El caso Fujimori: un reto del Perú ante el mundo
(Desde Perú)
«¡Japón, Japón, devuelve al ladrón!» o «¡Chile, vecino, devuelve al asesino!», son proclamas que han venido repitiendo familiares de las personas desaparecidas y asesinadas durante el régimen de Alberto Fujimori frente a las embajadas de éstos países en Lima. Siete años después de haber huido y autoexiliarse en Japón, el ex-gobernante se enfrenta hoy a lo que podría ser un juicio pionero en la historia de los derechos humanos para nuestro país y la comunidad internacional, aunque hay elementos que conviene analizar, ya que están generando dudas sobre el desenlace del mismo.
El régimen fujimorista fue una dictadura revestida con formas democráticas que se apoderó del Perú entre 1990 y 2000, año en el que un video descubrió la podredumbre de este régimen plagado de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Ahora parecen hechos anecdóticos los protagonizados por Fujimori después de la caída de su Gobierno:
– Renuncia por fax a la Presidencia de Perú desde Japón.
– Intento frustrado de postular a las últimas elecciones presidenciales de Perú (haciendo una escala en Chile que se hizo muy larga y adversa en el resultado).
– Participación en las últimas elecciones al parlamento japonés mientras estaba en condición de extraditable.
– Una vida de opulencia que en los últimos años ha pretendido justificar aduciendo que el dinero que tiene es de su novia y de otros buenos amigos…
Lo que no debe pasar desapercibido, es la asolapada protección prestada por el Estado Japonés, que negó todos los pedidos de extradición al Perú de su súbdito Fujimori, dándole cobijo casi con complicidad. Por el contrario, la corte suprema de Chile falló por unanimidad a favor de la extradición por siete expedientes (dos de ellos vinculados respectivamente a violaciones de derechos humanos que se consumaron en las matanzas de inocentes en los ya famosos casos de La Cantuta y Barrios Altos y al secuestro de un periodista por miembros del ejército). Junto a ellos, se le juzgará por otros cinco sobre corrupción.
En cuanto a los casos sobre derechos humanos, la sentencia de extradición es contundente cuando se refiere al nexo entre los hechos y la participación de Fujimori como posible autor secundario de los mismos, recogiendo lo que en doctrina jurídica internacional se conoce como la teoría del dominio del hecho o dominio de la acción (que en términos concretos significa que se procesa y condena no solamente al autor directo de un crimen, sino también a quien en está en la dirección o posición dominante de una estructura organizada, bajo cuya dirección se comete este delito, mas allá que el autor directo pueda ser una u otra persona).
Esta teoría, enunciada por el jurista Roxin, ha ido cobrando fuerza en los últimos tiempos. Un ejemplo es el del Tribunal Supremo Alemán, que en una sentencia fechada el 26/7/94, aplicó este criterio para condenar a tres integrantes del Consejo Nacional de Defensa de la Ex-República Democrática Alemana. A los tres se les imputaron cargos por los asesinatos de nueve personas que, entre 1971 y 1989, quisieron saltar el muro de Berlín y que acabaron siendo abatidos por miembros del ejército que cumplían órdenes directas suyas. Este razonamiento es trascendental de cara a poder juzgar en el futuro a jefes de Estado que violen derechos humanos y que quieran ampararse en la defensa de que no ordenaron directa y específicamente asesinar a determinadas personas.
El fallo de la corte chilena inculpa a Fujimori como posible autor mediato de los crímenes, cuando se refiere a las actividades del grupo paramilitar denominado “colina”. Estableciendo literalmente con ello que:
“Es posible entender que hay indicios claros de que Alberto Fujimori propició la creación de un organismo especial dentro de las Fuerzas Armadas para realizar operaciones contra personas sospechosas de subversión, o contra enemigos ideológicos del régimen, estando el requerido en antecedentes de la existencia y finalidad del grupo Colina y de las acciones que se llevaban a cabo por el mismo grupo. Esto se demuestra por los premios, ascensos y condecoraciones otorgadas por Fujimori a los integrantes de este grupo y porque muchas personas lo vieron dar órdenes a Montesinos.”
El fallo encuentra sintonía con la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), que se constituyó en Perú para investigar los hechos ocurridos durante más de veinte años de conflicto armado interno. Esta comisión señala lo siguiente en su Conclusión Nº 100: » La CVR posee indicios razonables para afirmar que tanto el presidente Alberto Fujimori, como su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres, que fueron perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado ‘Colina’.”
Auque no es el primer caso en Latinoamérica en que se extradita a un ex-presidente (los casos de Pérez Jiménez en Venezuela y García Meza en Bolivia le anteceden), resulta importante porque los anteriores eran dictadores típicos y no aparentaban constitucionalidad en sus mandatos, como si ha ocurrido en Perú. Asimismo, el hecho de juzgar a un ex-gobernante en su país, o por una corte internacional (como el caso de Milosevic o el de Taylor) indica un avance en el largo camino que deberemos recorrer para lograr un control adecuado del poder y que se sancione efectivamente a los gobernantes que permitan prácticas que atentan contra los derechos humanos.
Lo que debe quedar claro es que la extradición de Fujimori se produjo sin la colaboración del actual gobierno, que aduciendo neutralidad, no se involucró ni impulsó el proceso. Ronald Gamarra, ex procurador anti-corrupción del Estado Peruano en este caso, ha señalado que la extradición se ha logrado “a pesar de la gestión del gobierno actual, que no ha apoyado la misma, ni política, ni administrativa, ni diplomáticamente” (Programa televisivo “Cuarto Poder”, América Televisión, 23/09/07).
Las razones para que el gobierno del presidente Alan García hiciese muy poco por extraditar a Fujimori son dos principalmente: la primera radica en la alianza existente entre su partido y los fujimoristas, que le permite contar con trece votos en el congreso, y que se ha venido haciendo evidente a la hora de las votaciones y los discursos. La segunda razón gira en torno a la imprescriptibilidad de los delitos que implican violaciones de los derechos humanos y la posibilidad de que en un futuro el actual presidente peruano, corra la misma suerte que Fujimori.
Recordemos que en Accomarca, en 1985, el ejército masacró a 62 personas, de la cuales 23 eran niños. En 1986, más de 118 reos miembros de grupos subversivos fueron ejecutados tras sofocarse un levantamiento en el establecimiento penal de “El Frontón” en Lima; y en 1988, decenas de campesinos fueron asesinados también por el ejército en la localidad de Cayara. Al actual presidente no se le ha podido probar culpabilidad sobre éstos hechos hasta ahora, pero ocurrieron bajo su primer mandato y no se puede descartar del todo que pueda aparecer alguna prueba que le implique en los procesos. Sumado a ello, un conspicuo líder de su partido, Agustín Mantilla, estuvo hasta hace meses en prisión por haber recibido dinero sucio de Montesinos, ex-asesor de Fujimori. Y aunque Mantilla fue expulsado del partido (porque él dijo que recibía el dinero en nombre propio), existe aún un manto de duda en el asunto.
Así, podemos plantearnos hasta tres escenarios en los que puede desarrollarse el juzgamiento. El primero de ellos es un escenario jurídico o de derecho, que sería el ideal y por el que debemos luchar todos; la comunidad internacional incluida. Un escenario que implicaría el seguimiento activo del proceso de juzgamiento (de parte tanto de la sociedad civil como del gobierno), sin ejercer presión ni interferir en la labor del poder judicial, pero garantizando la protección a los testigos, jueces y fiscales. Se buscaría, dentro de todo este proceso, la independencia de los procuradores del Estado para que enfoquen el tema sólo desde el plano judicial. Además tendría que haber una despolitización del asunto, en la cual sería saludable que el gobierno terminara su alianza con el “fujimorismo” y buscara nuevos aliados democráticos.
Un segundo escenario, que es el más peligroso por ser difícil de percibir en la opinión pública, es el del manejo jurídico-político y el de la componenda soterrada. En él se presionaría al poder judicial y se dilataría el proceso de tal forma que podría politizarse poco a poco, dándose salidas híbridas que buscarían contentar a todos y que serían atentatorias al derecho (como una “cárcel dorada” con condenas menores). También podría convertirse en un proceso dilatado, que acabaría en un arresto domiciliario tomando como coartada la “delicada” salud de Fujimori, la cual ya “empezó a complicarse” apenas aterrizó en Lima…. algo que a todos nos hará recordar lo ocurrido con Pinochet en Chile.
El tercer escenario sería el de la politización total del proceso. En él nos encontraríamos con la presencia de un Fujimori procesado que rápidamente se convertiría en un símbolo de lucha para sus seguidores, a quienes inspiraría a tomarlo como adalid político, para presionar al poder judicial y al gobierno. Estos seguidores encabezarían una nueva y feroz oposición al régimen de García (que ahora navega en un mar tranquilo en ese aspecto) y empujarían al país la inestabilidad y la posterior libertad del extraditado por jueces presionados o corrompidos. Así, quedaría listo para postular en las próximas elecciones -que es poco probable- o para endosarle los votos a su hija, que ahora es parlamentaria y se perfila como candidata por el “fujimorismo” en las próximas elecciones presidenciales en el año 2011.
La responsabilidad del poder judicial se verá ahora. Es la oportunidad para reestablecer la confianza de los peruanos en sus fallos, ya que los ojos de la comunidad global también estarán atentos. Y es que estamos ante un caso que puede sentar un precedente importantísimo para el derecho y la institucionalidad del país o, por el contrario, sumirnos en la ignominia internacional. Los jueces tienen la palabra.
