La hoja de coca en Perú: un conflicto a punto de estallar violentamente

(Desde Perú)
El investigador en nutrición, fitoterapia y medicina Alejandro Sacha, sostiene que “la hoja de coca es un alimento de extraordinario valor nutricional. Con sus catorce alcaloides es un excelente remedio contra la depresión, posee una vasta concentración de vitaminas y minerales, pero si la aislamos para quedarnos con tan sólo uno de sus alcaloides (la cocaína), el espíritu de la planta queda fraccionado y obtenemos resultados siniestros” (Sacha, 2003: 159). Los resultados siniestros a los que Sacha alude no sólo se dan en la salud del consumidor de cocaína. Sin ánimo de elaborar una lista cerrada de los problemas que la producción de cocaína conlleva, se puede mencionar, entre otros, las actividades ilícitas de mafias organizadas y grupos armados, la corrupción, la afectación del sistema financiero y la violencia social y política.

En Perú la violencia social y política nuevamente se vislumbra con fuerza en relación con este tema. A raíz de una nueva política iniciada por el gobierno central de lucha contra el narcotráfico, que pasa por la erradicación de gran parte de los cultivos de hojas de coca, grupos encabezados por dirigentes que asumen la representación de los campesinos cocaleros se han puesto en pie de lucha. Incluso cuentan con el respaldo de dos congresistas del Partido Nacionalista -liderado por Ollanta Humala, quien quedó segundo en las últimas elecciones presidenciales-, identificado con la política de Cuba, Bolivia y Venezuela. Según la congresista Elsa Malpartida “el gobierno de Hugo Chávez está brindando un financiamiento importante en apoyo a la reivindicación cocalera en el Perú” (Diario “La República”, 18/01/2007).

La politización del conflicto se da por la reivindicación del cultivo de la hoja de coca como parte del patrimonio cultural de estos pueblos de Sudamérica, algo que es reconocido incluso por una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, con todo lo provechoso que sería -para consumidores y productores- si se potencia su consumo a nivel mundial en productos beneficiosos para la salud y la nutrición (desde el champú hasta la pasta dental, pasando por la harina, el mate, las galletas, los caramelos, los chocolates, etc). Usos que no han sido desarrollados suficientemente ni cuentan con el apoyo de los países del norte, cuyas poblaciones consumen la mayor producción de cocaína, principalmente Estados Unidos. A ello se le suma el argumento de la revaloración de los derechos de los campesinos para salir de la pobreza y la precariedad en la que viven.

De otro lado, los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado por fomentar cultivos alternativos a los de la hoja de coca, o potenciar la industrialización legal, han sido muy pobres e insuficientes. Las cifras son contundentes: de cada diez hojas de coca que se cultivan, nueve van para el narcotráfico y sólo una para el consumo tradicional y la industrialización legal (DEVIDA: 2006). Desde el punto de vista económico, en América Latina se “lava” el dinero proveniente del narcotráfico en un rango que oscila entre el 2,5% y el 6,3% del Producto Interno Bruto. En Perú ese rango alcanza los 12.096 millones de Nuevos Soles (aproximadamente 3.024 millones de euros) (Diario El Comercio, 31/03/2007).

La decisión tomada por el gobierno de radicalizar su lucha contra el narcotráfico, comenzando por la erradicación de los cultivos y las pozas de maceración, responde -según los dirigentes cocaleros- a la presión de Washington. Aunque esto no se pueda probar, parecería ser cierto dada la orientación de las últimas medidas adoptadas por el gobierno, en las que -sin decirlo abiertamente- se abandona la política de cultivos alternativos y de impulso a la industrialización legal y al consumo tradicional, y se vira de la política de diálogo que se venía dando con los cocaleros hacia el enfrentamiento militar.

El tono de las declaraciones de las autoridades gubernamentales no está siendo precisamente tranquilizador. Hace unos días, el Presidente Alan García sugería la posibilidad de bombardear con aviones militares las pozas de maceración para la elaboración de la pasta básica de cocaína, varias de ellas escondidas cerca de viviendas y cultivos de los campesinos cocaleros. En la misma línea, el Ministro de Defensa ha dicho que “las fuerzas armadas tienen capacidad operativa para intervenir en la lucha antidrogas; esta intervención será muy profesional y quirúrgica, porque se respetarán los derechos humanos de las poblaciones adyacentes a las pozas de maceración, que de todas maneras serán destruidas” (Diario El Comercio, 08/04/07).

Bajo este panorama, y con el lema de “coca o muerte”, dirigentes cocaleros, junto con algunos alcaldes, han iniciado una dura acción de protesta, acompañada de una huelga en la zona, e incluso se ha informado de intervenciones a dos puestos policiales en las zonas de cultivo, y del asesinato de un representante del gobierno implicado en los programas de erradicación de cultivos. Para un sector de la opinión pública existiría ya un pacto entre los dirigentes cocaleros con el narcotráfico, y con remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, que operarían en piquetes fuertemente armados en la región de cultivo. Aunque tal afirmación no se puede comprobar, lo cierto es que estos tres grupos tienen un objetivo común: impedir la erradicación de los cultivos.

Para el analista Jaime Antezana “estamos ante el inicio de un nuevo conflicto armado, la guerra por la coca” (Programa televisivo “ La Ventana Indiscreta ”, 16/04/07). Quizá no sea descabellada la idea, puesto que parte del empoderamiento que vienen logrando los cocaleros en Perú se basa en el carácter reivindicativo del cultivo mencionado anteriormente y en la posibilidad de enfrentar la situación de pobreza y exclusión social en la que vive la mayoría de este sector del campesinado, que tiene en el cultivo de la hoja de coca un medio de supervivencia.

Es menester, pues, no sólo estar atentos al desenlace de los hechos, sino principalmente desarrollar un esfuerzo que permita reenfocar este conflicto, entendiendo que no se trata solamente de un problema policial-militar, sino que abarca otros factores de muy diversa índole. Existen dos posiciones radicalizadas que parecen imposibles de conciliar a corto plazo. El conflicto violento no está descartado, pero aún hay tiempo para evitarlo si se activa la voluntad política necesaria para ello .