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Para AIPAZ

 

EL IECAH se une a AIPAZ, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil a la petición al Gobierno y Parlamento españoles de la REORIENTACION DE GASTOS MILITARES A INVERSION ECO-SOCIAL Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN ESPECIAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

La llegada de la pandemia de la Covid-19 ha provocado una grave crisis que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas y, por extensión, también a los presupuestos de las diferentes administraciones del Estado y a la economía del país.

En este marco de crisis generalizada aparece la noticia de que el Gobierno tiene previsto poner en marcha nuevos programas especiales de armamentos que alcanzan la elevada cifra de 13.356 millones de euros (M€), que deberán desarrollarse entre 2020 y 2032. Entre ellos destacan 248 blindados 8×8 Dragón, por un coste de 2.100 M€; actualización del avión de combate F-2000, por 906 M€; suplementación del submarino S-80, 1.172 M€; 1.381 M€ para los nuevos helicópteros militares NH-90; 819 M€ para modernizar los helicópteros Chinook; 1.617 M€ en dos satélites Spainsat de comunicación militar; y cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€. Se incluye, además, el compromiso de colaborar en un nuevo avión de combate europeo a desarrollar entre Alemania, Francia y España, el FCAS, con una aportación inicial de 110 M€; contando con que su coste final superará los 10.000 M€ solo para España.

Para hacer frente a este enorme gasto, el actual presupuesto del Ministerio de Defensa de 2020, aunque prorrogado desde 2018, tiene una partida para inversiones en armamentos de 3.059 M€, a los que se suman 678 M€ en I+D militar para el desarrollo de nuevas armas. Este momento en que el Gobierno de España va a presentar al Parlamento español una nueva propuesta de Presupuestos Generales del Estado y se inicia el proceso para su aprobación, contando con un contexto de ayudas europeas a España como respuesta a la emergencia de la pandemia de la Covid-19, es clave para negociar y aprobar una reorientación de gastos militares a inversión eco-social y con perspectiva de género, en especial en favor de las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

 

 

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