Objetivo “Afganización”: derechos humanos en una encrucijada

Tras el 11-S, EE UU y sus aliados en la «guerra contra el terror» recurrieron en múltiples ocasiones al argumento de la violación sistemática de los derechos humanos de los afganos como justificación a la guerra en Afganistán. Nueve años después, el escenario no parece haber cambiado mucho. En un principio, la caída del gobierno talibán debería suponer el cese de la violación de derechos humanos, como mínimo de las mujeres. Pero no fue así. El transcurso del tiempo ha avalado el olvido de esta promesa, tanto por parte del gobierno de Hamid Karzai como de la comunidad internacional. Es más, como cabía esperar ante la inestabilidad en la que se encuentra todavía el país, Barack Obama ha comenzado a negociar el futuro de Afganistán con los talibán y parece que, una vez más, el tema de los derechos humanos ha quedado relegado a un segundo plano.

El pasado 28 de febrero se celebró en Londres la sexta Conferencia de Afganistán, en la que se citó a la comunidad internacional de donantes para discutir los problemas del país.  Allí quedó plasmado el nuevo objetivo, definido en términos de lograr la «afganización» de la reconstrucción del país. En otras palabras, se trata ahora de dejar en manos afganas el futuro del país, acelerando, en la medida de lo posible, el traspaso de poderes. En la cita londinense se identificaron tres temas prioritarios- seguridad, desarrollo y gobernanza- y se propusieron futuras medidas a aplicar. No obstante, y como va siendo habitual en las últimas citas internacionales, se evitó el debate sobre la situación de los derechos humanos en la región. En definitiva, los valores y principios que un día se tomaron como estandarte en la lucha contra el terrorismo ya no se consideran una preocupación global.

Los países empantanados en Afganistán están agotados de una guerra a la que vieron «sentido» en su momento, por lo menos como argumento de inicio de la «guerra contra el terror», pero que se alarga sin atisbar una recompensa lo suficientemente sustanciosa para sus intereses. Esos gobiernos tienen muy presente un deseo: terminar con la intervención lo más rápido posible. Pero «acabar con el trabajo», objetivo expresado con estas mismas palabras por Obama, es más difícil de lo que parecía en un principio.

Mientras nadie es capaz de definir con precisión una estrategia de salida, y los talibán reaparecen con fuerza, la opción actual apunta a una negociación con esos mismos que han sido demonizados durante estos últimos años. A la espera de lo que ocurra con esa apuesta, lo evidente ya hoy es que los derechos humanos vuelven a quedar supeditados al control talibán y al gobierno de Karzai.

Karzai es una figura llena de sombras. Su llegada al poder en 2002 prometía poner fin a la violación sistemática de los derechos humanos en Afganistán. Pronto, ese germen de la esperanza se marchitó. Expertos como Sam Azarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, defienden que tanto afganos como afganas de todas las regiones del país siguen denunciando la ineficiencia del gobierno, su corrupción, la debilidad del sistema de justicia y su ineficacia en defensa de los más elementales derechos humanos..

Por su parte, personajes notorios de la escena política afgana como Mohammad Qasim Fahim, Karim Jalili o Abdul Rashid Dostum- que forman parte de la composición gubernamental ideada por Karzai- son identificados desde distintos sectores de la sociedad internacional como criminales de guerra. El director de Aghanistan Rights Monitor, Ajmal Samad, asegura que este tipo de componendas es un intento de legitimar la vieja política a través de destacados «señores de la guerra». Mientras el futuro del país está en manos de este tipo de líderes. organizaciones como ASDHA denuncian las tres décadas de impunidad en la que se han movido todos ellos.

En resumen, el supuesto proceso de democratización no ha servido aún para dotar de credibilidad al sistema electoral y democrático afgano. Karzai fue ratificado como presidente el año pasado entre un maremágnum de críticas, fraude electoral masivo, y decepción. Las elecciones de agosto, en vez de dotar de credibilidad al gobierno de Karzai mermaron su liderazgo, probablemente ya sin remedio. Afganistán no ha avanzado apenas en los últimos nueve años. Ni en términos de reconstrucción, ni en desarrollo, ni en seguridad… Pero, sobre todo, no ha avanzado en desarrollo humano.

Las principales víctimas de la violación sistemática de los derechos humanos en Afganistán son las mujeres. La llegada al poder de los talibán supuso el primer paso hacia la negación de sus derechos fundamentales. Después, el gobierno de Karzai tampoco puso solución al problema.  La violencia contra las mujeres es endémica en el país, hasta el punto de que, según Human Rigths Watch, alrededor del 87% de ellas han sufrido alguna forma de maltrato psicológico, físico, violación, matrimonio forzado o asesinatos de honor en su vida.
Pero ellas no son las únicas víctimas. Según Afghanistan Rights Monitor, tres niños mueren al día debido a la guerra. Todo ello sin contar con el alto número de huérfanos, los múltiples casos de estrés traumático debido al conflicto, el trabajo infantil, la exclusión femenina de la educación, los matrimonios forzados o los niños soldado. Por supuesto, esto dejará una huella dramática en el desarrollo infantil de los niños afganos.

Torturas, desapariciones forzadas, violaciones…; todo ello en un contexto definido por la extrema debilidad gubernamental, la ineficacia del sistema judicial y la falta de decisión de la comunidad internacional. Son ya más de tres décadas de conflicto que han agravado la perpetuación de la violación sistemática de derechos humanos en el país centroasiático. Parece olvidado ahora que la defensa de los derechos humanos formaba parte del discurso que justificaba la invasión de Afganistán (y de Iraq, posteriormente). Una vez más, la población civil vuelve a ser la víctima.