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«Justicia universal para los Ronhingyas»

 

ROHINGYA

 

Justicia universal para los Rohingyas*

Apelando al principio de justicia universal, el presidente de la Burmese Rohingya Organisation (BROUK), Tun Khin, presentó el pasado 13 de noviembre en la justicia penal argentina una demanda por los «crímenes brutales» contra la etnia rohingya por parte de Myanmar. La demanda es realizada contra los líderes militares y civiles militares de Myanmar, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi -premio Nobel de la Paz en 1991-. En la demanda, se urge el procesamiento de los acusados.

Se destaca que se acusa a Myanmar –quien no reconoce a la minoría musulmana rohingya como ciudadanos- de haber llevado adelante desde 2017 numerosas matanzas y delitos de violencia sexual contra la mencionada población. Según cifras del ACNUR, Este hecho conllevó a un éxodo de alrededor de 900.000 personas a Bangladesh, convirtiendo a Cox´s Bazaar en el mayor campo de refugiados del mundo, además de un gran número de desplazados internos.

La organización BROUK está representada por el abogado argentino Tomás Ojea Quintana, quien fuera Relator Especial de las Naciones Unidas para los  Derechos Humanos en Myanmar entre 2008 y 2014. Asimismo, BROUK es apoyada por las Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Servicio Paz y Justicia, la cual es encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El consagrado principio de justicia universal sostiene que determinadas acciones de máxima gravedad, tales como los crímenes de guerra y contra la humanidad, no son competencia de un solo Estado y, al contrario, pueden ser juzgados en la justicia de terceros países. Al respecto, la justicia argentina ya había aceptado albergar otras causas en base al principio de justicia universal, tales como los crímenes del franquismo en España y la represión del movimiento Falung Gong de China.

Conviene recordar también que un caso contra el Estado de Myanmar por sus implicaciones en el genocidio del pueblo rohingya fue abierto la semana pasada en el máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a partir de una demanda presentada por Gambia con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). A esto hay que sumar el importante fallo de la Corte Penal Internacional (CPI), en septiembre de 2018, cuando manifestó que puede ejercer su jurisdicción sobre la deportación de los rohingyas desde Myanmar hacia Bangladesh, a pesar de que el Gobierno de Myanmar no acepta en su territorio la jurisdicción de la CPI por no haber firmado el Estatuto de Roma, carta fundacional del mencionado organismo. Ello, debido a que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, un Estado que sí ha ratificado el Estatuto.

En este sentido, el 4 de julio pasado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó autorización a los Jueces de la Corte para llevar adelante una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, a saber, “deportación, otros actos inhumanos y persecución cometida contra el pueblo rohingya de Myanmar”. Tras ello, el 14 de noviembre pasado los jueces autorizaron el comienzo de la investigación. En el comunicado, se concluyó que «existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad». También, se habían recibido las opiniones sobre esta solicitud de cientos de miles de presuntas víctimas.

Frente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidos sobre la población rohingya, sin duda las investigaciones en curso contribuirán a clarificar los hechos. Asimismo, en el caso de que se confirmen las acusaciones, se podrá proceder a hacer efectiva la responsabilidad y rendición de cuentas de los implicados con el fin último de traer justicia y brindar protección a la población afectada.

Sobre la autora.

Noelia Natalia Blascovich es Politóloga, Diplomática. Coordinadora del Observatorio en Asuntos Humanitarios (OAH) del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Maestranda en Acción Humanitaria Internacional (NOHA). Especializada en Protección de Migrantes y Refugiados y en Asistencia Humanitaria en Zonas de Conflictos Armados y Misiones de Paz. Se desempeñó como Responsable de Asuntos Humanitarios en la Dirección de Organismos Internacionales de Cancillería. Miembro voluntario de Cruz Roja Argentina y Española.

[*] Las ideas y opiniones expresadas en este trabajo son de la autora y no reflejan necesariamente la posición de ninguna institución a la cual pertenezca.

 

FOTOGRAFÍA: REUTERS

 

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