Entrevista a Jesús A. Núñez: ¿Mercenarios o compañías privadas de seguridad?
(Radio Nederland)
Mientras aún se discute su denominación- mercenarios del siglo XXI, para unos, meros provisores de servicios privados de seguridad, para otros-, su presencia es bien notoria en muchos de los conflictos violentos de hoy (con Iraq a la cabeza). Cumplen tareas de muy amplio espectro, que van desde el tradicional apoyo logístico a las tropas (alimentación, transporte y suministro de todo tipo de material…) hasta las acciones de combate, sin olvidar la custodia de prisioneros o la seguridad inmediata de altos representantes políticos.
Para quienes alquilan sus servicios- gobiernos nacionales y empresas multinacionales-, los argumentos más recurrentes para justificar su contrato basculan entre una mera apelación a las leyes del mercado (hay una oferta y una demanda que se encuentran en un punto de equilibrio determinado por un precio a pagar) y su supuesta eficiencia para dar respuesta inmediata a necesidades imperiosas.
Para quienes ofrecen esos servicios- compañías altamente profesionalizadas y con un imponente servicio de marketing (que incluye el intento por disfrazar su auténtica naturaleza)-, se trata en primera instancia de un nicho de actividad que el mercado demanda. Además, y de manera cada vez menos tímida, se atreven a presentarse como entes más eficientes que las fuerzas armadas y hasta como actores humanitarios y auténticos constructores de paz. En su interesado ejercicio de autoamnesia y de encantamiento de la opinión pública parecen no recordar que actúan exclusivamente por un muy claro interés crematístico y que, en el fondo, si algo les interesa es precisamente que el conflicto no cese.
Para quienes los sufren, interesa recordar que, en la práctica, se mueven a sus anchas con una absoluta impunidad frente a las leyes nacionales de muchos de los Estados frágiles en los que están presentes y al margen de la legalidad internacional, aprovechando las zonas de sombra de un entramado legal que no parece preparado para reaccionar frente a su imparable auge.
Sigue pendiente su regulación (su prohibición parece una hipótesis irreal a día de hoy) para evitar los abusos laborales con su propio personal contratado, para cerrar la vía de escape a los gobiernos que intentan así lavarse las manos y. sobre todo, para reforzar el marco legal internacional y el grado de respeto con los derechos humanos.
