Estado de prevención en Guatemala 100 días después de la toma de poder de Álvaro Colom

(Desde Guatemala)
El pasado 7 de mayo, sólo unos días después del fin del tradicional período de 100 días de gracia, el primer gobierno socialdemócrata de Guatemala, presidido por Álvaro Colom, ha tenido que recurrir a la declaración del estado de prevención en todo el país, situación previa al estado de excepción, y en el que se prevé la limitación en los derechos de huelga,  manifestación y portación de armas, así como la intervención de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.  La causa ha sido el bloqueo de las principales arterias del país por los transportistas pesados de mercancías en protesta por las limitaciones para su paso por la capital.

El citado bloqueo llevó a la falta de oxígeno en los centros hospitalarios y a una psicosis por parte de la población debido a la falta de combustible en las estaciones de servicio. Largas colas se veían en las gasolineras durante los días anteriores a la declaración del estado de prevención, así como el comienzo de cortes de electricidad debido a la falta de búnker para el funcionamiento de las centrales térmicas. Aproximadamente el 80% de las gasolineras tuvieron que cerrar por la falta de combustibles, mientras que las pocas que todavía lo tenían subieron su precio un 25%.

Con un sistema viario colapsado por la recurrente falta de inversión de los gobiernos neoliberales que han dominado el país desde el fin del conflicto armado interno hace más de una década la mayor parte de los transportes pesados de mercancías deben pasar por el centro de la capital para comunicar el sur con el norte o el este con el oeste de Guatemala. El proyecto de construcción de una anillo periférico duerme en los cajones de las sucesivas administraciones sin que ninguna se haya atrevido a sacarle a concurso público.

Pero no es éste el único problema que debe enfrentar el nuevo gobierno. La imparable subida del precio de los combustibles está llevando al transporte público de pasajeros a un callejón sin salida. Con las conversaciones entre el gobierno y las diferentes asociaciones del transporte urbano e interurbano estancadas y con una amenaza de subida unilateral de las tarifas de los autobuses en un 425%, de 1 a 4.25 quetzales, la población teme un estallido social de consecuencias impredecibles debido a la imposibilidad de acudir al trabajo sin esa subida se produce. La complicada estructura urbana de Guatemala, hace que la mayor parte de la población tenga que tomar 2 ó más autobuses para llegar a sus trabajos todos los días.

Los empresarios del transporte colectivo se niegan a la prórroga del actual sistema de subsidios al gasoil y optan por la liberación total del precio de los billetes. El gobierno reconociendo que con las actuales tarifas es imposible el mantenimiento de las unidades del transporte opta por una posición intermedia en la que una subida moderada del precio de los billetes se combinaría con un incremento en los subsidios. Sin embargo, el problema de la corrupción generalizada en Guatemala, hace que, según algunos analistas, la mitad de ese subsidio vaya a parar a unidades que realmente no circulan por las calles, engrosando, así, el bolsillo de los empresarios.

Junto con el problema del precio de los combustibles, el de los asaltos continuos en los transportes públicos ha convertido la profesión de conductor y cobrador en la más arriesgada del país. Una semana después de la toma de posesión de Álvaro Colom como presidente del país el pasado 14 de enero, una serie de asesinatos de 8 conductores de autobús en un sólo día desató el pánico en el sector. Aunque todas las semanas es asesinado algún conductor o cobrador, la diferencia esta vez estaba en que los atentados parecían claramente coordinados por lo que se pensó en que podía haber una finalidad política de presión al nuevo gobierno. Sin embargo, la omnipresente extorsión a empresarios de autobuses parece la explicación más plausible. También el asalto a los viajeros de los autobuses es una práctica que se ha incrementado, llegando al increíble número de unos 200 autobuses asaltados al día en la Ciudad de Guatemala. En muchos casos, estos asaltos colectivos terminan con la muerte de personas en tiroteos entre los asaltantes y algún pasajero armado que les hace frente. Esto hace que la mayor parte de los ciudadanos no sepan si van a volver cada día vivos a casa de su trabajo.

Como resultado, el gobierno tuvo que poner en práctica un plan de seguridad en el que el ejército se desplegó en las paradas y en el interior de los autobuses, registrando aleatoriamente a los pasajeros. La población confía más en los soldados que en la corrupta Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca, frecuentemente aliada con los grupos del crimen organizado, como demuestran las continuas depuraciones de elementos policiales.

Desde la llegada del nuevo gobierno cientos de policías han sido despedidos de sus puestos, incluyendo al jefe y otros altos mandos de la PNC. Esta política de depuración está engrosando las filas de las bandas criminales, ya que la mayor parte de esos policías acaba ingresando en ellas debido a los contactos que ya tienen en su interior y al conocimiento en el manejo de las armas y del funcionamiento de la policía. Algunos analistas temen que el despliegue del ejército acabe por contaminar también a éste. De hecho, algunos grupos de narcotraficantes ya contratan para su seguridad a miembros del cuerpo de operaciones especiales conocido como los “kaibiles”, que tiene sus bases en la selva del Petén. Este cuerpo es famoso por haber sido el más efectivo de Centroamérica en la lucha contrainsurgente durante las guerras que azotaron el istmo en los años 80 del siglo pasado. Incluso los narcos mexicanos han encontrado en este cuerpo una cantera de sicarios a su servicio como han demostrado varias redadas llevadas a cabo en México durante el último año.

A pesar de la voluntad de Álvaro Colom de resolver los endémicos problemas de Guatemala, la realidad parece imponerse desde su misma llegada al poder y hacer bastante inútil la actividad gubernamental en un país donde el estado está a punto de fracasar en su labor de organizar la sociedad, brindándole seguridad y una vida digna.