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Acceder a la salud es acceder a la vida: 977 voces

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Médicos Sin Fronteras

El informe Acceder a la salud es acceder a la vida: 977 voces, recoge la voz de 977 pacientes de MSF que, de una manera totalmente aleatoria y desinteresada, contestaron al requerimiento de nuestros equipos, nos contaron las condiciones en las cuales tienen acceso a los servicios de salud y nos pidieron que lo contáramos públicamente.

En efecto, en esta ocasión hemos querido que sean estos 977 colombianos y colombianas los que hablen por ellos mismos, por lo tanto, en este informe no se encontrarán estadísticas médicas de morbi-mortalidad, coberturas de vacunación o consultas de salud mental. Este informe solamente recoge la opinión de estas personas, sus miedos y sus problemas a la hora de acceder a los servicios de salud; no pretende por lo tanto ser extrapolable a la totalidad de la nación. Usted mismo juzgará si casi 1.000 personas elegidas de una manera aleatoria en varios municipios de siete departamentos constituyen una muestra lo suficientemente amplia para ser escuchada.

Toda la información que aparece en este documento está extraída de un estudio realizado de una manera cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, por las 977 encuestas cerradas, cuya información se volcó en una base de datos y fue minuciosamente analizada hasta obtener el documento que tiene ahora delante de usted; cualitativa, porque además de las encuestas cerradas, se realizaron entrevistas semiestructuradas, de las cuales se desprenden los testimonios que se encuentran a lo largo del informe y que ayudan a entenderlo de una manera más humana. Al final del informe, encontrará un glosario donde describimos las interpretaciones de los términos empleados en la redacción del documento.

Las personas entrevistadas ponen de manifiesto una serie de problemas de acceso recurrentes en todos los municipios y departamentos donde se realizó la encuesta. A modo de sumario, estos problemas se resumen en cinco grandes grupos: los derivados del conflicto, los ocasionados por discriminación, por falta de acceso a la información, por problemas económicos y, finalmente, por problemas de acceso físico a las estructuras sanitarias.

En cuanto a los problemas derivados del conflicto que vive el país, veremos para empezar que el 41,2% de los encuestados tiene algún problema de acceso debido al conflicto armado (Los datos sobre problemas derivados del conflicto se basan en las respuestas de 844 entrevistados y no del total de la muestra). Aunque la seguridad puede ser un problema real o un problema sentido, una quinta parte de ellos tiene problemas debido a eventos reales como retenes, combates, minas antipersonales, paros armados, etc. La población afectada por la falta de seguridad sentida dobla el porcentaje de la afectada por la falta de seguridad real, el 37,5% de los encuestados no asisten a los servicios de salud por miedo a la presencia de actores armados, falta de confianza o miedo a la discriminación, entre otros. En cualquier caso, lo importante aquí no es cuestionar si la población tiene motivos de seguridad objetivos para no ir al médico: lo que importa es que, por culpa del conflicto y de la mella que hace en la seguridad y en el día a día colombiano, la población no puede acceder a la salud.

Los problemas producidos por discriminación son también alarmantes: el 33,6% del universo de estudio manifiesta haber sido discriminado por algún motivo. Entre los más recurrentes se encuentran ser indígena, mujer, desplazado o retornado, pero hay dos que llaman especialmente la atención: la discriminación por la pobreza y la discriminación por estar afiliado a otro municipio o departamento. Y decimos que llaman la atención porque, por un lado, son los más recurrentes y, por otro lado, porque ambos son consecuencia directa del actual sistema de salud o Ley 100, el cual fuerza la implementación de copagos y la división territorial de lo que es un derecho universal de los seres humanos.

La falta de información y de acceso a la misma se revela otro problema extremadamente importante, no solamente por la falta de conocimiento sobre los derechos como usuario (lo cual ya es de por sí un grave problema) sino porque, por ejemplo, casi el 20% de los encuestados desconocen que tienen derecho a la asistencia gratuita de urgencias, con lo cual en numerosas ocasiones tienen que pagar por un servicio que es legalmente gratuito o, en el peor de los casos, simplemente no van a estos servicios a pesar de tratarse de emergencias, por no disponer de dinero para pagarlos.

El anterior punto nos lleva directamente a otra de las grandes preocupaciones de las personas entrevistadas: el acceso económico. El 82,1% de ellos declara que en ocasiones no puede ir al médico por falta de dinero para pagar el transporte desde donde viven hasta las muy lejanas estructuras de salud, para pagar el servicio prestado en sí mismo y para pagar los medicamentos recetados, que muy a menudo o no están disponibles gratuitamente como marca la ley o bien están fuera de la lista cerrada del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Finalmente, veremos el quinto gran grupo de barreras de acceso, el de la distancia hasta los servicios de salud. Efectivamente, la falta de personal de salud y de una conveniente red de estructuras médicas hace que solamente el 17,6% de los encuestados tengan acceso a un servicio sanitario en menos de una hora desde su lugar de residencia, y que el 19,4% demore más de 9 horas en llegar al punto de salud (que no médico) más cercano.

Lo más dramático de todas estas barreras de acceso no son las barreras como tales, sino las consecuencias que tienen en la vida de las personas. Nuestros testimonios nos dirán que casi la mitad de ellos tienen que retrasar más de un mes la visita al médico por culpa de las barreras y veremos también que un muy alto porcentaje de los encuestados consideran que han sido tratados incorrectamente.

Pero, lo que es más grave, el estudio constatará que todos estos problemas derivan en una innecesaria prolongación del sufrimiento, en la aparición de complicaciones médicas, en discapacidad para la práctica de algunas actividades básicas y, en los casos más lamentables por lo irremediable y fatal de éstos, en la muerte del paciente.

Este documento meramente ambiciona poner de relevancia los problemas de acceso a la salud de 977 personas, por lo tanto, no pretendemos exponer los problemas derivados a nivel nacional del actual sistema de salud. Sin embargo, es un hecho palpable que veremos a lo largo del documento a través de las encuestas y los testimonios directos de los pacientes, que la Ley 100 y sus desarrollos posteriores, o está mal formulada o está mal implementada o quizás ambas cosas.

Sea el motivo que fuere, urge su inmediata revisión y mejora a fin de aliviar el sufrimiento de los colombianos y colombianas que, en lugar de beneficiarse de ella, en ocasiones les toca padecerla. De la misma manera, el conflicto que afecta al país tiene que dejar de ser la excusa para no proveer correctos servicios médicos y convertirse en todo lo contrario. Es decir, tiene que ser el acicate que mueva la instalación de servicios médicos que beneficien a aquellas personas que, por su aislamiento y por su afectación por el conflicto, son precisamente las más vulnerables.

Ahora le pedimos que lea este informe con detenimiento y detalle, no porque vaya a encontrar información que nunca hubiera imaginado (aunque seguramente se sorprenderá en muchas ocasiones), ni porque leyéndolo vaya a tener una radiografía del momento de salud en el país. Le pedimos que lo lea porque 977 ciudadanos y ciudadanas de Colombia querían que nosotros se lo contáramos, querían que le explicáramos que acceder a la salud es acceder a la vida, y que si el primero de los accesos no existe, el segundo de ellos es dramáticamente difícil. Ellos se merecen que usted lea este informe. Gracias.

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