Artículo escrito por Marta Prieto y entrevista realizada por Sara Lorente (periodista de El País) a André Guichaoua.

Hablar de la realidad ruandesa es doloroso; y el intento de resarcir legalmente el sufrimiento vivido durante el genocidio fue, y sigue siendo, una tarea complicada. No obstante, desde el 8 de noviembre de 1994 –fecha en la que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pone en marcha el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)–, éste ha sido el objetivo principal de la comunidad internacional.

Con sede en la ciudad de Arusha (Tanzania), el TPIR ha intentado contribuir al proceso de reconciliación nacional en Ruanda y al mantenimiento de la paz en la región. Sin embargo, el enjuiciamiento de los responsables del genocidio y de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país en 1994 se ha convertido en un proceso tedioso, lento y complicado de ejecutar.

Como balance de lo acontecido hasta el momento, desde enero de 1997 –año en el que se celebra el primer juicio–, hasta diciembre de 2012, de las 92 personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, 49 han sido declaradas culpables y condenadas; 2 casos han sido retirados y 10 transferidos a jurisdicciones nacionales (2 a Francia y 8 a Ruanda). Entre los acusados, 2 fallecieron antes de la finalización de sus juicios; 14 fueron absueltos y 9 siguen sin haber sido detenidos. A fecha de abril de 2014, 12 casos se encuentran aún en fase de apelación.

Justicia comunitaria tradicional

Con el objetivo de buscar una solución al hecho de que miles de implicados en el genocidio seguían sin ser juzgados y con el fin de lograr una reconciliación desde las bases sociales, el Gobierno de Ruanda restableció en el año 2001 el sistema de justicia comunitaria tradicional denominado "Gacaca".

A través de este sistema, los nuevos Tribunales "Gacaca" combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios tradicionales. Desde el inicio de su funcionamiento en 2005, un total de 12.000 tribunales comunitarios han realizado más de 1,2 millones de juicios en todo el país. Sin embargo, aunque los Tribunales "Gacaca" lograsen resolver el cuello de botella en el plano jurídico, cuentan con limitadas garantías procesales.

La controversia de la situación radica en que, por un lado se han alcanzado –entre otros logros–, una aceptación mayoritaria de los juicios rápidos con participación popular, una reducción de la población carcelaria, una mejor comprensión de lo que ocurrió hace 20 años o una mayor relajación de las tensiones étnicas. Pero, por otro lado, en ocasiones se ha tenido constancia de una amplia gama de violaciones al derecho a un juicio justo.

Los procesos de paz en Ruanda desde una visión experta

El pasado 8 de abril tuvo lugar en La Casa Encendida la última sesión del ciclo "Ruanda, 20 años después"; organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF). En la jornada que llevaba como título el lema "De la guerra al genocidio" estuvo presente como conferenciante principal André Guichaoua, especialista de la región de los Grandes Lagos y testigo directo del genocidio.

En su ponencia, Guichaoua hizo un doble repaso a las consecuencias del genocidio. Por un lado, en el plano jurídico, analizó los dos sistemas que se llevaron a cabo para poder juzgar a los participantes en las atrocidades cometidas durante la masacre de 1994 y poder avanzar así en la reparación de las víctimas. En el plano político se refiere, habló sobre los nuevos enfoques que las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas realizan basándose en la experiencia ruandesa.

Desde su experta visión como participante en varios procesos del TPIR, Guichaoua aseguró que "las cicatrices provocadas por el genocidio están aún sin cerrar" y que "hablar del país siempre supone un reto doloroso". En la siguiente entrevista realizada por Sara Lorente (periodista de El País), Guichaoua analiza en mayor profundidad los diferentes procedimientos realizados y hace un balance sobre lo acontecido en Ruanda.

Pregunta— En una atrocidad como la ocurrida en Ruanda, con tantos miembros del Gobierno implicados y tan pocos testigos imparciales ¿Cómo se puede juzgar?

Respuesta— En el caso de Ruanda, casi siempre hubo testigos directos. El problema es el nivel de credibilidad que tengan sus versiones y lo correcta que sea su memoria. Una situación que, tras 20 años, cada vez se vuelve más crítica.

De hecho, en el vis a vis con las personas que durante el genocidio ocuparon altos cargos, o con los principales responsables de la toma de decisiones, el establecimiento correcto de los hechos ha sido siempre muy difícil. Sobre todo cuando ha sido necesario aclarar cuál era la cadena de mando o demostrar el grado de responsabilidad de los imputados en la comisión de delitos.

P.— ¿Cuál es la principal diferencia entre una sentencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y una por Tribunales "Gacaca"?

R.— Los TPIR juzgan solamente crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio. Su misión es principalmente perseguir y juzgar a los altos responsables de los crímenes cometidos.

P.— En su conjunto, ¿cuál es el balance del proceso realizado por TPIR?

R.— El TPIR fue creado por la ONU en 1994 con el fin de juzgar a los máximos responsables de genocidio. Con sede Arusha (Tanzania), el TPIR ha juzgado a dos tercios de los que fueron los principales actores del genocidio. Sin embargo, el procedimiento aún se está ultimando y todavía se encuentran, por lo menos, tres fugitivos importantes en libertad.

Como balance diría que ningún fiscal realmente estaba dispuesto, o era capaz, de juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el conflicto. La justicia internacional ha debilitado el mensaje que llevaba en los términos de la independencia, la equidad y la lucha contra la impunidad. Se han cometido graves violaciones de la democracia y la paz que persisten en los diversos países de la región. Es lamentable.

P.— A su juicio, ¿qué pasos importantes ha marcado este Tribunal?

R.— Como académico y como un testigo experto de la fiscalía durante quince años, diría que en el TPIR no estaba en duda solamente el "por qué" de este genocidio, sino que se debía responder también al "cómo". Cómo, cuándo y quién decidió que se realizase. Quién mató, cómo lo hizo y quiénes fueron asesinados. Bajo qué órdenes se realizó la masacre, cuáles fueron las razones, mediante qué medios y con qué tipo de apoyos, etc.

La Historia evidencia que la determinación de las claves de la masacre se ha centrado en establecer lo más objetivamente posible cómo fue la realidad del pasado desde diferentes posturas; de acuerdo con los grupos de interés y de los individuos implicados. No obstante, después de muchos años de trabajo de campo, puedo decir que las sentencias judiciales emitidas maquillan una historia dolorosa y compleja.

Los recuerdos cuentan ahora que la guerra y el genocidio no son propias de una maldición histórica, de un continente o de una conspiración internacional. Son el resultado de los pedazos de muchos individuos que, en su mayoría, han sido procesados, detenidos, juzgados y condenados. Es aquí donde probablemente resida la principal lección extraída de la tragedia de Ruanda.

P.— ¿Cuánto tiempo más durará la acción del TPIR?

R.— Desde 2012, los Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda) han cesado su actividad. Ahora, "un mecanismo residual" es el responsable de cerrar todas las tareas y juicios pendientes. El TPIR debe cerrar sus puertas a finales este año.

P.— ¿Cómo evalúa el proceso judicial que se ha realizado hasta el momento en Ruanda?

R.— La competencia internacional se ha encargado de poner fin a la impunidad en una región afectada por masacres recurrentes cometidas por los poderes del Estado, la rebelión armada o las fuerzas de la oposición. Su mandato cubre así los crímenes más graves cometidos durante 1994: los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio.

El TPIR tuvo que calificar, identificar y juzgar a los autores potenciales del genocidio. Por primera vez en el continente se han implantado éstas jurisdicciones como nacionales. El TPIR ha abierto el camino: la fiscalía, los jueces y el personal correspondiente han encontrado a los autores principales del genocidio. Se ha creado un precedente y se han establecido los niveles básicos de exigencia en la justicia y la verdad. Desde entonces, otras masacres acontecidas en África han sido sometidas al enjuiciamiento internacional; y ahí está la clave.