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El pueblo argelino ha sido una vez más llamado a las urnas para refrendar un nuevo proyecto de amnistía, presentado como la única vía para salir de la “tragedia nacional” y pasar página sobre la década sangrienta de los noventa. La Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional ha sido aprobada con el 97,36% de los votos y con una participación del 82,04%. Las tasas de participación más bajas han sido registradas en las dos principales ciudades de la Cabilia , Tizi Ouzou (con el 11,40%) y Béjaïa (con el 11,55%).

El resultado no supone ninguna sorpresa, ya que la campaña que precedió a esta nueva convocatoria electoral transmitió al pueblo argelino la idea de que no quedaba otra alternativa: se trataba de votar por la paz o contra la paz. Una visión dominante y reductora de lo que debería ser un verdadero proceso de reconciliación.

La Carta no ha sido el fruto de un proceso de consulta con el pueblo argelino, principal víctima de la violencia durante la década de los 90. El debate nacional prometido por el Presidente tras la publicación de la Carta se hizo en un sentido único. Al mismo tiempo, las semanas que precedieron a la consulta dieron lugar a una verdadera campaña de intimidación, con la detención de los militantes de los partidos que manifestaron su oposición, como el MDS (Movimiento Democrático y Social) o el FFS (Frente de Fuerzas Socialistas). Para el presidente de este último, Aít Ahmed, la Carta “consagra la impunidad y la amnesia” .

La Carta , que sigue el modelo de la Ley sobre la Concordia Civil de 1999, propone una amnistía o una reducción de pena para los activistas que se rindan. No determina, sin embargo, cuáles van a ser los mecanismos y los órganos responsables de la aplicación de la ley. Ésta es una carencia importante, teniendo en cuenta la falta de transparencia que ha caracterizado la labor de los Comités encargados de la aplicación de la Ley sobre la Concordia Civil , tanto en sus deliberaciones como en las decisiones adoptadas.

Organizaciones como Human Rights Watch han puesto de manifiesto las numerosas lagunas de la Carta y subrayado que muchas disposiciones van en contra de las normas internacionales que regulan los procesos de amnistía . No parece que estos juicios, ni los expresados por Naciones Unidas, que establecen límites a las medidas de amnistía y estipulan las obligaciones del Estado de llevar a cabo las investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones contra los derechos humanos, hayan influido en los gobernantes argelinos. Unos gobernantes que han abierto su mano hasta dejar fuera de la amnistía sólo a los criminales implicados en masacres colectivas, violaciones y atentados con explosivos en los lugares públicos . Comparada con la lista establecida en la Ley de Amnistía de 1999, en esta ocasión no se incluyen las ejecuciones extrajudiciales, los actos de tortura y las desapariciones forzadas . 

Una estrategia política destinada a mantener los equilibrios de fuerzas en el poder
Este nuevo proyecto de amnistía, diseñado en exclusiva desde la presidencia del Estado, presenta numerosas deficiencias. Más que un verdadero proyecto de reconciliación- destinado a curar las heridas del pasado, haciendo justicia a todas las víctimas de la violencia y contemplando las responsabilidades de cada parte-, la Carta parece más un instrumento político destinado a reforzar el régimen argelino. El Presidente argelino quiere, en cierto modo, volver a contar con el capital de confianza obtenido tras el referéndum de 1999 sobre la Concordia Civil. Este nuevo plebiscito le permite, además, consolidar su posición para aspirar a un tercer mandato. Tiene, al mismo tiempo, una motivación política inmediata: mantener el statu quo actual y el equilibrio de poder con la Seguridad Militar (Dirección de Información y Seguridad).

En efecto, este nuevo plan de amnistía más que a los militantes islamistas va esencialmente dirigido a proteger a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En un discurso pronunciado el 20 de agosto de 2005 sobre la Carta , Abdelaziz Buteflika habría dicho que “constituía una inmunidad para las instituciones del Estado y, a su cabeza, para la ANP [Ejército Popular Nacional] y los cuerpos de seguridad” . Se asume, en cualquier caso- como afirmaba Farouk Ksentini, Presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Presidente de la Comisión ad hoc sobre los desaparecidos, en una entrevista publicada en enero de 2003- que, sin duda, habría criminales que se aprovecharían de la amnistía pero que esto era un mal menor y que para Argelia lo mejor era pasar página y seguir adelante” .

Por otra parte, la cuestión de los desaparecidos ha sido tratada como tema secundario en la Carta , eludiendo cualquier responsabilidad. Aunque oficialmente el número de desaparecidos sea de 6.146, las principales ONG de defensa de los derechos humanos triplican este cifra. De acuerdo con la versión oficial, estas desapariciones no implican en ningún caso la responsabilidad del Estado, que se vio “desbordado por la violencia” y que sufrió una ruptura de la cadena de mando. Este argumento es de lo más dudoso, teniendo en cuenta que fue el mando militar, a través de la Dirección de Información y Seguridad y los distintos servicios de seguridad militar, el que planificó la lucha contra el terrorismo. Tal como ha ocurrido en otros países, no se trata de casos aislados sino más bien de una acción realizada de forma sistemática y abarcando todas las wilayas . A pesar de las alegaciones del Estado, afirmando que las personas consideradas culpables de haber participado en una desaparición habían sido sancionados por la justicia, no queda constancia de ningún caso y, en todo caso, ningún agente del Estado ha sido reconocido culpable de haber participado a una desaparición.

No es de extrañar por todo lo dicho que el proyecto haya suscitado el rechazo rotundo de los colectivos o grupos de familias de desaparecidos. La Carta ignora la obligación de investigar y el derecho de las familias a conocer la verdad. Tampoco reconoce que el Estado tenga responsabilidad alguna en los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos y tan sólo admite que se trata de actos aislados que no implican la responsabilidad de las instituciones del Estado. La Carta tampoco menciona el deber del Estado de investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos y de perseguir a sus responsables, en contra de lo que preconizan las ONG de defensa de los Derechos Humanos (HRW, Amnistía Internacional), que defienden que los procesos de amnistía no deben impedir la divulgación de la verdad ni los procesos de investigación judiciales de las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

La cuestión de los desaparecidos constituye una amenaza adicional para la Seguridad Militar , ya que las campañas llevadas a cabo por las familias han conseguido un eco mediático suficiente para intranquilizar al sector del ejército responsable de la “lucha contra el terrorismo”.

Para Buteflika, sin embargo, tanto la Ley de Concordia como la Carta Nacional son bazas a su favor, para reforzar su poder frente a la cúpula militar que, desde 1992 cogió las riendas del Estado. Poco a poco ha ido imponiendo sus criterios, como lo demuestra por ejemplo el hecho de que en agosto de 2004 las figuras principales del Estado Mayor (Mohamed Lamari y Chérif Fodhil) hayan abandonado sus cargos. Sin embargo, la pugna no puede darse por concluida, como lo indica el que altos representantes de la Dirección de Información y Seguridad, como los generales Mohamed Médiéne (jefe del servicio de seguridad militar) y Smail Lamari (jefe del servicio de contraespionaje), sigan en sus puestos.

Volviendo al contenido de la Carta , se proponen en ella medidas jurídicas y sociales para los militantes de los grupos violentos e raíz islámica no culpables de los crímenes incluidos en la ley de amnistía. La reinserción de los militantes de estos grupos armados no implica, por otro lado, su reintegración política. Así se ha visto en el caso de Ali Benhadj, uno de los máximos líderes del ilegalizado Frente Islámico de Salvación, que fue liberado en verano de 2004 y que ha vuelto ahora a ingresar en prisión, después de sus declaraciones a la cadena Al Jazira sobre el asesinato de los dos diplomáticos argelinos en Iraq, justificando la resistencia y el Jihad. Al mismo tiempo, este proyecto de amnistía no afectará el principal grupo armado activo hoy en Argelia el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), que cuenta entre 300 y 600 militantes y que ha rechazado públicamente la iniciativa de reconciliación del gobierno .

En definitiva, la Carta no sólo tiene un evidente propósito político para el equilibrio interno del poder, sino que también sirve de garantía frente a las eventuales presiones que puedan surgir del exterior. Así estipula que “al adoptar de forma soberana la Carta , el pueblo argelino afirma que nadie en Argelia o fuera de Argelia puede utilizar o instrumentalizar las heridas de la tragedia nacional para perjudicar las Instituciones de la República Argelina Democrática y Popular”.

Con la Carta , el poder pretende finalmente iniciar un nuevo proceso de amnesia histórica (un fenómeno recurrente desde la independencia). La propuesta de Buteflika no ofrece una paz democrática y responsable que pase por la justicia, la verdad y la responsabilidad. Aunque el pueblo argelino, marcado por largos años de violencia, tenga una profunda necesidad de pasar página y volver progresivamente a la normalidad, eso no significa que esté apaciguado. Mientras la falta de perspectivas de participación en la vida política, social y económica del país siga oscureciendo la vida cotidiana de los argelinos, muchos seguirán tentados por la vía de la violencia