IRAN-EEUU

 

Para Blog Elcano.

 

El asesinato del poderoso general Qasem Suleimani a manos de Washington supone un salto cualitativo en el enfrentamiento que, ya desde 1979, mantienen Washington y Teherán. Desde entonces, el primero busca doblegar a un régimen que no solo eliminó a uno de sus más fieles aliados en la región (el sah Reza Palevi), sino que planteó un desafío al statu quo vigente con la pretensión de expandir su modelo y ser reconocido como líder regional. El segundo, convertido en un paria internacional, no solo ha logrado resistir el castigo aplicado a través de sanciones cada vez más duras, sino que –buscando la supervivencia del régimen– también ha podido desarrollar un controvertido programa nuclear y consolidar una amplia red de aliados regionales (desde Hezbolá, en Líbano, hasta los huzíes yemeníes, sin olvidar al régimen sirio y a numerosas milicias en Palestina, Siria e Irak) con los que complicar cualquier cálculo a sus enemigos.

Los fracasos acumulados por Washington en la región y la convicción de que militarmente Irán es una pieza demasiado indigesta ha llevado a Donald Trump (con el notorio apoyo de Tel Aviv y Riad) a reformular su estrategia de “máxima presión”, apostando directamente por el ahogo económico. Una estrategia que también incluye violar el acuerdo nuclear logrado en junio de 2015, apoyar a minorías árabes y baluchis dentro de Irán, presionar a otros socios y clientes iraníes para que le cierren sus puertas y, por supuesto, ciberataques y acciones violentas. Una violencia ejercida asimismo por Irán –tanto a través de la fuerza de elite de los pasdarán, Al Qods (comandada por Suleimani), como de las numerosas milicias aliadas desplegadas en la región–, aunque procurando no provocar una respuesta en masa dada su obvia inferioridad convencional frente a la maquinaria militar estadounidense. Un bajo perfil –adoptado para intentar no arruinar las escasas posibilidades de que la Unión Europea siga comerciando con Teherán– que Israel ha sabido aprovechar muy bien, con centenares de ataques aéreos contra intereses iraníes en Líbano, Siria e Irak que han quedado prácticamente sin respuesta.

La aceleración en estas últimas semanas de esa espiral de acción-reacción parece dominada por un bien visible deseo de venganza, que lleva a errores tan trágicos como la muerte de los 176 pasajeros de un avión civil y que olvida reparar en que, por esa vía, ninguno de los principales contendientes podrá alcanzar sus objetivos. No es posible a estas alturas determinar quién lanzó la primera piedra, en una dinámica que lleva a ambos a seguir echando fuego al fuego. Pero, partiendo de la idea de que racionalmente a ninguno de ellos le puede interesar una guerra directa, sí es posible entender que la eliminación de Suleimani y la consiguiente venganza iraní tendrá más costes que beneficios.

A la espera de que el tiempo vaya haciendo visibles todas las implicaciones negativas de la decisión de Trump, eliminando a quien unos consideran un monstruo asesino y otros un héroe nacional y un mártir, dos son las consecuencias más significativas a corto plazo. Por un lado, cabe dar por agotado el acuerdo nuclear de 2015. Irán no solo no encuentra ya ningún estímulo ante la reiterada falta de voluntad de EEUU y otros para cumplir su parte (aliviando las sanciones económicas), sino que buscará como mínimo volver a dotarse de stocks y capacidades para disponer de bazas de negociación en un hipotético nuevo proceso negociador. En esas condiciones algunos de sus vecinos –Arabia Saudí, EAU, Turquía, Egipto…– aumentarán a buen seguro sus esfuerzos para no quedarse atrás en este terreno, aumentando así el riesgo que conlleva la proliferación armamentística en una región tan delicada, al tiempo que se reducen significativamente las capacidades de los inspectores de la AIEA para seguir controlando el programa iraní. Y el panorama aún se puede oscurecer mucho más si finalmente Teherán decide abandonar el TNP.

Por otro lado, la situación de las tropas estadounidenses en Irak –visto por Trump como una mera base de partida para atacar a Irán– se hace insostenible. El pasado 5 de enero el parlamento iraquí aprobó una resolución que exige su salida y, aunque la medida no llegue a hacerse efectiva en su totalidad, es evidente que automáticamente aumenta el riesgo para los 5.000 efectivos estadounidenses allí desplegados (y los de sus aliados, incluyendo a España). Por su parte, a su primer ministro, Adel Abdul Mahdi (abiertamente ninguneado por Trump), se le va a hacer cada vez más difícil resistir la presión de una ciudadanía cada vez más crítica con la injerencia de Washington y, sobre todo, de los líderes (Muqtada al Sader y Hadi al Amiri) de los dos principales bloques parlamentarios, muy sensibles a los dictados de Teherán. En otras palabras, más libertad de acción para Daesh y otros grupos yihadistas, más problemas para el gobierno central iraquí, más inseguridad para las tropas de la coalición liderada por Washington y, sobre todo, más margen de maniobra para Irán en su intento de seguir influyendo en todo lo que pasa en el territorio de su vecino.

Visto así, solo cabe concluir que Trump se ha equivocado al tomar este rumbo, en contra de los propios intereses estadounidenses y de sus aliados occidentales y regionales, por puro afán electoralista. Una opción que no le garantiza la victoria el próximo noviembre y que, mirando hacia Teherán, aumenta las posibilidades de victoria de los representantes más duros del régimen en las elecciones parlamentarias del próximo 21 de febrero. Un régimen que no pierde operatividad por la desaparición de Suleimani y que, por el contrario, cuenta con una enorme experiencia en sobrevivir en condiciones muy agobiantes y no parece dispuesto a volver a ninguna mesa de negociaciones de inmediato. Y todo eso sabiendo, unos y otros, que en algún momento tendrán que volver a la mesa de negociaciones.

 

FOTOGRAFÍA: Alí Jamenei y Hassan Rohaní, líder supremo y presidente de Irán respectivamente (centro y a la izquierda), durante el funeral de Qasem Soleimani en Teherán. Foto: Fars News Agency (Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

 

EEUU_IRAN

 

Para elperiódico.com

 

Sumidos desde hace tiempo en una espiral ascendente de acción-reacción, tanto Estados Unidos como Irán parecen condenados a chocar directamente en algún momento. Una espiral cuyo arranque puede fijarse en 1979 (cuando Jomeini derribó al sah Reza Palevi, sólido aliado estadounidense) y que se ha recrudecido desde mayo de 2018 (cuando Donald Trump decidió incumplir y salirse del acuerdo nuclear de junio de 2015). Desde entonces, incluyendo el asesinato del general Qasem Soleimani, la concatenación de errores no ha hecho más que aumentar en ambos bandos.

Washington se equivoca al creer que con su estrategia de «máxima presión» –que dice emplear para forzar un nuevo (y mejor) acuerdo nuclear cuando, en realidad, solo busca la caída del régimen– logrará que Teherán ponga la rodilla en tierra. Es cierto que las sanciones económicas llevaron a Irán a la mesa de negociaciones en el 2015 y que hacen más difícil al régimen mantener la paz social. Pero, aun así, el tándem Jamenei-Rohani no solo sigue respirando -gracias a su gran experiencia, con los pasdarán como punta de lanza, en explorar canales informales para saltarse las sanciones y a su notable capacidad represiva contra una población que es la principal perjudicada del castigo internacional-, sino que ha logrado dotarse de numerosas bazas de retorsión (desde Hezbolá, en Líbano, a los huzís yemenís y numerosas milicias a su servicio en Siria e Irak) que le están sirviendo para frenar el apetito combinado de Washington, Tel Aviv y Riad de provocar su colapso.

 

Costes superiores para todos

Eso significa que la eliminación de Soleimani –héroe nacional para unos y monstruo repulsivo para otros– no solo no traerá ninguna ventaja para Washington y sus aliados, sino que los costes van a ser infinitamente superiores para todos. Por un lado, los pasdarán (y su fuerza de elite, Al Qods) mantienen incólume su capacidad operativa en todo Oriente Medio. Por otro, lo más previsible es que Irán siga reduciendo su nivel de compromiso con el acuerdo del 2015 (quien lo ha violado es precisamente Trump), acercándose aún más al umbral nuclear, sin descartar que a lo largo del año pueda salirse definitivamente del tratado de no proliferación. Y eso supondría dejar que tener información fiable sobre lo que Teherán pueda hacer en este campo y estimular aún más a otros países (como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Turquía o Egipto) para dotarse asimismo de capacidades nucleares. Igualmente, y para contento de Dáesh y otros grupos yihadistas, la situación de las tropas estadounidenses en Irak se hace claramente insostenible, tras el acuerdo aprobado el pasado día 5 en el Parlamento iraquí, exigiendo su salida inmediata.

Aunque esto no llegue a materializarse en su totalidad, resulta obvio que el riesgo para los alrededor de 5.000 efectivos estadounidenses en el país aumenta exponencialmente, sometidos a la presión de unas milicias proiranís (como Kataib Hezbollah) que también reclaman venganza. Mientras tanto, la debilidad del Gobierno iraquí se acentúa aún más, al mismo ritmo en que aumenta la influencia iraní sobre su vecino. Por su parte, y como bien demuestran las manifestaciones en Líbano, Irak y el propio Irán en su contra, el régimen también se equivoca al pensar que de este modo podrá expandir su modelo revolucionario al resto de Oriente Medio y garantizar su supervivencia.

 

Esporádicas acciones violentas

Su inferioridad militar y sus menguantes medios económicos para alimentar su resistencia y la de sus aliados regionales hacen insostenible su posición actual, sin que eso signifique que no pueda seguir llevando a cabo esporádicas acciones violentas. Una posición en la que apenas cuenta con aliados y socios dispuestos a compensar el castigo al que está siendo sometido (solo China e India siguen comprando sus hidrocarburos, mientras la Unión Europea parece alejarse cada vez más del compromiso del 2015, bajo creciente presión estadounidense). En definitiva, Teherán no puede aguantar un pulso militar contra Washington, ni puede encontrar auxilio suficiente en otras capitales ante las nuevas sanciones que decida Trump.

Ninguno de los dos puede desear racionalmente la guerra directa, aunque ambos están jugando con fuego desde hace tiempo. Empecinados en ese trágico juego –uno jugando a la guerra con fines electoralistas y el otro mostrando su voluntad de resistencia a toda costa– la opción de volver a la mesa de negociaciones no se vislumbra en el corto plazo. Y todo apunta a que, para llegar a ese inevitable punto, aún habrá que asistir a nuevos episodios de violencia sin sentido.

FOTOGRAFÍA: MARÍA TITOS

SUD

 

 

Alto el fuego en Sudán del Sur: Palabras de paz entre el ruido de sables

 

 

La firma en septiembre de 2018 de un nuevo tratado de paz para intentar poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur (R-ARCSS por sus siglas en inglés: Revitalised Agreement for the Resolution of the Conflict in South Sudan) supuso una oleada de esperanza para el país más joven del mundo. Tras cinco años de guerra civil, el líder del principal grupo de la oposición (SPLA-IO) Riek Machar, es investido de nuevo vicepresidente, llegando a visitar Juba, la capital del país, algo impensable tan solo unos meses atrás, mientras que los líderes de todas las facciones incluidas en el tratado de paz (que no son todas las existentes en el país) han recorrido el país celebrando mítines y reuniones hablando de paz y reconciliación nacional. UNMISS (la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur) y las agencias humanitarias de la ONU se volcaron en apoyo de este acuerdo, junto con una plétora de actores regionales e internacionales, muchos de los cuales han estado implicados de una manera u otra en su negociación.

Un año después, la falta de progreso en casi todos los aspectos de la aplicación del alto el fuego, incluyendo la necesidad de prorrogar dos veces los plazos establecidos en el acuerdo, han erosionado el entusiasmo inicial de muchos. El mensaje del gobierno de Sudán del Sur insiste en esta línea optimista, apoyándose en múltiples informes tanto propios como de UNMISS para defender que, de hecho, la situación ha mejorado. Sin embargo, observaciones sobre el terreno de fuentes de la sociedad civil, diplomáticas y humanitarias sugieren algo distinto, hasta el punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su preocupación (con la excepción de Rusia).

La falta de progreso puede explicarse por muchas razones. La primera es que el tratado de paz tiene gravísimos problemas en su diseño, siendo algunos: estructura de gobierno hipertrofiada e impráctica, total ausencia de mecanismos de supervisión, sobrerrepresentación de una de las partes mientras que otras quedan fuera o han sido absorbidas por grupos mayoritarios pero diferentes, plan de desmovilización que incentiva el reclutamiento de más soldados, casi total dependencia de una buena voluntad de las partes que rara vez se ha visto, dependencia de recursos externos para su viabilidad a largo plazo, falta de medidas concretas de confianza, débil plan de reconciliación nacional…. De estos defectos, y de la historia reciente del país, se derivan una serie de problemas sobre el terreno que, a su vez, alimentan la espiral de violencia y desconfianza que erosiona cualquier perspectiva de paz.

Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores del actual tratado de paz es la drástica reducción de los índices de violencia armada, lo cual es verdad sólo en parte. Es cierto que la violencia organizada (entendida como violencia causada por grupos armados organizados y con adscripción política definida) se ha reducido, puesto que las dos facciones más importantes en guerra, SPLA-IG (de mayoría dinka y en el gobierno) y SPLA-IO (de mayoría nuer y principal grupo de la oposición) han dejado temporalmente de combatir. Sin embargo, desde la firma del tratado se han registrado importantes combates con otras facciones. Por poner dos ejemplos: en Bahr-el-Ghazal, al noroeste del país, fuerzas del gobierno emprendieron una brutal campaña dentro del territorio de las tribus fertit oriundas de la zona, que comenzó precisamente cuando se firmó el preacuerdo de paz previo al R-ARCSS, en junio de 2018, y sólo terminó en diciembre de 2018, tres meses después de la entrada en vigor del tratado, cuando los fertit accedieron a entrar en el seno del SPLA-IO. Esta campaña se caracterizó por ataques sistemáticos contra civiles, infraestructuras y poblaciones en zona fertit, causando miles de bajas tanto civiles como militares y decenas de miles de desplazados; actualmente el Programa Mundial de Alimentos atiende a 30.000 personas sólo en dos condados de la zona, además de una población desplazada de cerca de 25.000 más en la vecina ciudad de Wau. Si bien los combates entre fuerzas del gobierno y milicias fertit de Bahr-el-Ghazal cesaron, en los tres estados de la región de Equatoria (en particular central y occidental), los combates entre fuerzas del gobierno y el NAS, una facción dejada de lado en el tratado de paz, se han intensificado con el paso de los meses. En las últimas semanas se han cobrado la vida de varios trabajadores humanitarios y la lucha no da señales de terminar.

Igual de preocupante es la denominada violencia intercomunal, entre lo que se consideran civiles armados o grupos informales. Independientemente del conflicto político entre facciones en pugna por el poder, la violencia entre tribus y clanes es un fenómeno común en Sudán del Sur. Esta creciente violencia a menudo se presenta como una espiral de venganza producida por roces entre ganaderos y agricultores, o bien entre clanes de grupos vecinos, exacerbados por la proliferación de armas, ciertas costumbres (como el robo de ganado como ritual de pasaje a la edad adulta), la escasez de recursos y la ausencia (o en ocasiones connivencia) de autoridades capaces de mantener el orden.

Sin embargo, cualquiera que haya seguido de cerca el conflicto de Sudán del Sur puede afirmar que dicha violencia intercomunal y aparentemente informal no es completamente independiente del conflicto político. No en vano, los diferentes grupos en guerra civil están organizados mayoritariamente a lo largo de líneas tribales, siendo los nuer y dinka no sólo los dos grupos principales en el poder, sino las dos tribus mayoritarias del país. Es un patrón constante el incremento de esta violencia intercomunal en los momentos de alto el fuego, desde incluso antes de la independencia del país, y en muchos casos tiene lugar precisamente en las áreas en las que dos grupos antes enfrentados siguen en contacto.

Cuando esta supuesta violencia informal tiene lugar es común que los líderes políticos se desentiendan o minimicen los hechos, achacándolos a civiles descontrolados o rivalidades entre pastores y granjeros y desentendiéndose de toda responsabilidad. La manida tesis de la sempiterna tensión entre ganaderos y pastores es utilizada como excusa tanto por observadores externos como por políticos sin escrúpulos, pero lo cierto es que no se sostiene: por ejemplo, la tribu de los falata trashuma cada año con sus rebaños, los terceros más grandes del país, sin que se produzcan choques de importancia entre ellos y el resto de las tribus cuyo territorio es atravesado; mientras que con otras tribus más implicadas en el conflicto civil no es sorprendente encontrar incidentes armados cada vez que se adentran en territorios de otros grupos.

Yendo más allá, la realidad es que muchas veces (Bahr-el-Ghazal, Equatorias, Lakes) los grandes rebaños resultan ser propiedad de políticos o militares de alto rango con intereses locales. Las fuerzas de seguridad, lejos de ser imparciales, ignoran o incluso intervienen a favor de uno de los lados. Llama la atención comprobar cómo hay años en los que las fuerzas de seguridad son capaces de evitar escaladas de violencia mientras que otros años las autoridades dicen verse impotentes para controlar las mismas poblaciones. Muchos de los jóvenes armados que participan en esa violencia aparentemente incontrolada manejan armamento más pesado del que los pastores necesitan, incluyendo lanzagranadas RPGs o ametralladoras de gran calibre, y coincide que dichos grupos proliferan cuando las tropas se retiran debido a un alto el fuego. Son movilizados en el corazón de zonas controladas por las distintas facciones y enviados a zonas que se pretenden desestabilizar, presentándolo como un movimiento espontáneo de población o una migración de ganado, de modo que los líderes políticos pueden lavarse las manos sobre el asunto. En 2019 esto sigue ocurriendo, como es el caso de los ataques sobre civiles en el río Jur, cerca de la ciudad de Wau, a manos de lo que inicialmente parecían pastores de las vecinas regiones dinka. Sin embargo, hay muchas indicaciones de que dichos ataques, que han provocado más de 3.000 desplazados y docenas de muertos, no fueron fruto de un choque entre comunidades: lo sostenido de los ataques, la crueldad empleada contra civiles, la cantidad de grupos implicados, el armamento empleado, las zonas atacadas, la inacción del gobierno y su posterior esfuerzo por disimular lo sucedido, apuntan a un esfuerzo organizado y sostenido.

Esos hombres jóvenes que alimentan la violencia no uniformada son, en muchas ocasiones, los mismos que cuando no hay acuerdos de paz vigentes, combaten en uniforme. A pesar de que el R-ARCSS tiene provisiones para desmovilizar combatientes e integrarlos en un único ejército nacional, el progreso en este aspecto crítico del tratado de paz tiende a nulo. Para empezar, tanto el plan de desmovilización como el de reparto de poder incentivan el reclutamiento en lugar del licenciamiento de tropas, puesto que asignan poder político y recursos económicos de manera directamente proporcional a las fuerzas declaradas por cada parte. Esto ha llegado a generar un efecto llamada, en el que refugiados que están en países vecinos han retornado a sus zonas de origen atendiendo a la llamada de sus respectivos líderes, siendo en muchos casos los varones llamados a filas nada más llegar (con ejemplos claros en Raja o Bentiu), con la promesa de que recibirán un sueldo y que sólo será temporal hasta que se cumpla el tratado de paz. Irónicamente, esto no sólo hincha las cifras de soldados de cada parte, sino que genera mayor desconfianza entre las partes, que ven engrosarse día a día a sus antiguos enemigos. Y todo esto sin contar con ciertas milicias paralelas a los grupos principales, como por ejemplo los llamados “White Army Boys”, cuyo estatus no queda claro pero se mantienen como una fuerza perfectamente organizada y preparada para actuar.

La desconfianza entre las distintas fuerzas armadas en conflicto puede apreciarse en el total fracaso del plan de acantonamiento. Se supone que las fuerzas del gobierno deben quedar acantonadas en sus barracones, y las de la oposición en áreas previamente establecidas, todas en espera de su desmovilización. La realidad es  que en la gran mayoría de los casos, las fuerzas de la oposición no han acudido a esas zonas o lo han hecho sólo en cantidades simbólicas, al tiempo que el gobierno rehúsa a retirar sus tropas de lugares estratégicos ocupados durante la lucha, lo que causa aún más malestar y desconfianza tanto entre civiles como militares. En los pocos casos en los que contingentes de tropas han sido acantonados en las zonas designadas, no se ha hecho nada por preparar su llegada. El resultado ha sido un número creciente de grupos de hombres armados, cerca de población civil y tropas hasta hace poco enemigas, sin los mínimos asegurados para sobrevivir (agua, techo, alimentos). El riesgo de choques, saqueos y deserciones se multiplica en esas circunstancias, y ha habido casos en los que unidades enteras han vuelto a su territorio tras un tiempo soportando esas condiciones de vida. En algunos casos, las zonas de acantonamiento fijadas son claramente desventajosas para una de las partes, lo que ha llevado a tensas renegociaciones sobre su ubicación, o a otras tretas, tales como enviar a esos lugares a reclutas mal equipados y poco instruidos, mientras que las fuerzas con capacidad combativa real permanecen en reserva. Nada de esto ayuda a fomentar un clima de confianza indispensable para una paz duradera.

Otro de los argumentos más expuestos a la hora de hablar del éxito de los acuerdos de paz es el retorno de desplazados, ahora que la violencia ha remitido. Lo primero que hay que decir a este respecto es que el fenómeno del desplazamiento de población en Sudán del Sur (y países de alrededor) es extremadamente complejo, en lo que influyen muchos factores, pero que inevitablemente se ha simplificado y manipulado de muchas maneras y por muchos actores, puesto que el movimiento de población está estrechamente relacionado con la recepción de ayuda humanitaria, niveles de estabilidad (o violencia) y otros factores económicos o climáticos. Como hemos visto antes, es cierto que algunos civiles han retornado de países vecinos; pero es difícil interpretarlo como un logro por la paz cuando muchos de ellos son reclutados a su llegada o ubicados en zonas que no necesariamente son su lugar de origen, sino dónde más conviene a sus comandantes militares y líderes políticos. En otros casos, la población desplazada huye al monte pero se mantiene relativamente cerca de sus hogares; cuando la violencia remite estos civiles vuelven a los mercados y pozos, e incluso a sus hogares, pero mantienen asentamientos en lo más profundo del bosque y permanecen preparados para volver en cualquier momento: están aprovechando la pausa en los combates para acceder a servicios, aunque se les contabiliza como retornados. Hay ocasiones en las que los desplazados recorren distancias tan largas y han permanecido desplazados tantos años que para ellos deja de tener sentido retornar, mientras que otras veces son absorbidos por otras poblaciones vecinas o de su misma tribu. Esto no sólo dificulta enormemente el seguimiento y e identificación de quién es un desplazado, sino que acaba nublando el propio concepto de retorno.

Respecto al retorno de desplazados, hay dos problemas mucho más importantes. El primero es el empleo de falsos retornados por parte de los grupos armados, y en especial del SPLA-IG y otros grupos dinka, para expandir su área de influencia. Cuando una población es abandonada por sus habitantes después de una fase de lucha (ya sea entre fuerzas regulares o en un episodio de “violencia intercomunal” orquestado a tal efecto) las autoridades llevan al poco tiempo grupos de civiles que supuestamente retornan a sus casas. Estos civiles suelen ser dinkas o de otros grupos afines al gobierno, y presentados a las agencias humanitarias como retornados, para a continuación pedir ayuda humanitaria para dicha comunidad. Este fenómeno ha sido definido como “etnocidio” por una asesora de la ONU y especialista en Sudán del Sur: hoy en día existen zonas por todo el país con elevada población dinka en las que una década atrás no tenían apenas presencia, principalmente en las grandes ciudades, en las áreas colindantes a los territorios dinka y en las zonas de paso tradicional para sus reses.

El otro gran problema son los campos de desplazados protegidos por UNMISS: PoC (Protection of Civilians por sus siglas en inglés). En la actualidad, hay cientos de miles de personas viviendo en PoCs por todo el país: Juba, Malakal, Bentiu, Wau… civiles huyendo de la violencia, la miseria, el hambre, la persecución y los elementos llevan años asentados en ellos. UNMISS tiene el mandato de proteger a toda la población de Sudán del Sur; sin embargo, una cantidad desproporcionada de sus recursos se centra en un porcentaje relativamente pequeño de la población. UNMISS tiene interés en el cierre, o al menos reducción de estos campos. El gobierno, por su parte, ha sido siempre crítico con dichos campos, acusando a las agencias humanitarias de proveer comida para atraer a la población y así justificar su propia supervivencia institucional, y de albergar rebeldes en dichos campos. Si bien es verdad que en muchos PoCs habita una mayoría de población de grupos opuestos al gobierno, y que en muchas ocasiones han albergado actividad de facciones opositoras, no es menos verdad que la inmensa mayoría de la población de dichos campos son civiles inocentes que teme represalias o violencia si sale de ellos, o sencillamente no está dispuesta a retornar a sus zonas de origen donde después de años deshabitadas carecerían de medios de vida. El empeño en propiciar el retorno de la población de los PoC en un ambiente aún volátil y sin garantías para su seguridad y subsistencia sería un riesgo inaceptable desde el punto de vista humanitario. No en vano, los campos se llaman “protección de civiles”. Tampoco ayuda que el gobierno haya propuesto como gesto de buena fe trasladar a todos los nuer de los PoC de Juba, a las regiones tradicionalmente nuer, a pesar de que la mayoría son habitantes de Juba desde hace generaciones, en línea con los esfuerzos de redistribución étnica antes descritos.

Aun así, UNMISS y el gobierno insisten en la importancia del retorno como señal de paz. Retornos de grupos de unos pocos cientos de civiles se anuncian como grandes logros, mientras que se pasa de puntillas a la hora de admitir la mera existencia de miles de nuevos desplazados o de la misma violencia que cause que huyan de sus hogares. La misma estrategia humanitaria dictada por las agencias de la ONU ha cambiado mucho más bruscamente que la evolución de la realidad, centrándose en reconciliación y retorno; es algo que parece más un intento de justificar el apoyo a un moribundo tratado de paz que de responder a las necesidades de la población. Pero para quien haya visto la realidad sobre el terreno en Sudán del Sur, hoy en día el ruido de sables suena mucho más alto que las palabras de paz.

 

FOTOGRAFÍA: Casa destruida en combates / José David Nebreda Martell

 

ERDOGAN

 

Para ElDiario.es

 

Si no fuera por la tragedia que conlleva, la decisión del Parlamento turco de aprobar el despliegue de tropas en Libia podría verse, en clave cómica marxiana, como el culmen de la entrada de actores en el atestado camarote en el que se encuentran los más de seis millones de libios atrapados en el conflicto desde 2011.

Además, nada apunta a que esa medida, que establece un mandato de un año para añadir tropas sobre el terreno a los drones, armas y asesores que Ankara ha aportado al conflicto desde el pasado verano, vaya a servir para poner fin a la violencia.

Tras la ofensiva iniciada el pasado abril por Khalifa Haftar –con el refuerzo añadido desde diciembre de los mercenarios enviados por Moscú–, la situación de Fayez al Serraj, líder del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) reconocido por la ONU, comienza a ser desesperada.

Sin verdaderos apoyos políticos y económicos –a pesar de contar con el reconocimiento internacional y el más concreto, pero limitado, de Catar e Italia– y sin una capacidad militar suficiente para contrarrestar el empuje de Haftar, al que apoyan sobre el terreno tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia y hasta Francia, Serraj se ha acercado cada vez más a Recep Tayyip Erdogan.

Ambos líderes firmaron el 27 de noviembre un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Si Serraj busca básicamente evitar su derrota frente a un Haftar que pretende eliminar toda huella del islam político en Libia y acaparar el poder al estilo del golpista egipcio Abdelfatah al Sisi, Erdogan trata de aprovechar la circunstancia al menos en varios frentes simultáneos.

En primer lugar, tal y como quedó demostrado con la firma el mismo 27 de noviembre de un acuerdo que delimitaba las zonas económicas exclusivas marítimas de ambos países, Erdogan busca, como mínimo, frenar el proceso que Grecia, Chipre, Egipto e Israel están desarrollando para explotar los hidrocarburos localizados en el Mediterráneo oriental sin contar con Ankara.

Erdogan, arrinconado en principio por dichos países, los cuales han condenado el acuerdo, pretende sumar aliados a su causa con la intención final de llegar a tener un papel relevante en la futura red mediterránea de suministro de gas a los países de la Unión Europea. De momento, a la espera de ver en qué desemboca su controvertida exploración en aguas chipriotas, ya ha logrado convertir la ciudad sureña de Ceyhan en el punto de llegada de hidrocarburos procedentes del mar Caspio y de Irak. Por otro lado, está a punto de entrar en servicio el gaseoducto Turkstream por el que transitará gas ruso hacia Europa.

En segundo lugar, mirando tanto hacia el pasado como al futuro inmediato, Ankara pretende resarcirse de las pérdidas económicas acumuladas en estos años en los que sus cuantiosas inversiones en Libia han quedado en nada. Así se entiende el apresuramiento del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que ya en junio de 2016 visitó Trípoli en un gesto de respaldo al recién creado GAN.

El objetivo entonces era intentar reactivar los más de 300 proyectos en distintas fases de ejecución desarrollados por empresas turcas con una inversión superior a los 16.500 millones de dólares. Y a eso se une hoy el interés por reservarse una considerable tajada en la reconstrucción de un país con tanta riqueza en hidrocarburos como necesidades de modernización una vez que la violencia quede atrás.

En esta línea, las empresas turcas tienen serias opciones tanto en el sector de la construcción de infraestructuras como en el aeronáutico, sin olvidar el de la industria de armamento.

Por último, imbuido de una visión neotomana cada vez menos disimulada, Erdogan aspira a ser reconocido como el líder político del islam suní, incluso por encima de Riad. Al igual que ocurre en Siria, también en Libia –uno de los últimos territorios perdidos del imperio otomano hace un siglo– se dirime en buena medida la confrontación entre los aspirantes a un puesto que tradicionalmente ha ocupado Riad.

Por eso, volver a poner un pie en Libia supone para Erdogan no solo desviar la atención sobre los problemas internos y alimentar el orgullo de una sociedad golpeada por la crisis, sino también aumentar su peso específico en un delicado juego que lo está llevando a empantanarse en escenarios bélicos tan procelosos como el sirio y el iraquí.

Poco parece importarle a Erdogan que su visible implicación militar viole el embargo de armas sobre Libia, seguramente porque ha comprobado como muchos otros han hecho lo propio antes sin sufrir ninguna penalización. Pero queda por ver cómo podrá simultáneamente explicar en el marco de la OTAN su aventurerismo militar, gestionar el malestar que a buen seguro su nueva apuesta provocará en Moscú (aliado de Haftar) y cubrirse de las críticas internas de unos adversarios políticos y una ciudadanía que muy pronto comprobarán que nadie les garantiza los réditos del envite.

 

FOTOGRAFÍA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea General de la ONU. EFE

 

PAL

 

Para elperiódico.com

 

Termina el año no solo sin atisbo de que el desequilibrado "acuerdo del siglo" salga pronto a la luz, sino que hasta el propio Donald Trump se ve obligado por el Congreso a transferir al menos una parte de los fondos (recortados drásticamente en el 2018 y anulados por completo este año) que tradicionalmente Washington enviaba a una Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) que acaba de ver revalidado su mandato por otros tres años. Incluso la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) acaba de activar un proceso que puede desembocar en condenas contra israelís que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde el 2014.

Pero sería erróneo interpretar esas señales como un cambio de tendencia que nos acerque a un acuerdo palestino-israelí justo, global y duradero. Para empezar, el plan pergeñado en primera instancia por Jared Kushner, el yerno de Trump, solo se ha retrasado por la convulsa agenda electoral israelí (con idea de no dañar las opciones de Netanyahu), pero todas las interesadas filtraciones apuntan sin remedio a una apuesta a favor de Tel Aviv.

Si Trump sale reelegido el próximo noviembre es bien previsible que se afane aún más por rematar la tarea que ya le ha llevado a declarar a Jerusalén como capital israelí --trasladando allí su embajada y cerrando todo canal de contacto con la Autoridad Palestina-- y a apoyar la anexión israelí de los Altos del Golán sirios y la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Palestina; todo ello al margen de las normas más básicas del derecho internacional.

Asfixia económica

Por otra parte, los fondos que ahora tendrá que transferir a la UNRWA (y previsiblemente a la Autoridad Palestina) --no más allá de un tercio de los habituales hasta 2018-- ni sirven para recuperar la capacidad de maniobra de la agencia ni suponen olvidarse del esfuerzo que tanto Trump como Netanyahu están realizando para eliminarla.

No solo se trata de ahogarla económicamente (EEUU aportaba prácticamente un tercio de su presupuesto general), sino de ampliar la campaña de desprestigio que ha llevado a la dimisión de su principal responsable y a forzar una reconceptualización de la figura del refugiado, para dejarla reducida solo a los que todavía viven de los más de 700.000 que sufrieron la Nakba en 1948, en lugar de los más de 5,4 millones registrados en la UNRWA. Aunque sus responsables han logrado movilizar a algunos gobiernos para paliar el creciente déficit, en ningún caso se ha podido compensar la pérdida acumulada.

A esto se añade que Israel no es Estado Parte del TPI y no está claro si Palestina, Estado observador en la ONU, debe ser considerado como tal a efectos de activar un proceso contra israelís. Todavía queda por ver si los jueces del tribunal responden positivamente a la primera duda y determinan que hay pruebas suficientes para iniciarlo.

En definitiva, aunque la imagen de Israel pueda quedar parcialmente afectada, sus gobernantes pueden seguir adelante con su estrategia de hechos consumados para impedir la existencia de un Estado palestino viable, conscientes de que ya nadie se la va a jugar por los palestinos.

 

FOTOGRAFÍA: EFE