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La temporada de lluvias en Colombia, que dejó más de tres millones de personas afectadas por inundaciones y desplazamientos, rebasó la capacidad de respuesta de la estructura del Estado y de la comunidad humanitaria en general.

Estos fenómenos climáticos, cada vez más intensos y frecuentes, nos indican que es tiempo de empezar a construir comunidades más resistentes, políticas más acertadas, y acciones urgentes para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

El fenómeno de La Niña 2010-11 perturbó las temporadas de lluvias en Colombia y produjo lo que el presidente Santos calificó como "el invierno más fuerte en los últimos 60 años." Las regiones más afectadas fueron Caribe, Andina y Pacífico, y su impacto fue devastador para las comunidades más pobres, poniendo en riesgo los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la subsistencia, a la vivienda, entre otros, de más de tres millones de personas. Pero la emergencia declarada no fue resultado de lluvias e inundaciones, que no son inéditas en Colombia: el hecho de que hasta el 75 por ciento de las personas afectadas en La Mojana había sufrido otro desastre en años anteriores demuestra que el desastre fue más humano que natural.

La respuesta humanitaria realizada a partir de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno colombiano el 7 de diciembre de 2010 amparó a muchas personas damnificadas. Pero consultas realizadas por Oxfam con la gente afectada y con representantes de las principales agencias humanitarias demuestran que la respuesta no fue del todo satisfactoria por varias razones, entre otras: por la cantidad de personas no atendidas (hasta un 38,5 por ciento de personas afectadas en municipios de Córdoba); por la falta de participación de decisiones acerca de la ayuda brindada; por la ausencia de medidas enfocadas en las mujeres y otras poblaciones más vulnerables y; por la marginalización política de las instituciones del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) que –a pesar de esa falta de apoyo– llevaron la mayor carga de la respuesta. La ola invernal puso en evidencia fallas importantes de la estructura estatal de respuesta en todos los niveles, y en especial, la capacidad de coordinación a nivel nacional y de gestión de respuesta a nivel local en muchos municipios y departamentos.

La emergencia refleja una vulnerabilidad crónica y estructural que padecen millones de colombianos y, al igual que la respuesta humanitaria inadecuada, es producto de la falta de inversión estatal y prioridad política para fortalecer la institucionalidad del Sistema (SNPAD). Es hora de revertir esa tendencia y de convertir una política integral de gestión del riesgo en una prioridad nacional. Sin medidas contundentes que reduzcan los riesgos y promuevan la adaptación al cambio climático no sólo están en juego las vidas de millones de las personas más vulnerables del país, sino también las metas de desarrollo económico que afectará al país en su conjunto. Las acciones del Gobierno en los próximos seis meses serán determinantes. ¿Se convertirá la próxima temporada de lluvias en otro desastre?