imgacol

(Para Radio Nederland)
El fin de la tregua en Colombia y la ofensiva lanzada por el gobierno contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ocasionará a un grave recrudecimiento del conflicto y puede llevar a que EEUU incluya a ese país en su escalada de guerra global contra el terrorismo.

Hace pocas semanas atrás las negociaciones entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia estuvieron a punto de romperse. El proceso continuó gracias a la mediación de Naciones Unidas y varios países, pero con extrema fragilidad. Ambas partes no cesaron en sus estrategias de hostigamiento y lanzamiento de propuestas, pero el secuestro del senador José E. Gueguen Turbay por parte de la FARC ha llevado al presidente Andrés Pastrana a lanzar este ataque. A la vez, los grupos paramilitares, contrarios a la guerrilla, continúan sus actuaciones terroristas matando a supuestos colaboracionistas y a jueces que pretendan investigar sus acciones.

Los paramilitares son considerados en Colombia “la sexta división”. El ejército tiene cinco divisiones y los paras son, desde hace años, los que hacen los trabajos sucios. Human Rights Watch denunció en septiembre pasado la estrecha colaboración que hay entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado. Existen múltiples grupos de este tipo. Su peso económico, militar y político es muy grande y tienen capacidad para bloquear el proceso de paz.

Durante tres años el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC han estado negociando. El gobierno cedió en 1999 una amplia zona a la guerrilla, apremiado por su fuerza, y con la doble intención de hacer un gesto de buena voluntad y a la vez tenerla concentrada para el caso de que hubiese que hacer, como ahora ocurre, una ofensiva.

Las posiciones entre ambas partes nunca fueron coincidentes. Desde el Gobierno no hubo propuestas claras, mientras que las FARC plantearon exigencias de transformación del Estado, de la estructura del poder político y de reforma económica que los sectores económicamente poderosos y las fuerzas armadas de Colombia no estaban dispuestos a aceptar.

Pero otra cuestión que limitó el proceso de paz fue que la violencia está diversificada y que es difícil de llevar cabo el proceso de negociación solamente entre el Gobierno y la FARC. Existen otras organizaciones guerrilleras, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y numerosos grupos paramilitares. A la vez, el Estado es débil frente a los diversos grupos económicos de interés y hay una profunda ruptura en el consenso y la cohesión de la sociedad civil. Colombia exporta el 80% de la cocaína que circula mundialmente. La economía está distorsionada por el narcotráfico que controla una economía paralela e ilegal muy poderosa.

Estas limitaciones internas se han agudizado en los últimos dos años debido a la ayuda militar (material bélico y asesores) de 1.300 millones de dólares que el gobierno de EEUU ha estado transfiriendo al gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y, de paso, a las FARC, tratando de destruir a través de acciones militares y fumigaciones los campos de cultivo de coca. Las FARC obtienen beneficios del narcotráfico dado que le imponen un “impuesto revolucionario” a las transacciones en las zonas que controla. Ricardo Vargas, investigador de Acción Andina y del Transnational Institute, considera que las fumigaciones y el Plan Colombia sirven, paradójicamente, para subir los precios de la coca al dificultar su producción, y para legitimar el escenario de guerra contra la intervención estadounidense que maneja la guerrilla. 

Miles de personas han empezado a huir desde el jueves de la zona de conflicto. Esta guerra genera una crisis humanitaria continua. Más de dos millones de personas han sido expulsadas en los últimos años de sus tierras y obligados a vender a precios muy bajos. Según un informe reciente de Médicos sin Fronteras (Mabel González, Desterrados. Desplazamientos en Colombia, Barcelona, 2002), en la última década se ha producido una “contrarreforma agraria”: los campesinos han abandonado 1,7 millones de hectáreas que fueron acaparadas por latifundistas y sectores empresariales para diversos proyectos agrarios, energéticos o vinculados al comercio de droga.

El fracaso del proceso de paz puede llevar a que Alvaro Uribe Vélez, candidato de ultraderecha y favorable a adoptar más medidas de fuerza contra la guerrilla, triunfe en las próximas elecciones. Por su parte, EEUU podría aumentar el número de asesores militares, entregar más equipo militar y, quizá, inducir al gobierno de Bogotá a librar una guerra total contra la guerrilla dentro del plan de lucha global contra el terrorismo. Esto sería un grave error. Colombia no necesita más armas sino urgentemente que se refuerce la intervención diplomática exterior europea y latinoamericana, liderada por la ONU, que le ofrezca un nuevo marco de negociación.