cualquier caso, se espera que el Estado ecuatoriano mantenga sus políticas públicas a favor de esta población en necesidad de protección y los compromisos adquiridos en el marco internacional. No obstante, el contexto obliga a mantener ciertas cautelas y a seguir apoyando los esfuerzos de las instituciones públicas para lograr la plena integración en el país de asilo de las personas refugiadas.

Y es que, aunque la situación ideal para un refugiado siempre es el retorno al país de origen, no parece haber pronósticos halagüeños para una resolución cercana del prolongado conflicto colombiano.

Sonia Aguilar

Notas:
1.- Se estima que de las 135.000 personas, al menos el 36% pertenecen a los departamentos de Nariño y Putumayo (17% y 19% respectivamente). Centro de Estudios de Población y Desarrollo Local, CEPAR.

2.- Índice de intensidad del desplazamiento, cifras RUPD, corte 31 de diciembre de 2009, Censo Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2005.

3.- El acceso, entre otros, a servicios financieros, a la licencia de conducir o incluso la inscripción de un título universitario, están condicionados a la imposibilidad de que el Registro Civil introduzca la información asociada a las personas que obtienen una visa 12-IV, la visa de refugio, debido a que la numeración del documento no se ajusta a los parámetros algorítmicos que se usa para numerar las cédulas de los ciudadanos ecuatorianos.

4.- Las opiniones vertidas en el artículo no representan de ningún modo una postura oficial del ACNUR, tan sólo las opiniones de la autora.

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