El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia
Este reporte fue comisionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA Colombia), y elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) de España, con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREF).
Las dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia están cambiando en algunas zonas de Colombia. Los actores armados están adaptándose y anticipándose a la nueva situación que podría surgir tras un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Estas dinámicas siguen causando consecuencias humanitarias y son un desafío en términos de protección de civiles.
El informe analiza esta reconfiguración del accionar de los grupos armados ilegales, profundizando en su posible evolución en un escenario post-acuerdo y en sus consecuencias humanitarias y sociales, basándose en datos cuantitativos de fuentes oficiales, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); de las Naciones Unidas -en particular, de OCHA y de la Unidad de Manejo y Análisis de Información (UMAIC)-, de organizaciones de la sociedad civil y otros socios, así como en trabajos de diversos centros de pensamiento colombianos. También se basa en las sugerencias, observaciones y análisis recogidos a través de más de 50 entrevistas y grupos focales llevadas a cabo durante los meses de abril y mayo de 2016 con personas de diversas comunidades, así como instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en Bogotá y en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Putumayo.
La investigación destaca que “los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares (AUC), son responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y es previsible que sigan actuando en un contexto de post-acuerdo, compitiendo por territorios y economías ilegales antes controlados por las FARC-EP” y añade que “su presencia y acción representa uno de los obstáculos más importantes a la consolidación y sostenibilidad de la paz”.
De igual modo, en él se asegura que, pese a que el desescalamiento del conflicto ha contribuido a la disminución en los índices de homicidios, masacres y acciones bélicas, hechos violentos más subrepticios como las amenazas, el desplazamiento individual, la extorsión y el control social han aumentado, mostrando que la situación humanitaria sigue siendo muy preocupante, lo que la convierte en una de las prioridades de la planificación de la transición y del post-acuerdo de paz.
El documento finaliza con una serie de recomendaciones, entre ellas la de mantener la presencia de los actores humanitarios nacionales e internacionales, sobre todo en las regiones en las que sean más probables los riesgos para la población, incluyendo las zonas veredales transitorias de normalización. Así mismo, recomienda a las autoridades y organismos de cooperación abordar más decididamente las consecuencias del impacto de amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presión y control social, entre otras, y mejorar sus sistemas de monitoreo de estas situaciones, para garantizar la protección de las personas y poblaciones afectadas.
Anexos:
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