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Marruecos: la difícil articulación del proceso democrático

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(Para Papeles de Cuestiones Internacionales)
La llegada al trono de Mohamed VI, en julio de 1999, despertó importantes esperanzas democráticas que pronto se transformaron en decepciones, por falta de auténticas reformas, lastradas por el omnipresente poder del Majzén. El respaldo islamista de una población marginada, la obsolescencia de los partidos políticos y un régimen plagado de elites inmovilistas, reconducen de nuevo todas las miradas hacia el centro neurálgico del sistema: una monarquía de corte califal que concentra el poder religioso y político bajo un manto constituyente.

El punto de inflexión que marcaron los atentados del pasado 16 de mayo deriva de un contexto social candente y marca a fuego un complejo panorama político, en el que paliar las enormes desigualdades sociales, reformar el sistema educativo, dotar de credibilidad a la justicia e incorporar decididamente a la mujer en el desarrollo, todo ello en un marco de progresiva liberalización, deberían ser algunos de los principales retos de una tarea ingente.

Dos eventos mayores, como han sido las elecciones municipales de septiembre 2003 y la posterior reforma del estatuto personal de la mujer (mudawana), son el punto de partida para reubicar a los diferentes actores políticos y sociales y su papel en el futuro de Marruecos.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES O EL JUEGO DE LOS INTERESES PRIVADOS

La consabida desmotivación política del electorado marroquí se ha traducido en estos comicios en una participación del 54%, 21 puntos por debajo de los últimas municipales. A los estragos producidos por el régimen en la cultura democrática de una gran parte de la población , se suma la vacuidad absoluta de los programas políticos (y su sospechosa semejanza, a excepción del Partido Justicia y Desarrollo, PJD, islamista), en los que nociones como representación o buen gobierno siguen siendo un eslogan publicitario. En clara regresión respecto a las legislativas, las candidaturas femeninas sólo fueron del 5% .

El Estado, por su parte, diseñó unas elecciones «consensuadas» en las que los islamistas del PJD únicamente presentaron el 3% de las candidaturas, en el 18% de las circunscripciones, y desaparecieron de las listas personajes del narcotráfico y de las mafias de la emigración.

Han sido también unas elecciones en las que las virulentas luchas en el seno de los partidos por las cabezas de lista, las inefables coaliciones y un mayor refinamiento del proverbial transfugismo, han elevado el desprestigio de la clase política a cotas históricas.

El partido más afectado ha sido la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), que ha perdido la alcaldía de las cinco grandes ciudades, incluido su feudo histórico de Rabat, y cuyo fracaso ha desembocado en la dimisión de su secretario general, Abderramán Yusufi . La crisis de este partido es sintomática del espectro político, instalado en una gerontocracia encabezada por sus imperturbables zaims (líderes), que impide el relevo generacional , y que también afecta a los sindicatos.

El auténtico ganador ha sido, de nuevo, el PJD, con quien no han tenido inconveniente en pactar formaciones políticas que les acusaron de ser los responsables morales de los atentados del 16 de mayo. Su eximia participación le lleva a una enésima posición en el cómputo global (593 concejalías de 23.689; ocupando, respectivamente IP y USFP la primera y segunda plaza) pero su gran fuerza política le convierte en la lista más votada en ciudades como Tetuán, Kenitra y Meknes, obteniendo en esta última la alcaldía. Ausente de su feudo de Tánger, y de Agadir, el PJD ganó sobradamente en las 8 circunscripciones, de 16, en las que se presentó en Casablanca, con sólo una concejalía menos que el USFP y dos que el Partido Istiqlal.

La actual debacle tiene a su vez su explicación en los fundamentos de un sistema arcaico de producción y reproducción de notables, que se pertrechan detrás de las posiciones adquiridas y que se aprovechan de los instrumentos legales para aumentar su riqueza e influencia . Un sistema de poder que ha ido creando partidos en su propio interés y controlando los procesos electorales, y que, a la vista de la reiterada balkanización, con 36 partidos en liza, y de los comportamientos políticos, no necesita ejercer ya ninguna neutralización externa.

La situación descrita ha llevado a algunos analistas a certificar el fin de las ilusiones democráticas que, después de más de dos décadas, tomaron forma en 1998 con la alternancia «consensual» decretada por Hasan II.

LA REFORMA DE LA MUDAWANA

Un mes después de la elecciones municipales, Mohamed VI pronunció un discurso histórico ante el parlamento en el que anunciaba la reforma del estatuto personal de la mujer, avalando así el mayor logro de la sociedad civil actual, que tuvo su última etapa en una extraordinaria movilización femenina durante los últimos tres años. La anunciada reforma (que establece la igualdad en la pareja, condiciona drásticamente el repudio y la poligamia, aumenta la edad legal matrimonial de la mujer y mejora sustancialmente en su favor otros aspectos, como la tutela de los hijos) lleva la etiqueta de una auténtica revolución social, pero su eficacia dependerá de la actuación de los futuros jueces de familia y de la incorporación que hagan en sus programas los diferentes actores sociales .

Después de que los atentados del 16 de mayo dieran paso a un reforzamiento de la política represiva del régimen , de la cual da buena cuenta un informe (noviembre 2003) de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el citado discurso real llega en un momento determinante para Marruecos y puede encerrar ciertas claves de gobierno para el futuro.

La primera clave es la utilización por Mohamed VI, por primera vez en el reino alauita, de la figura de Comendador de los Creyentes (Amir al muminim) en aras de una modernización social. El rey ha hilvanando en su discurso las referencias a la sharia y el esfuerzo de interpretación que caracteriza a la ijtihad, y que permite abordar el texto coránico teniendo en cuenta la evolución de los tiempos, declarando esta última vía como la que debe seguir Marruecos en su imparable proceso de modernización. Los islamistas, que bloquearon la reforma en el 2000, pero en fase de reajuste tras los citados atentados, no han tenido nada que objetar. La segunda referencia la constituye la «desacralización» (en una nueva paradoja del universo político marroquí) de la citada reforma, al trasladar el rey al parlamento la aprobación del futuro código de familia, reubicándola en el recinto formalmente depositario de la soberanía popular.

Lo anterior viene a confirmar que, mientras no se vislumbren tiempos mejores, el liderazgo del monarca-Amir al muminim, es la única vía factible de progreso para Marruecos, con todo lo que implica de regresión de un proyecto de construcción democrática en un contexto de liberalización renqueante. La evocación después del 16 de mayo de un experto como Remy Léveau sobre la posible tutela de la monarquía para sacar adelante el país, no es sino la constatación realista de un sistema político de esencia autárquica, con unos partidos políticos desarticulados y un majzén retrógrado.

El evidente coste democrático de la opción apuntada tuvo un claro reflejo en el discurso del trono del pasado mes de julio, en el que el rey reafirmó su condición de príncipe de los creyentes e instó la promulgación de una ley de partidos que impida la constitución de formaciones sobre bases religiosas, étnicas, lingüísticas o regionales, de lo cual se infiere que sigue estando relegada ad calendas grecas la reforma constitucional. Esta reforma debería forjar una auténtica separación de poderes y eliminar el control que ejerce la Cámara de los Consejeros sobre la Cámara de los Representantes. La actual constitución, reformada en 1996, y sede de unas reglas del juego pervertidas, no se traduce en un cumplimiento efectivo de ninguna de las dos funciones básicas de una carta magna, como son las de justicia y seguridad jurídica, pese a consagrar desde 1972 una monarquía constitucional, democrática y social.

En vista de unos tiempos que se anuncian todavía más cargados de instrumentalización religiosa, en la que los partidos políticos han estado siempre incómodos y los islamistas como pez en el agua, el monarca ha resuelto, también en primicia, intervenir en el Ministerio de Habbous y Asuntos religiosos. La reforma, cuyo objetivo es modernizar el consejo de los ulemas, imponer criterios rigurosos para la elección de los imames e intentar ejercer un mayor control sobre las mezquitas, quizás contribuya al necesario surgimiento de ulemas capaces de apuntalar una ijtihad orientada hacia la modernización social.

EL DESAFÍO ISLAMISTA

El régimen, que hasta el momento ha utilizado la amenaza islamista para justificar la ausencia de reformas, se encuentra en la funambulista tesitura de tener que arbitrar fórmulas de incorporación política adecuadas que favorezcan progresivamente una mayor apertura democrática. El reto se complica en un contexto internacional poco favorable al islamismo político y que después del 11 de septiembre se traduce en un respaldo occidental a las políticas securitarias de regímenes como Marruecos .

En cuanto a las credenciales democrática exigibles, los islamistas del PJD parecen haber evolucionado favorablemente y se definen como un movimiento democrático ceñido de valores islámicos . Los miembros del PJD han demostrado sobradamente su capacidad para ajustarse a las circunstancias y ser pacientes, con un gran sentido de la comunicación y buenas artes políticas. Por su parte, la asociación Al- Adl wal-Ihssane (Justicia y Caridad) del jeque Yasín, principal fuerza islamista en Marruecos, presenta un currículo de escasa urdimbre democrática y cuestiona directamente la legitimidad del sistema presidido por el Amir al muminim.

Mientras tanto, hay suficientes indicios de una progresiva extensión del islamismo, cuyo discurso, como señala Tozy, está alcanzando a una nueva clientela en las ciudades, más próxima a la clase media. Las elecciones profesionales y sindicales también parecen confirmar, pese a los resultados modestos de los islamistas, que su influencia (considerable en sectores como el de la enseñanza y la sanidad) se extiende progresivamente a través de una red de relaciones sociales en sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones caritativas . Van cumpliendo por tanto su objetivo de islamizar poco a poco a la sociedad, relegando a un segundo plano la consecución del poder político.

EL RÉGIMEN Y SU POLÍTICA

Las decisiones que al principio emanaron del monarca y su entorno, conformado, en parte, por antiguos compañeros, fueron seguidas muy de cerca tanto dentro como fuera de Marruecos. La destitución de Basri, las gestiones del Sáhara, el retorno de exiliados históricos o el nombramiento de nuevos gobernadores, parecían signos de advenimiento de un nuevo régimen. Sin embargo, la ausencia de reformas dio paso muy pronto a la confirmación de que el control seguía estando en la vieja guardia del Majzén , reproduciendo un sistema de intereses creados que sólo sirven para neutralizar las competencias de los diferentes actores y preservar el poder. De ahí a que las ideas faro proclamadas en los discursos reales, como el nuevo concepto de autoridad o la moralización de la vida pública, queden en agua de borrajas, sólo hay un paso.

Posteriormente, el nombramiento por el rey del primer ministro Jettou tras las legislativas de 2002 (prescindiendo de la mayoría resultante de las urnas y saltándose un principio implícito de la reforma constitucional del 96), no hace sino redundar en el mismo concepto de poder, marcado por una monarquía que ha venido determinando el puesto y el rango que ocupan los actores en el ámbito político.

El reinado de Mohamed VI ha estado también salpicado por un continuo toma y daca con las fuerzas más activas de la sociedad civil, en el que siempre ha asomado la sombra de los elementos más represivos del régimen, cuyos órganos de seguridad llevan marcada la impronta pretoriana. Así, la prometedora apertura del expediente de los desaparecidos y víctimas de exacciones de los años de plomo, y su auténtica resolución, ha derivado hacia un informe que recomienda al rey la creación de una comisión de equidad y de reconciliación, y que ya ha sido duramente criticado por una figura tan intachable en la materia como el abogado Abderrahim Berrada. El acto de entrega de dicho informe al rey por parte de Omar Azziman y Driss Benzekri (ex presidente del Foro Verdad y Justicia), presidente y secretario respectivamente de la Comisión Consultativa de Derechos Humanos, ilustra perfectamente los mecanismos de cooptación de un régimen que no cambia.

En la misma línea, a una mayor libertad de prensa se ha opuesto la censura de los periódicos independientes y el encarcelamiento de periodistas, que tiene su más sangrante ejemplo en el caso de Ali Lmrabet. Condenado a tres años de cárcel, por ultraje al rey y otros cargos, por un aparato judicial cuyo Consejo de la Magistratura preside el monarca, revela una vez más las terribles paradojas del sistema político marroquí y sus numerosas vueltas de tuerca.

El régimen, que tampoco ha si capaz de dotar de credibilidad a la Justicia ni de acometer una verdadera reforma del sistema educativo, encuentra en frente a una juventud ansiosa por emigrar, completamente desmotivada a nivel político y a la que el poder opone su peor cara, como en las represiones violentas de las manifestaciones de licenciados en paro. La red del narcotráfico, en el norte del país , con la reciente detención de seis magistrados y cinco miembros relevantes de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería, entre otros cargos, amenaza, a su vez, con ser una gangrena para el Estado .

Uno de los resultado de la referida política es que gobernantes y gobernados terminan separados por la misma distancia que cubre las desigualdades sociales y que, en cifras del Banco Mundial, se traducen en 4 millones de marroquíes, de 30, viviendo en chabolas, 6 millones con menos de 1 dólar al día para sobrevivir y 12 millones «económicamente vulnerables», mientras que el 20% más rico dispone del 55,4% de los ingresos nacionales.

LOS NUEVOS ACTORES

Desde hace tiempo, el movimiento asociativo de la sociedad civil, en continua maduración, se viene erigiendo como uno de los baluartes insoslayables para el futuro de Marruecos. Las políticas sociales puestas en marcha a raíz de los atentados reforzarán inevitablemente el papel de la sociedad civil, triste manifiesto de veinte años mal empleados, desde que el Programa de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional obligó a Hassan II a delegar en la sociedad civil un desarrollo del cual era incapaz el Estado.

Por otra parte, en un país en el que la competencia económica se convierte en recurso y argumento político y en el que el sector privado ha estado profundamente anclado en la estela del Majzén , cabe preguntarse si la generación de jóvenes tecnócratas, que durante la década de los noventa asumieron las riendas de las grandes empresas públicas y privadas, pueden ser una apuesta de futuro que progresivamente vaya desbancando a unas elites sin proyecto, con un doble lenguaje, profundamente antiliberales y sin ningún ánimo democrático . Por el momento, lo único que se puede constatar es que hay una elite que, aunque todavía difusa y en proceso de gestación, va emergiendo progresivamente. Después del 16 de mayo parece que se ha tomado mayor conciencia al respecto y que empieza a reaccionar un elenco de empresarios y profesionales liberales, decididos a poner sus medios y capacidades al servicio del desarrollo y de la configuración de una auténtica ciudadanía.

Por último, es notoria la progresiva consolidación de la prensa independiente, fundamento de un estado democrático, y que bate record de ventas. Semanarios como Le Journal, su versión en árabe Assahifa, Tel Quel o El Ayan, también en árabe, son sus máximos exponentes. Otro récord de ventas, los semanarios de Ali Lmrabet, Demain y su versión árabe, Doumain, no podrán, al menos durante algún tiempo, ejercer libremente su sentido del humor.

Los citados medios están convidando a los marroquíes a nueva mirada sobre asuntos sociales hasta hace poco proscritos (como la prostitución, el sida, la explotación de niñas en el servicio doméstico o las madres solteras) y retranqueando las denominadas líneas rojas. Un ejemplo de ello, en una cuestión esencial para el futuro democrático de Marruecos , es la última portada del semanario Tel Quel, que celebra su número 100 dedicando un reportaje a la cuestión del Sáhara, consignando la enorme decepción de la población saharaui de la zona y refiriéndose a los desperfectos ocasionados por el régimen bajo Hasan II y Basri.

LA APUESTA POR LOS ACTORES EMERGENTES

En el complejo escenario que se ha expuesto, hay actores que disponen de más tiempo que otros. Los islamistas, el movimiento asociativo y la prensa independiente, parecen tener el tiempo a su favor, mientras que a Palacio, al Majzén y a los partidos políticos, debería apremiarles más. Por el momento, los únicos actores políticos que tienen capacidad para formular un proyecto de sociedad, cada uno en su ámbito, son el rey y los islamistas.

Pese a todos los problemas apuntados, sería injusto no valorar los cambios positivos que ha experimentado Marruecos durante los últimos años. Algunos ya señalados, como una mayor libertad de prensa o la gran labor del movimiento asociativo, llevan en su germen buenos augurios para el futuro.

Otros posibles cambios dependerán del apoyo que la monarquía recabe, con todas las limitaciones y turbulencias del sistema, de los actores progresistas emergentes, para ir maniobrando, como lo ha hecho con la reforma de la mudawana, hacia mayores cotas de liberalización, activando a la vez los resortes necesarios para la imprescindible recomposición de los partidos políticos e incorporando sabiamente a los islamistas que demuestren aptitudes democráticas. 

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