Lima-Bogotá: ¿eje emergente en la región andina?
Las relaciones de Perú con sus países vecinos parecen empeorar en los últimos tiempos. El último episodio, es el desencuentro con Bolivia por las declaraciones de su Presidente Evo Morales respecto de la política comercial peruana, algo que se suma al tradicional enfrentamiento con Chile por los límites territoriales, y que es consecuencia de la pérdida de las provincias de Arica, Tacna y Tarapacá por el Tratado de Ancón de 1883, que terminó con la Guerra del Pacífico (si bien la de Tacna fue recuperada por Perú con el Tratado de Lima de 1929). Ya en el año 2006, las relaciones con Venezuela se deterioraron por la intromisión de Hugo Chávez en la carrera presidencial peruana en apoyo al candidato del Partido Nacionalista Peruano, el izquierdista Ollanta Humala, frente al actual Presidente, Alan García. Sin embargo, los datos encontrados en el ordenador del dirigente de las FARC abatido en Ecuador, Raúl Reyes, sobre una posible presencia de la organización marxista en territorio peruano, parecen haber ido en el sentido de reforzar la colaboración con Colombia en la lucha contrainsurgente.
Parece que la política exterior peruana se dirige hacia la formación de un eje Lima-Bogotá que haga frente a los nuevos Gobiernos de izquierda que han surgido en los otros estados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Bolivia y Ecuador, además de Venezuela. Dentro de esta lógica se situarían el reforzamiento de la frontera común de 1626 kilómetros con el fin de evitar que guerrilleros colombianos pasen a territorio peruano y las declaraciones del ministro de defensa de Perú, Antero Flores Aráoz, en el sentido de que Colombia comprende la lucha peruana contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como Perú comprende la lucha colombiana contra las FARC. También se ha anunciado la creación de patrullas militares conjuntas en la frontera y la investigación por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú de las posibles conexiones de las FARC con el MRTA y, menos probablemente, con Sendero Luminoso.
El unilateralismo comercial de Perú es la principal causa de los desencuentros con Bolivia. Esta última acusa a Alan García de favorecer la desintegración de la CAN por el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado recientemente con Estados Unidos y por las negociaciones directas con la Unión Europea para llegar a un acuerdo similar. Bolivia, por contra, quiere que las negociaciones se hagan en bloque entre la CAN y la Unión Europea. Además, Evo Morales ha acusado al Gobierno peruano de aceptar, en esos TLC, la privatización de servicios públicos como el agua, algo que él considera como un derecho humano, a lo cual Lima ha respondido que no es cierto.
El emergente eje Lima-Bogotá puede acabar dirigiéndose también contra Chile, al que acusan de un gasto militar excesivo que ha llevado a un desequilibrio estratégico en el área. Las declaraciones del ministro peruano de defensa calificando de “injusticia” el gasto de 41 millones de dólares anuales por parte de Chile y Venezuela en armamento hacen temer un próximo rearme por parte de las fuerzas armadas peruanas, esto a pesar de que según los datos de la revista especializada Military Power Review, en 2006, Perú aparecía como la segunda potencia armamentística de Latinoamérica después de Brasil. Otro aspecto inquietante de la actual política exterior peruana es la llegada de tropas norteamericanas a la provincia de Huamanga, dentro de la llamada operación “Nuevos Horizontes 2008”; un programa cuyo supuesto fin es llevar a cabo proyectos humanitarios, construyendo escuelas, puestos de salud y pozos de agua. Sin embargo, el Partido Nacionalista Peruano ha denunciado que la finalidad real, dada la gran duración de la operación (hasta el próximo 10 septiembre) y teniendo en cuenta que la región de Ayacucho es la principal base de operaciones de Sendero Luminoso y los grupos de narcotraficantes, sería el establecimiento de una base norteamericana. También acusan al Gobierno de Alan García de aceptar el posible traslado a Perú de la base antidrogas que opera actualmente en el puerto de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, después de que el Gobierno del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, haya decidido que en 2009 se de por terminado el convenio por el cual funciona dicha basa aérea. Por supuesto, las declaraciones oficiales niegan ambas acusaciones.
Sin embargo, en el campo energético, la relación con Chile pretende ir en una dirección más pragmática (como indica el propósito de venderle gas natural de los yacimientos amazónicos de Camisea o electricidad generada a partir de dicho gas). La crisis energética a la que se enfrenta Chile después de que Argentina haya disminuido sus exportaciones de gas desde 2004 (llegando incluso a cortarlas algunos días), junto con la necesidad de rentabilizar la explotación de Camisea por parte de Perú, están en la base de esta decisión. Pero la cada vez mayor oposición interna a este proyecto (proviniente tanto de la izquierda del Partido Nacionalista Peruano como de la derecha del Partido Popular Cristiano) amenaza con dar al traste con la idea. El conflicto fronterizo marítimo entre ambos países que se está dirimiendo desde enero en el Tribunal Internacional de La Haya y la necesidad de ese gas para mantener el elevado crecimiento económico del país durante los próximos años son las principales causas de la oposición política y social al proyecto.
Precisamente en el conflicto fronterizo entre ambos países, los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara Baja de Chile acaban de realizar un acto de soberanía al visitar el denominado Hito 1, punto por donde Chile considera que pasa el paralelo que hace de frontera marítima (en contraposición a la opinión de Perú que considera que dicha frontera se debe formar con las líneas de base que parten del Punto de la Concordia situado en la costa). En cuanto a los acuerdos firmados en 1952 y 1954 sobre el tema, Perú mantiene ahora que en ellos sólo se trataron temas pesqueros y no fronterizos. Estas acciones unilaterales sólo pueden llevar a incrementar la tensión entre ambos en un momento en el que los nacionalismos están aumentando en los dos lados. Lo prudente sería esperar la decisión del Tribunal de La Haya, aunque, en la situación actual, no está claro que sea cual sea esa decisión, ésta vaya a ser aceptada por las dos partes.
La tensión peruana con otros países del entorno puede aumentar en el futuro con el fin de desviar una atención que ahora mismo está demasiado centrada en el incremento de los problemas internos. Esto parece ya augurarse con la intensificación de los ataques de los remanentes del Partido Comunista de Perú, nombre oficial de Sendero Luminoso, durante los últimos meses. Con la nueva estrategia del grupo maoista de cobrar a los narcotraficantes por la protección de los cultivos y las rutas de transporte y, por otro lado, de no atacar a los campesinos, sino sólo realizar actividades de concienciación con ellos, Sendero Luminoso ha conseguido aumentar sus efectivos desde los 200 que había en 1999 hasta los 800 estimados actualmente. La detención en ese año del lugarteniente de Abimael Guzmán, un purista ideólogico opuesto al tráfico de drogas por ser contrario a la revolución, supuso el punto de inflexión. Ahora los ataques se focalizan en contra de la policía, de la que han muerto, desde 2005, unos 40 agentes en emboscadas en el valle de Apurimac, epicentro de la actuación de Sendero Luminoso. Además, cada vez más miembros de los comités de autodefensa creados durante el mandato de Alberto Fujimori para combatir a las guerrillas se están pasando con sus armas a Sendero Luminoso debido al mayor sueldo que reciben en sus filas, fruto de su alianza con el narcotráfico. Por otro lado, en las ciudades, los senderistas liberados de la cárcel están comenzando a infiltrarse en sindicatos, partidos de izquierda y universidades, buscando con ello restablecer su red de apoyo social.
También la fuerte apreciación del nuevo sol frente al dólar está trayendo algunos problemas al país. Mientras el nivel de dolarización de la economía peruana alcanzó el 70% en el año 2000 a raíz de la hiperinflación del 7.500% que dejó Alan García durante su primer mandato de 1985 a 1990, ahora ha caído hasta el 30% debido a que la población se deshace de una moneda con menos valor cada día y a la ley de 2004 que obliga a fijar los precios en la moneda peruana. Esto está teniendo un efecto positivo sobre el control de la inflación, pero también está reduciendo el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos con el consiguiente riesgo de aumento del desempleo en los sectores agrícola y manufacturero, los más afectados por la depreciación de la moneda norteamericana.
Si Alan García no consigue reconducir estos emergentes problemas económicos y de seguridad, corre el riesgo de que su segundo mandato termine tan mal como el primero, además de constituir un aliciente para el incremento interesado de la tensión regional.