Actualidad

 

Para Esglobal.

 

La peligrosa tentación de Gobiernos y Estados de apoyarse en señores de la guerra, criminales, milicias y todo tipo de grupúsculos violentos para lograr propósitos geopolíticos y geoeconómicos

 

Pueden ser gobiernos como el de Bashar al Asad en Siria, grupos paraestatales tales como Hamás, Hezbolá o los hutíes en Oriente Medio o señores de la guerra, bandidos, maras, criminales y hasta terroristas y mercenarios en una amplia gama que va desde los cárteles latinoamericanos y las guerrillas y milicias de muy distinto signo hasta los talibanes afganos, Al Qaeda, Daesh, el Ejército Nacional Libio comandado por Jalifa Haftar e innumerables grupúsculos violentos apenas disfrazados con algún mínimo discurso ideológico. Para quienes tienen alma de demiurgo y se sienten tentados de tomar atajos para lograr sus fines, todos ellos aparecen a sus ojos en algún momento como potenciales instrumentos útiles. Instrumentos de los que normalmente reniegan en público sus patronos, pero muy presentes en sus agendas como parte de un juego de alto riesgo que suele provocar los eufemísticamente denominados «efectos colaterales» que se ceban con la población civil y que, en no pocas ocasiones, acaban por quemar a quienes los promueven.

Ninguno de ellos, por supuesto, tendría espacio y acogida en un mundo ideal, donde la ONU no solo tendría la voluntad sino también la capacidad real para gestionar la agenda de paz y seguridad a escala planetaria, vigilando que todos cumplen las reglas de juego y castigando al que se las salte. Del mismo modo, tampoco los Estados miembros de la comunidad internacional les darían cancha, ajustándose en la defensa de sus legítimos intereses a no usar ni amenazar a otros con la fuerza, a no entrometerse en sus asuntos internos, a respetar el Derecho internacional y a confiar en la ONU como un policía global efectivo.

Pero, por desgracia, en el mundo real nada de eso sucede. Hoy la ONU está totalmente marginada e incapacitada para cumplir su tarea (nada menos que evitar la guerra a las generaciones futuras, como recoge su Carta fundacional). También hay Estados, tanto si son democráticos como si son señalados como dictaduras, que olvidan con demasiada frecuencia los valores y principios que dicen defender y promover en el concierto internacional, cayendo en la tentación de optar por impresentables, creándolos o potenciándolos, al servicio de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos.

Quienes, desde una plataforma estatal, practican el todo vale suelen responder, en principio, a dos motivaciones. La primera se hace más obvia cuando para el que decide entrar en ese tipo de relaciones con indeseables no están en juego sus intereses vitales. En ese caso, se prefiere reservar las propias fuerzas para mejor ocasión y emplear a actores locales que hagan el trabajo sucio. Ejemplos tan notorios como la Contra nicaragüense, los muyahidines afganos o, más recientemente, los hombrecitos de verde en Ucrania sirven para mostrar cómo tanto Washington como Moscú y muchos otros han acabado creyendo que podían manipular a su antojo a pequeños monstruos dispuestos a cumplir a rajatabla sus dictados. La segunda, muy ligada a la anterior, responde al intento de escapar al escrutinio parlamentario y mediático que suele suponer el empleo de tropas propias en aventuras militares fuera del territorio nacional. Quienes prefieren esta opción cuentan con que la muerte de extraños en operaciones más o menos encubiertas no tiene la misma repercusión entre su propia opinión pública en términos electorales, lo que creen que les otorga un mayor margen de maniobra, aunque eso suponga hacer dejación de sus responsabilidades y adentrarse en aguas muy turbias.

Por su parte, en el otro extremo del espectro, son muchos los gobiernos y grupos no estatales deseosos de contar con el apoyo de padrinos generosos, dispuestos a jugar con fuego. Saben que con sus propias fuerzas les resulta imposible lograr sus propósitos y confían en que un poder superior les permita alcanzarlos. Y eso vale tanto para un Sadám Husein que Estados Unidos vio en su día como un ariete manejable y capacitado para echar abajo la revolución iraní encabezada por el ayatolá Jomeiní, como para los dirigentes kurdos que en repetidas ocasiones se han puesto en manos estadounidenses con el fin de avanzar en su sueño político de constituir un Estado propio o los rebeldes (expresión que esconde a menudo a especímenes poco recomendables) deseosos de derribar a Muamar al Gadafi o a Bashar al Asad. Aunque sean conscientes que hay un riesgo claro de quedar abandonados en mitad del camino -cuando sus servicios ya no sean considerados útiles para los propósitos de quienes los respaldaban-, saben también que no pueden despreciar esa ayuda si desean acercarse a sus objetivos.

Y en ese cruce de intereses y cálculos recíprocos se terminan por encontrar unos y otros. Los primeros, traspasando los límites que impone el Derecho internacional, creen poder así acortar los tiempos para imponer su agenda, manipulando los sueños (o las pesadillas) de actores menores para convertirlos en carne de cañón al servicio de sus intereses. Los segundos, que saben que van a ser negados y hasta criticados públicamente por sus patrocinadores, entienden que esa cobertura es la vía principal, sino la única, para poder superar sus propias limitaciones y aspirar a alcanzar sus objetivos finales, sean estos políticos o, cada vez más frecuentemente, meramente crematísticos. A fin de cuentas, unos y otros calculan que, si la aventura conjunta resulta exitosa, tiempo habrá de reescribir la Historia para travestir de héroes y luchadores por la libertad a sus participantes, integrándolos incluso en la vida nacional en la nueva etapa que se abra tras la victoria. En caso contrario, lo habitual es olvidarse de aquellos cuya compañía ya no resulta rentable y buscar un chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad de haber hecho lo incorrecto. Y, si las críticas suben de tono, aún cabe elevar el discurso exculpatorio, echando mano de eufemismos tan manidos y desgastados como el de la necesidad de bajar a las cloacas y ensuciarse para defender la democracia o, como última ratio regis, haciendo referencia a los tan sacralizados intereses superiores del Estado que a tantos les sirven de patente de corso para llevar a cabo acciones ilegales.

La más pura realpolitik puede intentar justificar este tipo de comportamiento, aduciendo que en ocasiones no hay más remedio que mancharse si se quiere desbloquear una situación conflictiva. Pero, además de las consideraciones éticas y de las que emanan del compromiso adquirido de respetar las leyes y los derechos humanos -que ya deberían ser suficientes para resistir la tentación-, basta con repasar tantos ejemplos de fracaso cosechado por esa vía para concluir que en ningún caso cabe verlo como una buena práctica. Hasta que se llegue a entender que la defensa de valores y principios no es incompatible con la defensa de intereses geopolíticos y geoeconómicos -por el contrario, es la mejor vía para garantizarlos-, bastaría con tener presente los efectos negativos de confiar en maleantes de todo signo.

Sin embargo, a pesar de las lecciones aprendidas se constata que sigue recurriéndose cotidianamente a esos actores como socios o aliados. Y las razones para ello son desgraciadamente múltiples. En primer lugar, por el convencimiento de que, aunque hacerlo suponga una violación del Derecho internacional y una abierta incoherencia entre las palabras y los hechos de quien se decide a recurrir a ellos, se cuenta con que será muy difícil demostrar la relación entre el promotor y el ejecutor hasta el punto de que de ahí pueda derivarse una condena efectiva. Además de esa sensación generalizada de impunidad, corroborada por tantos ejemplos conocidos (incluyendo los actuales de la implicación militar rusa y turca en el conflicto libio), el dominante enfoque cortoplacista que define las relaciones internacionales explica, asimismo, que ante la falta de voluntad para realizar un esfuerzo sostenido en el tiempo que atienda a las causas estructurales que explican la violencia, se opte por recurrir a fórmulas de supuesto efecto inmediato, aunque con ello acaben creándose más problemas.

Si a eso se suma que también con frecuencia esos circunstanciales aliados tienen sus propias agendas es fácil suponer que, sobre todo cuando el conflicto en el que están inmersos se prolonga en el tiempo, no van a limitarse a cumplir subordinadamente lo que les indica su patrón exterior, sino que tenderán a desarrollar sus propios planes. Estos pueden no coincidir con los de su patrocinador e incluso pueden derivar en que terminen por morder la mano de quien les ha dado de comer hasta entonces.

No son, en definitiva, ni un mal menor ni una opción inesquivable. Y la toma de conciencia sobre las hipotecas que generan con respecto a sus patrocinadores, tanto en imagen como en afectación a sus verdaderos intereses y en las enormes dificultades para lograr liberarse de las criaturas que ellos mismos han creado o potenciado -lo que muchas veces lleva a un mayor empantanamiento en estrategias fracasadas (como ocurrió, por ejemplo, con el apoyo estadounidense a los señores de la guerra y a los talibanes en Afganistán)- debería ser suficientemente disuasoria para rechazar implicarse en un juego tan peligroso y condenable.

 

IMAGEN: El general libio Khalifa Haftar con el Presidente italiano, Giuseppe Conte, en la Conferencia para Libia celebrada en Palerno, 2018. Tullio Puglia/Getty Images

Ana Badía Martí y Laura Huici Sancho (Dirs.). Marcial Pons. 2020.

 

En mayo de 2018 el Máster de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, el Máster en Cooperación de la Universidad del País Vasco y el IECAH organizamos una Jornada de trabajo sobre “Nuevos planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria”, de la que ahora se publican las ponencias. Han sido editados por Marcial Pons.

Desde el IECAH agradecemos a la Universidad de Barcelona su trabajo para esta publicación que aborda uno de los temas más relevantes en el actual panorama humanitario internacional. Incluimos aquí el artículo de Francisco Rey, Codirector del IECAH, en dicha publicación.

 

 

 

 

 

REFUGEE


 

En el mundo hay, actualmente, 79’5 millones de personas desplazadas de modo forzado; una cifra que, año tras año, no ha dejado de crecer, duplicando en apenas una década los datos que se registraron en 2010 cerca de 40 millones de personas desplazadas, según las estadísticas de ACNUR. Aún más: cada tres segundos, una persona se ve forzada a abandonar su casa; de media, se producen 37.000 nuevos desplazamientos cada día, y un 40% de la población refugiada son niños y menores de edad, algo que, si pensamos en términos de vidas humanas, de individuos, y no solo de números que pueden parecer ajenos o inabarcables para el conjunto de la sociedad civil, se convierte en una realidad impactante que requiere una actuación urgente. Las causas que motivan el desplazamiento forzado son cada vez más variadas y en ocasiones se suman. Los patrones del desplazamiento han variado mucho y junto a la violencia, los desastres o la crisis climática están en el origen de muchos de ellos.
 
Los informes del ACNUR dan cuenta anualmente de la situación en la que se encuentran estos colectivos y las dificultades que afrontan todas aquellas personas obligadas a huir de sus hogares por conflictos armados, violencia y discriminación, violaciones de derechos humanos o desastres medioambientales, pero, a pesar de ello, conocer con exactitud las cifras reales es una tarea compleja, y entender las problemáticas que se esconden tras esos números, enormemente difícil. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que tras los casos registrados hay seres humanos cuyos derechos están siendo vulnerados, y la reducción de los mismos a meros porcentajes o colectivos etiquetados de «vulnerables» contribuye, en muchas ocasiones, a esa misma vulneración.
 
El Día Mundial del Refugiado, celebrado cada 20 de junio desde el año 2001, conmemora la aprobación de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado en 1951 y trata de rendirles homenaje, llamando la atención de actores y sociedad civil sobre su situación en todo el mundo, mostrando solidaridad con los desplazados e incidiendo en los contextos que agravan su realidad año tras año, en busca de compromisos que garanticen el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Hay que destacar, sin embargo, que siete décadas más tarde nos enfrentamos, tras varios años en los que la situación se ha ido deteriorando, a la peor crisis de refugiados desde el fin de la II Guerra Mundial; peor que en 2015 y, si cabe, aún más global. Y esto no se debe a que los desplazamientos internacionales se hayan incrementado especialmente al contrario, el número de desplazados internos, que superó en 2019 los 455 millones, es ahora más elevado que nunca—, sino a que el contexto actual presenta, a nivel mundial, unas particularidades derivadas de la crisis sanitaria que agravan todavía más las condiciones de vida en asentamientos cuya situación ya era enormemente precaria.
 
Este 2020 puede convertirse, sin duda, en un nuevo punto de inflexión en la historia de las migraciones forzadas, pues el riesgo en los países de origen, tránsito y destino ha sumado un nuevo factor: la pandemia de la Covid-19. El cierre de fronteras y el aumento de los controles ha incrementado las dinámicas de securitización de las migraciones y las políticas de contención, dificultando, e incluso suspendiendo, el acceso al asilo o a la protección en muchos países. Por otro lado, la expansión del coronavirus en los campos de refugiados, espacios que presentan enormes deficiencias en términos de salubridad y altísimos niveles de hacinamiento y desinformación, supone una de las mayores emergencias a atender por los actores y organizaciones humanitarias.
 
Los campos de Cox’s Bazar, en Bangladesh, que albergan a más de 860.000 refugiados rohingyas, o el campo de Moria, en Lesbos, cuya capacidad para 3.000 personas se ha visto desbordada hasta albergar cerca de 20.000, son ejemplos concretos de una situación ya de por sí insostenible que en el contexto actual incrementa el riesgo al que las poblaciones refugiadas están expuestas. A pesar de que los casos detectados hasta el momento son reducidos —a 7 de junio, en los campos de Bangladesh había 30 casos confirmados y 36 personas en cuarentena—, la falta de asistencia sanitaria, de espacio, y de agua, saneamiento e higiene (WASH) convierte estos espacios en auténticas bombas de relojería. La construcción de 234 nuevas instalaciones de agua y saneamiento entre marzo y abril en Cox’s Bazar siguen siendo insuficientes, y el miedo a las consecuencias del aislamiento han hecho que el número de pacientes diarios que acudía a los centros de atención médica se haya reducido a la mitad, según Médicos sin Fronteras.

En este contexto de crisis global, en el que la solidaridad internacional es imprescindible, la celebración del Día Mundial del Refugiado es más importante que nunca para que todos volvamos a pensar en la realidad que afrontan las personas refugiadas y desplazadas dentro de nuestras fronteras y más allá de ellas. Bajo el lema «Todo el mundo puede marcar la diferencia. Toda acción cuenta», este año ACNUR organiza a nivel mundial diferentes eventos y actos que, debido a la pandemia, se celebrarán online. Entre otros, el jueves 18, coincidiendo con la publicación del informe Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2019, a las 16:00h tendrá lugar un evento en el teatro Lara (más información disponible aquí) con ACNUR España; y el viernes 19 a las 10:30h CEAR presentará su Informe 2020. Sensibilizar a la opinión pública acerca de los problemas que las personas desplazadas de modo forzado afrontan en todo el mundo y asegurar que se garantizan sus derechos debe ser una prioridad; y, en esa tarea, todos debemos estar involucrados.

 

 

Autora: Raquel Chamizo Hermosilla

 

FOTOGRAFÍA: Freepik

 

 

 

Para Blog Elcano.

 

Al igual que ocurre hoy prácticamente con cualquier asunto de la realidad internacional que no esté directamente conectado con la pandemia del coronavirus, la muerte de Abdelmalek Droukdel ha pasado prácticamente desapercibida. Pero el bajo perfil mediático de su eliminación también puede interpretarse como una señal de que, al igual que ocurrió con la eliminación de Osama bin Laden o de Abubaker al-Bagdadi, la experiencia acumulada nos hace ver que la desaparición de líderes tan destacados apenas afecta a la capacidad letal de los monstruos que han creado.

En el caso concreto de Droukdel, experimentado yihadista con un largo recorrido desde Afganistán hasta hacerse con el liderazgo de al-Qaeda en el Magreb islámico (AQMI), su muerte el pasado 3 de junio incluso ha sido presentada como una victoria. Una valoración un tanto grandilocuente cuando se toma en consideración que en 2019 se registraron más de 4.000 muertes violentas en el Sahel occidental y que, el mismo día de su eliminación en el norte de Malí, se dio a conocer la muerte de más de 30 civiles en el centro del país, mientras decenas de miles de personas se manifestaron en Bamako contra el presidente Ibrahim Boubacar Keita.

Sin negar importancia alguna al descabezamiento de un grupo terrorista como AQMI, lo que en el mejor de los casos solo supondrá un limitado paréntesis hasta la confirmación de un nuevo líder, basta con recordar que el yihadismo en la región está aumentando incluso más desde el estallido de la pandemia. En la zona se mueven dos considerables entramados yihadistas. Por un lado, destaca la presencia desde 2017 del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jamā’at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn, o JNIM), liderado por el tuareg de la etnia ifogha Iyad Ag Ghali. En su seno se integran Ansar Dine (creado en 2012 por el propio Ag Ghali), la katiba Macina (creada en 2015 por el predicador peul Amadou Koufa) y AQMI (encabezada hasta ahora por Droukdel). Por otro, Daesh ha logrado también consolidar una presencia propia a partir de la franquicia liderada por un antiguo miembro del Frente Polisario y líder en su día de Muyao, Adnan abu Walid al Saharaoui, conocida como Estado Islámico del Gran Sahara, muy activa en la confluencia de las fronteras entre Malí, Burkina Faso y Níger, y con vínculos reconocidos con el grupo nigeriano Wilayat al Sudan al Gharbi (escisión del antiguo Boko Haram, ligada a Daesh).

Frente a la considerable amenaza que estos grupos representan –con unos efectivos totales estimados en más de 6.000 combatientes y que actualmente también se enfrentan violentamente entre ellos en pugna por el liderazgo del yihadismo regional–, la respuesta principal ha sido casi exclusivamente militar. En un esfuerzo reactivo de múltiples motivaciones, en la región confluyen hoy los alrededor de 15.000 efectivos de MINUSMA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) con los 5.000 de la G5 Sahel (creada en 2017 –con aportaciones de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí y Níger– como una evolución natural de la Fuerza Multinacional Conjunta, en la que se integraban fuerzas de Benín, Camerún, Chad, Níger y Nigeria y que, el pasado 3 de junio, acaba de estrenar su nuevo cuartel general en Bamako, financiado por la Unión Europea, tras la destrucción en 2018 del que se localizaba en Sevare). A ellas hay que añadir, obviamente, las siempre limitadas fuerzas armadas de los países ubicados en la región, sobre las que recaen acusaciones cada vez más serias sobre su escasa sensibilidad con respecto a los derechos humanos, y su participación directa en masacres contra civiles indefensos.

En el mismo capítulo de perfil militar hay que incluir a los distintos programas de instrucción de fuerzas armadas locales y de asesoramiento a los ministerios de defensa en el intento por mejorar la operatividad de sus unidades. En ese terreno hay que citar los programas desarrollados por países como Estados Unidos y algunos europeos, tanto unilateralmente como en el marco de operaciones multilaterales, como EUTM Malí (European Union Training Mission Mali), EUCAP Sahel Malí (European Union Capacity Building Mission Sahel Mali) o EUCAP Sahel Níger (European Union Capacity Building Mission Sahel Niger). Mención aparte merece la implicación militar de Francia cada vez más contestada en la región con la operación Barkhane, en la que despliega unos 5.000 efectivos junto a los que aportan otros países europeos y africanos, y que a partir de este verano será complementada por la operación Takouba.

Por último, la propia Unión Africana lleva tiempo reiterando sus llamamientos a los países miembros para que se impliquen más en la respuesta militar a la amenaza yihadista. Hace apenas tres meses, el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, recordaba en la Cumbre de la organización que “el continente no ha mostrado solidaridad con sus hermanos y hermanas del Sahel”, al tiempo que reclamaba la puesta en marcha de una fuerza africana, con unos 3.000 efectivos durante un periodo de seis meses, para su despliegue en la región. Una fuerza que nunca ha llegado a organizarse, lo que se suma a la inactividad de una Fuerza Africana de Reserva, operativa desde 2016, pero que nunca ha sido desplegada en la práctica.

Frente a ese sostenido esfuerzo militar, y a pesar del escaso resultado cosechado a lo largo de estos últimos años, sigue brillando por su ausencia un empeño nacional y multilateral, al menos similar, en el terreno del desarrollo social, político y económico para atender a las causas estructurales que alimentan el yihadismo (añadido a otros tipos de violencia local no menos preocupantes). Nunca se terminará con esa violencia por vía policial o militar. Incluso la fuerza G5 Sahel parece consciente de ello, y de ahí que su lema sea “Seguridad y Desarrollo”. Pero no parece que ni sus promotores ni sus responsables hayan aprendido aún que seguridad es algo más que medios militares, y que desarrollo es mucho más que cheques en blanco para comprar voluntades.

 

IMAGEN: Mapa de los países de la región del Sahel. Créditos: The Conversation / Zenobia Ahmed (CC BY-SA)