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La defensa de los derechos humanos sienta parte de sus bases en el estudio y la implementación de estrategias que permitan hacer efectivos los mecanismos para materializarlos. Determinar cómo afecta específicamente el ejercicio de los derechos a los ciudadanos, en los contextos de conflicto o emergencia, implica reflexionar sobre los roles que las personas ocupan como miembros de la sociedad.

Hablar de desplazamiento forzado es hablar de un "fenómeno que rompe con la estructura de una sociedad y concurre cuando una persona o una comunidad se ve obligada a abandonar su proyecto de vida, su hogar y su territorio, porque su libertad, integridad física y hasta su vida misma, han sido vulneradas o se encuentran amenazadas por la violencia y el conflicto armado interno; o cuando no se respetan los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario". Por encima de las alarmantes cifras, el drama del desplazamiento forzado es una realidad que ha desbordado en muchos casos a la institucionalidad.

El desplazamiento forzado es una de las situaciones en las que se ha hecho explicita la necesidad de incluir el enfoque diferencial de género. Se trata de una herramienta que contribuye a planear cualquier actuación humanitaria, y a fortalecer el diseño de las políticas públicas de atención a las víctimas de los conflictos; la experiencia ha evidenciado que los roles de género de los hombres y las mujeres se transforman en tiempos de crisis y conflicto.

Como consecuencia de este fenómeno, se ha producido la necesidad de caracterizar los efectos de los conflictos, de diagnosticar la situación y las necesidades de estas víctimas, y de regular a través de las legislaciones internacionales y nacionales los protocolos de intervención en los procesos de atención a las mismas.

Puesto que el desplazamiento forzado comporta una múltiple y continua violación de derechos humanos, se hace necesaria la exigencia a los Estados del estricto cumplimiento de sus deberes de respeto, protección y garantía a favor de los derechos de la población internamente desplazada. Ante estos hechos, se ha venido desarrollando en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una serie de obligaciones jurídicas generales y especiales que necesariamente deben verse reflejadas en las legislaciones internas de los Estados.

Esos marcos normativos internacionales y nacionales han establecido los mecanismos mediante los cuales se puede acceder a la administración de justicia para reclamar la violación de sus derechos humanos. ¿Pero cómo hacer que los mecanismos de garantía de los derechos se desarrollen en políticas públicas que identifiquen y atiendan a las víctimas del desplazamiento forzado de forma diferencial, y que se posibilite la restitución de los mismos?

En el caso colombiano, uno de los actores fundamentales para que la ley logre su objetivo fundamental -garantizar los derechos de las personas desplazadas- ha sido la Corte Constitucional, quien en virtud de sus competencias en el año 2004 dictó la Sentencia T-025, la cual es considerada como una sentencia emblemática por los efectos que las decisiones de la Corte (con relación al tema) han tenido sobre las políticas públicas, la opinión ciudadana y, en última instancia, sobre la situación de la población desplazada. Así como por los efectos políticos, jurídicos, económicos y sociales que tienen las intervenciones de los jueces en problemas sociales estructurales.

El presente trabajo se estructura en tres capítulos: el primero sobre los orígenes y el contenido de la Sentencia T-025. El segundo sobre los tipos y efectos de la misma a través de la metodología propuesta por César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez. El tercero, sobre el contenido del Auto 092 relativo a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, y de los informes de la Mesa de Seguimiento al Auto 092 entre los años 2008 al 2011. Y posteriormente pretende utilizar la metodología de Garavito y Rodríguez para definir los tipos y efectos de Auto. Finalmente se proponen algunas conclusiones relativas a cómo esta experiencia puede fortalecer el cumplimiento de la legislación y las políticas públicas relativas a los derechos humanos de las mujeres.

 

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