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Alejandro Pozo Marín y Teresa Murray en LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2019-2020: UNA AGENDA CONDICIONADA POR LA PANDEMIA

 

Médicos Sin Fronteras (MSF) se autodefine como una organización comprometida con los principios humanitarios. En el terreno, la percepción de MSF está a menudo determinada por la de los miembros del equipo que trabaja en un lugar determinado, y son ellos quienes deberán demostrar un comportamiento acorde con esos principios. La pregunta obligada es si una organización humanitaria –cualquiera de ellas– puede garantizar la adhesión de su personal a esos principios en un contexto marcado por la coerción, la extorsión, la incertidumbre y el sufrimiento propios de las guerras, en las que la toma de partido es muchas veces impuesta. Y la respuesta, por supuesto, es que no.


El compromiso demostrado por los profesionales de la acción humanitaria en zonas de guerra ha sido, con mucha frecuencia, digno de elogio. El personal local presenta, además, características diferenciadoras con respecto a sus homólogos internacionales, que particularizan la pertinencia de reconocer su labor: porque su exposición física a las amenazas es mayor, porque se significan en contextos en los que el anonimato protege, porque ayudan a ‘otros’ cuando las necesidades de los ‘suyos’ están lejos de quedar cubiertas, o porque afrontan las consecuencias políticas y sociales de ayudar a quien se percibe como el enemigo.

Por su condición dual, como miembros de MSF y de su comunidad (y dentro de esta, con distintas pertenencias identitarias, de origen, grupo social o afiliación política, entre otras), cualquier miembro del personal local que viva en una zona en conflicto armado tendrá inclinaciones o reticencias en relación con las partes en contienda y estará influenciado por un entorno de presiones, sentimientos y sufrimiento que también le afecta directamente. De estar su supervivencia amenazada (o la de los suyos), es previsible que el compromiso con la organización quede en un plano secundario. Además, no parece prudente esperar siempre neutralidad e imparcialidad absoluta de alguien que debe socorrer a quien asocia con la causa de su desgracia, en particular cuando se prevé reincidencia. Al menos, conviene asumir que el cumplimiento del deber como profesional humanitario puede acarrear la condena y el ostracismo de una parte de la comunidad (o un problema de seguridad), por lo que la corrección profesional puede entrar en conflicto con el reconocimiento social. Tampoco cabe descartar que quien contrata nuevo personal, bienes o servicios pueda privilegiar a ‘su’ gente, en particular en situaciones de precariedad extrema o cuando no actuar de esta manera conlleve peligro. El personal local de MSF en zonas de guerra ha demostrado una humanidad, profesionalidad y compromiso excepcionales en circunstancias adversas y peligrosas para su integridad física y emocional. Con todo, no debería asombrar que, en determinadas situaciones, no haya cumplido siempre con los principios humanitarios, y sí que la expectativa de sus colegas expatriados o de la propia organización fuera la contraria.

Cuando la transgresión de las éticas humanitaria o médica aflora en el sector humanitario, se recurre con frecuencia a medidas disciplinarias reactivas como el despido o, de estar disponible, el litigio judicial. Sin embargo, no suelen cuestionarse las deficiencias y responsabilidades de las organizaciones en el análisis de contexto y la identificación de riesgos, la falta de estrategias proactivas de prevención o la ausencia de alternativas para que determinados miembros del personal local no tengan que enfrentarse a dilemas dolorosos cuando deben curar, seleccionar o contratar. La mera exposición de estas preocupaciones suele tacharse de políticamente incorrecta, por la percepción de que se propone juzgar y cuestionar la lealtad, el compromiso o la capacidad del personal local y no las circunstancias que les afectan; o de que se denigran las virtudes de lo local frente a las pretendidas bondades de un personal internacional que también está sometido a presiones, intereses y oportunismos. La población local, tradicionalmente tratada como víctima pasiva, es hoy considerada, en el discurso más que en la práctica, como protagonista de una toma de decisiones que le afecta, y el sector humanitario ha reformulado recientemente el marco normativo de la denominada ‘agenda de localización’, que incorpora desde el aumento de la financiación de grupos locales, hasta una revisión integral del trabajo humanitario en la dirección de un mayor protagonismo de lo local. Buena parte de los preceptos que configuran el conjunto de la agenda de localización merecen aplauso y suponen un progreso positivo en la línea de reducir las enormes distancias de todo tipo que existen entre proveedores y receptores de asistencia humanitaria. Sin embargo, MSF ha cuestionado que esta agenda no discrimine entre tipos de contextos y se proponga como panacea en contextos armados, dado que el impacto de la guerra es local y la confluencia con un poder de decisión también local puede resultar contraproducente.


Este artículo presenta algunas conclusiones de un análisis interno realizado en MSF entre 2015 y 2018 sobre la adhesión de su personal (local e internacional) a los principios humanitarios –en particular la imparcialidad y la neutralidad– en contextos de conflicto armado. Se trata de un tema abandonado, en el que las publicaciones provenientes del propio sector han sido manifiestamente escasas. La metodología ha incluido trabajo de campo en distintos proyectos de MSF en Sudán del Sur, Siria y la República Centroafricana,4 y cerca de un centenar de entrevistas, principalmente con el personal local en esos proyectos, pero también con otros miembros de las comunidades locales, con perfiles de coordinación de terreno experimentados en esos y otros contextos, y con figuras clave del Departamento de Operaciones de MSF. Conviene remarcar que el ámbito de este artículo se refiere en exclusiva a escenarios de conflicto armado y está particularizado en el personal local.

 

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IMAGEN: Más de 110.000 personas viven en pésimas condiciones en el campo de Protección de Civiles en Bentiu, en Sudán del Sur. Parte del personal de MSF es también desplazado y vive en el propio campo. © ROGIER JAARSMA