España, sexto exportador mundial de armas
La exportación española de equipo, material y armamento se incrementó el pasado año en un 44%, según el informe presentado en el Congreso por la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, a principios del pasado mes de junio. El volumen total acumulado se eleva a los 1.346 millones de euros, lo que sitúa a España en la sexta posición a nivel mundial, en un proceso que, en las últimas dos legislaturas, se ha triplicado.
La exportación española de equipo, material y armamento se incrementó el pasado año en un 44%, según el informe presentado en el Congreso por la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, a principios del pasado mes de junio. El volumen total acumulado se eleva a los 1.346 millones de euros, lo que sitúa a España en la sexta posición a nivel mundial, en un proceso que, en las últimas dos legislaturas, se ha triplicado.
Según Iranzo -Presidenta igualmente de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)- las ventas siguen los criterios marcados por la Ley 53/2007, basados fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, la abstención de venta a países sometidos a un embargo internacional, que estén en conflicto abierto o latente, o que no ofrezcan garantías suficientes de que el material adquirido no vaya a ser empleado con fines de represión interna. Aunque hay que valorar positivamente el mayor nivel de información y transparencia en el último informe ofrecido por el Gobierno, diversas organizaciones no gubernamentales reiteran que el nivel de cumplimiento de la citada ley dista de ser pleno.
En esa línea crítica, Amnistía Internacional, Fundación per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han hecho llegar recientemente a la Secretaría de Estado de Comercio su preocupación por el acuerdo establecido en 2009 entre la empresa española Aries Ingeniería y la israelí Goldtech Technologies, por entender que podría suponer el primer paso para la venta de «tecnología e ingeniería de aviones no tripulados» y «catapultas de lanzamiento». En la citada comunicación se resaltaba asimismo la inquietud que plantean las ventas a destinos como Marruecos, Colombia, Guinea Conakry, Sri Lanka o Tailandia. Lo mismo cabe decir del hecho de que España hubiera vendido armamento ligero a Israel, tan solo seis meses antes de la Operación «Plomo Fundido» contra la Franja de Gaza, por un valor de más de 1,5 millones de euros en pistolas, ametralladoras, fusiles, cámaras y equipos de infrarrojos, entre otros artículos.
En respuesta a la inquietud mostrada por algunos de los destinos preocupantes, Iranzo esgrimió que no sólo se venden armas como tal, sino también equipamiento no armado o complementos para industrias automovilística, petrolífera y gasística. En este sentido, aclaró que la venta a países como Marruecos o Venezuela no son utilizados con fines de represión interna, aunque las citadas organizaciones entienden que es necesaria una mayor transparencia en la información sobre todo el proceso para poder tener esa seguridad.
Especial controversia plantea la venta de material a Marruecos, ante la creciente percepción de que este país ha incrementado el nivel de violación de los derechos de la población saharaui. Como respuesta a esta preocupación, varias organizaciones españolas de defensa de la población saharaui han puesto en marcha un proceso judicial contra del gobierno español por su comercio armamentístico con Marruecos. En concreto, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) interpusieron el pasado 30 de junio un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Secretaría de Estado Comercio de paralizar la denuncia presentada anteriormente- en abril- contra el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para frenar las autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos.
Como mínimo apunte de cierre, no dejan de resultar chocantes los datos aportados por el informe, en un contexto de crisis económica mundial y de debilitamiento global de las exportaciones españolas de bienes y servicios. Por otra parte, y aún apreciando la mejora registrada en la información dada a conocer a la opinión pública desde la aprobación de la citada Ley, en diciembre de 2007, sigue pendiente lograr un consenso amplio y transparente que despeje definitivamente las dudas sobre algunos procedimientos y destinos. Es una asignatura pendiente que a todos nos debería interesar aprobar cuanto antes.
