Crisis invisible: Myanmar
Contexto político
Birmania obtuvo su independencia del Reino Unido en el año 1948, momento en el que se produjo una sublevación comunista que llevó al poder a U Nu. Sin embargo, su mandato se vio debilitado por las luchas internas, la violencia y la expansión de las insurgencias. Por ello, en 1958 el general Ne Win dio un golpe de estado imponiendo así el régimen militar que gobierna el país desde 1962. Se derogó la anterior constitución de 1947, se estableció una República Comunista cada vez más aislada de las influencias externas, se radicalizaron las políticas económicas y sociales, se prohibieron los partidos políticos (excepto el partido de Ne Win, el BSPP, quedando así como partido único), se tomó el control de todos los medios de comunicación y de las publicaciones, y se abolieron los consejos étnicos establecidos tras la constitución de 1947 disolviendo los gobiernos locales.
Con este contexto de fondo, el 8 de agosto de 1988, se produjo lo que se conoce como el Levantamiento 8888 (8-08-1988), una serie de protestas iniciadas por los estudiantes en Rangún que reclamaban mayor apertura política del país, y que rápidamente se extendieron por todo el país. Tras una brutal represión del ejército, que causó miles de muertos entre los manifestantes, el levantamiento acabó un mes después mediante un golpe de estado que finalizó con el establecimiento del Consejo para la Restauración del Orden y la Ley del Estado (SLORC), con el general Saw Maung a la cabeza. Esta nueva dictadura militar iniciaba su gobierno en 1989 cambiando el nombre de «Birmania» por el de «Unión de Myanmar», y aunque esta nueva denominación tiene el reconocimiento de Naciones Unidas y de la Unión Europea, algunos gobiernos occidentales –como es el caso de EE UU o Gran Bretaña- siguen refiriéndose al país por su antiguo nombre. El BSPP desapareció para dar paso al NUP (Partido Unitario Nacional).
En 1990 se celebraron las primeras elecciones libres –en las que se presentaron 93 partidos políticos y una participación superior al 72%- desde 1962 con la victoria del partido NLD (Liga Nacional por la Democracia) liderado por Aung San Suu Kyi. Sin embargo, tras el inesperado resultado, la junta militar anunció su continuidad en el poder y arrestó a la líder del NLD, así como a otros líderes de la oposición.
En el año 2003, el gobierno anunció la puesta en marcha de una hoja de ruta hacia la democracia que incluía, entre otros aspectos, la elaboración de una nueva constitución y la celebración de elecciones. Sin embargo, no se hablaba de ninguna fecha concreta, y por esto, esta iniciativa ha sido criticada por intentar ser más un «lavado de cara del régimen» hacia el exterior, más que una voluntad política de cambio.
A finales del verano de 2007 se produjeron una serie de manifestaciones en Rangún –conocidas como «la Revolución del Azafrán» que recordaban al Levantamiento 8888- en contra de la medida del gobierno de aumentar el precio del combustible y del transporte. A la cabeza de estas manifestaciones –secundadas por gran parte de la población- estaban los monjes que, a pesar de realizar una protesta pacífica, sufrieron la gravísima represión del gobierno. El motivo inicial evolucionó hasta convertirse en una manifestación por el cambio social y político, la democracia en Birmania, en contra de la dictadura de la Junta militar, y donde se apoyaba a la líder de la oposición Aung San Suu Kyi.
En 2008, con el ciclón Nargis como telón de fondo, la Junta celebró un referéndum, lleno de irregularidades y cuyos resultados son poco creíbles, en el que se aprobaba una nueva constitución. Este resultado no crea más que decepción, desilusión e indiferencia entre la población birmana: los militares tendrán más poder político; las autonomías étnicas se verán más limitadas; de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en 2010 quedarán excluidos de participar Aung San Suu Kyi –que ha vuelto a ser condenada a 18 meses de arresto domiciliario, que se suman a los más de 13 años que lleva en esta situación-, exiliados políticos, activistas, opositores al régimen y miembros de órdenes religiosas, entre otros.
Contexto Humanitario
En mayo de 2008 el ciclón Nargis de categoría 4 arrasó la región del Delta del Irrawaddy (en el sudoeste de Myanmar), con vientos de hasta 200km/h, convirtiéndose en la peor catástrofe natural después del tsunami de 2004. Se estima que más de 140.000 personas murieron o desaparecieron. Más de 800.000 personas se vieron obligadas a desplazarse y los 2,4 millones de supervivientes perdieron a miembros de sus familias, sus tierras, sus hogares, sus medios de vida, etc. Asimismo, los daños sufridos en las infraestructuras eléctricas, de comunicación, de transporte, sanitarias y educativas fueron críticos.
La respuesta inicial del gobierno birmano fue claramente inadecuada ya que fracasó en su operación de socorro: la previsión y preparación ante el desastre fue muy deficiente; la llegada del ejército y las autoridades locales a las zonas más afectadas tardó demasiado; la distribución de alimentos y otros materiales de socorro eran insuficientes, etc. En este momento, en el que todos los recursos del país eran necesarios para socorrer a las víctimas, el gobierno birmano decidió seguir adelante con el referéndum constitucional.
Si la respuesta del gobierno fue inadecuada, mucho peor fue su actitud con las agencias internacionales y los donantes privados. Aunque la Junta hizo un llamamiento de ayuda internacional, la realidad que encontraron los trabajadores humanitarios fue mucho más compleja: denegación de visados, excesivos trámites burocráticos, accesos bloqueados y restringidos (especialmente a las zonas más afectadas), controles militares, impedimentos para la entrada de la ayuda dentro del país, etc. Deliberadamente, el gobierno birmano impidió la llegada de la ayuda internacional y dificultó sistemáticamente la labor de las agencias y trabajadores humanitarios –además de prohibir el acceso de los medios de comunicación internacionales a cualquiera de las zonas afectadas por el ciclón-. Tres semanas después del ciclón, Ban Ki-moon anunció que sólo una cuarta parte de los 2,5 millones de personas más afectadas habían recibido ayuda.
Esta actitud del gobierno birmano provocó reacciones de rechazo, condena y protesta por parte de la Comunidad Internacional: una actuación diferente habría podido salvar numerosas vidas. Sin embargo, desde muchos gobiernos occidentales se cayó en la trampa de mezclar lo humanitario con lo político –usándose como moneda de cambio para obtener cambios políticos-.
Un año después de la tragedia, la ONU ha llamado la atención de la comunidad internacional ya que todavía hay «necesidades considerables», las más básicas centradas en la construcción de viviendas ya que más de dos millones de personas siguen sin hogar. Los supervivientes apenas han recibido una décima parte de la ayuda con la que contó la región indonesia de Aceh tras el tsunami del 2004 . La ayuda internacional proporcionada hasta ahora no es suficiente para reconstruir las zonas dañadas y dotar al país de medios de prevención ante futuros huracanes. 100.000 familias necesitan todavía ayuda para que sus hogares resistan la temporada de monzones de este año .
Las gravísimas consecuencias del paso del ciclón Nargis han tenido como aspecto positivo la llegada de un periodo sin precedentes de cooperación entre el gobierno birmano y la comunidad internacional humanitaria. Algunos factores internos, la presión internacional y regional –la labor de la ASEAN ha sido de particular importancia- y las acciones diplomáticas han dado su fruto haciendo posible trabajar en asuntos humanitarios con el régimen militar: la comunicación entre el gobierno y las agencias internacionales ha mejorado, los visados y los permisos son más fáciles de obtener, los requisitos para ejecutar proyectos de ayuda nuevos son menores, etc.
La profunda crisis en la que está inmersa Myanmar no se puede solucionar con la ayuda humanitaria. Mientras que la Comunidad Internacional ha concentrado su atención en el ámbito político del país, es conveniente mirar más allá. Aspectos como el deterioro de las condiciones socioeconómicas, la violación de los derechos humanos, el incremento de los niveles de pobreza, la poca capacidad de las estructuras de los servicios sociales a la hora de satisfacer las necesidades básicas de su población, han provocado que gran parte de la población se vea afectada por altos niveles de vulnerabilidad. Según datos de Naciones Unidas, más del 30% de la población vive en niveles de pobreza aguda, más de un tercio de los niños que tienen menos de cinco años sufren malnutrición y menos del 50% de los niños completan cuatro años de enseñanza primaria. Según datos de Médicos Sin Fronteras, el 80% de la población vive en zonas endémicas de malaria, miles de enfermos de tuberculosis y VIH/sida están sin tratamiento y los suministros médicos son insuficientes.
Es necesaria una actuación mucho más amplia y ambiciosa que permita incrementar los niveles de educación y salud, reforzar el papel de la sociedad civil, mejorar la política económica y de gobierno, promover la igualdad entre las minorías étnicas, incorporar la protección de los derechos humanos y, por supuesto, mejorar la preparación y la prevención de desastres naturales.
Notas:
1.- http://www.rtve.es/noticias/20090502/los-birmanos-olvidados-ano-despues-del-nargis/273526.shtml
2.- http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/27/solidaridad/1240813742.html
Fuentes:
Boletín IECAH nº 6, septiembre 2009
