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Informe .iecah. nº 4

El Gobierno español tiene una responsabilidad moral, política y legal para contribuir a la protección de la población civil que está atrapada en conflictos armados en países terceros. Una de las maneras de hacerlo es a través de su apoyo y participación en misiones internacionales de paz, con un mandato de protección de civiles.

El análisis de la contribución de España a las misiones en 2009, tanto en forma de efectivos como contribución financiera, desvela varios problemas a la hora de lograr ese objetivo de protección. La principal dificultad es que el Gobierno español no ha considerado la protección de civiles como uno de los criterios centrales en las decisiones tanto para el envío de sus efectivos como para la asignación de sus fondos a misiones de paz, priorizando sus intereses de seguridad interior y global (Afganistán con ISAF) o de seguridad de intereses comerciales (costa de Somalia con EUNAVFOR). En 2009 solo el 28% de los efectivos y 35% de los fondos totales fueron a misiones de paz con mandato explícito de protección de civiles. Solamente 10% de los efectivos uniformados fueron destinados a África, donde se concentra el mayor número de misiones de paz con un mandato de protección de la población civil (Chad, RD del Congo y Sudán).

El Gobierno español tiene previsto desarrollar y aprobar una Estrategia Española de Seguridad (EES) antes de finales de 2010. La discusión sobre este documento con la sociedad civil y la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados abre una oportunidad para incorporar la responsabilidad global de protección de civiles como uno de los criterios centrales para la participación española en misiones en el exterior. Al mismo tiempo, se pueden adoptar una serie de medidas para que esta participación o contribución española a la misiones de paz sea más transparente ante los ciudadanos y más efectiva en su objetivo de proteger a la población civil no combatiente, atendiendo con especial énfasis a las necesidades particulares de las mujeres y las niñas atrapadas en conflictos armados.

Estas medidas darían una mayor transparencia a la información disponible sobre las misiones de paz y harían que aumente la efectividad de los efectivos españoles desplegados en las misiones de paz. Para ello, el Gobierno español debe:

  • Suprimir el uso del fondo de contingencia para la financiación de las operaciones de paz y presentarlos en los Presupuestos Generales del Estado, indicando si alguna partida se considerará como Ayuda Oficial para el Desarrollo.
  • Aumentar la calidad y periodicidad de su información sobre las misiones de paz que cuentan con la participación y contribución financiera española, presentando cada trimestre un avance al Congreso de los Diputados y a los ciudadanos sobre las consecuciones de las misiones de paz a las cuales España ha proporcionado efectivos y/o financiación, en particular en lo referente protección de civiles.
  • Presentar al final del período presupuestario, ante la ciudadanía y al Congreso de los Diputados un informe sobre la contribución en efectivos –civiles y militares - y financiera a las operaciones de paz y a los organismos multilaterales de seguridad y defensa (OTAN, UE), con un desglose de los efectivos y coste por misión y análisis de los logros según el mandato.
  • Aumentar y promover el aporte de efectivos civiles, incluyendo policías, a las misiones.
  • Continuar su implementación del plan de acción de la resolución 1325, en lo que respecta a la participación de mujeres en las misiones.
  • Promover la obligatoriedad de la enseñanza previa en materia de género y DIH a todos los efectivos militares y civiles desplegados en misiones internacionales de paz. Además debe incluir en el plan de formación lecciones específicas sobre cada misión y contextos locales.

Informe .iecah. nº 4