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Según el reciente Informe de UNICEF sobre la situación humanitaria de la República Centroafricana, más de 4,6 millones de personas han sido afectadas por la violencia de los cuales 2,3 millones son niños, niñas y adolescentes1.

En diferentes análisis y descripciones, la República Centroafricana ha sido caracterizada como una "crisis olvidada", y cuando hablamos de olvido, hablamos en términos de atención de los medios masivos de comunicación y su vez, del financiamiento de los grandes donantes internacionales. Vale recordar que en 2012, la República Centroafricana representó apenas el 1% del financiamiento internacional para crisis humanitarias2.

Sin embargo, desde fines de 2012, el deterioro de las condiciones de estabilidad político-institucional y de seguridad en República Centroafricana, se vio marcado por la toma del poder en marzo de 2013, por parte de fuerzas rebeldes, dando lugar a situaciones de violencia que conllevan la vulneración de derechos y un contexto de inestabilidad en el cual los desplazamientos masivos de población arrojan figuras alarmantes: 603.000 desplazados internos y 211.000 refugiados en países vecinos. La situación humanitaria es grave, especialmente para los niños, niñas y adolescentes que se ven expuestos a riesgos derivados de la disrupción de su entorno cotidiano, la falta de acceso a servicios básicos, la separación familiar, mayor exposición al abuso y explotación sexual, y al reclutamiento por parte de grupos armados. Se calcula que el número de niños y niñas reclutados para su utilización en el conflicto varía entre 3.500 y 6.000. Organizaciones como War Child trazan un escenario aún más complejo y señalan que sólo en Bangui, la capital, los niños y niñas afectados por la violencia de manera directa e indirecta asciende a 40.0003.

El clúster Global de Protección y los sub-grupos de protección de infancia y de violencia de género de IASC han destacado un importante conjunto de problemas de protección. En primer lugar, la tensión y el desarrollo de situaciones de violencia a nivel comunitario, vinculados a la orientación religiosa y a la interacción entre la población desplazada y las comunidades de acogida. En segundo lugar, en materia de protección de la infancia, cabe mencionar las difíciles condiciones de vida de la población desplazada con presencia en Bangui, y el acceso a servicios básicos en los campos de los desplazados internos. Estas se vuelven temáticas clave a las cuales se suman las dificultades en el registro exacto de los niños y niñas separados de sus familias y aquellos no acompañados, especialmente en Bangui y Bossangoa. En tercer lugar, se cita la mayor vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres adultas a diferentes formas de violencia tales como el abuso y la explotación sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes; la cual tiene lugar en los asentamientos de desplazados internos. A ello vienen a sumarse las dificultades para ofrecer una atención integral adecuada, y reportar los abusos, debido a la deficiencia de los sistemas de protección, y a su vez, al estigma y tabú de la violencia sexual en el contexto cultural de la República Centroafricana.

En este marco situacional, el diseño e implementación de programas y proyectos de protección se vuelve fundamental y para ello, se necesita el compromiso a nivel operativo, de programación, así también como de las agencias donantes, en la tarea de asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la debilidad de las estructuras y dispositivos estatales para llevarlo a cabo por si sólo en un contexto tan volátil signado por la inseguridad jurídica y altos niveles de violencia.

Los Estándares Mínimos de Protección de la Infancia en Situaciones de Emergencia4  ofrecen desde 2010 un conjunto de normas y orientaciones desarrollados de manera participativa por una amplia comunidad de práctica, con el ánimo de establecer principios comunes en el trabajo de protección de la infancia, mejorando la calidad en el diseño e implementación de programas, poniendo a disposición buenas prácticas y aprendizajes, y sobre todo, aportando herramientas para acciones específicas de incidencia pública y comunicación en materia de protección de la infancia.

Los principios recogidos apuntan a evitar la exposición de las personas afectadas por las crisis humanitarias a mayores riesgos derivados de la misma acción humanitaria, promover el acceso imparcial a la ayuda humanitaria, proteger a las personas del daño físico y psicológico derivado de la violencia y la coerción, asistir a las personas en la exigibilidad de sus derechos, la restitución de los mismos, y su recuperación de los efectos del abuso, el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia, y de la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes en la acción humanitaria.

Los estándares genéricos consignados incluyen la coordinación, la existencia de recursos humanos especializados y formados, el trabajo a nivel de comunicación, medios e incidencia pública, la gestión del ciclo del programa, la gestión e la información, y los mecanismos de monitoreo y seguimiento de las iniciativas de protección.

Las estrategias posibles para diseñar e implementar programas de protección de la infancia en situaciones de emergencia incluyen la atención de casos individuales, el fortalecimiento de mecanismos de protección comunitaria, los espacios amigables para la infancia, y la protección de grupos específicos de niños excluidos.

Finalmente, se promueve la integración de la protección de la infancia en otros sectores de la acción humanitaria tales como salud, nutrición, educación, refugio, agua, saneamiento e higiene, gestión de campos de refugiados y desplazados, y medios de vida.

Los temas de protección incluyen la violencia física y prácticas tradicionales nocivas, la violencia sexual, el estrés psico-social y salud mental, niños asociados con fuerzas o grupos armados, trabajo infantil, niños no acompañados o víctimas de la separación familiar, y acceso a la justicia.

Cerca de trece organizaciones, entre las cuales cabe destacar UNICEF, War Child, Comité Internacional de Rescate, Save the Children, Mercy Corps, COOPI, e IMC desarrollan intervenciones específicas en materia de protección de infancia en República Centroafricana. La mayor parte de ellas, llevan adelante estrategias basadas en los mecanismos de protección comunitaria y gestión de casos individuales, y en menor medida acciones de incidencia pública y comunicación, entre otras estrategias de protección en curso. Según estimaciones de 20135, de los 11.081 millones de dólares requeridos en el CAP 2013, apenas 0,651 millones han constituido la financiación efectivamente disponible para los programas de protección, el grueso de ellos, centrado en iniciativas de protección de niños asociados con grupos y fuerzas armadas, violencia física, prácticas tradicionales nocivas, y estrés psico-social y salud mental, entre otros.

A pesar de los esfuerzos realizados, las necesidades humanitarias de asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes de la República Centroafricana muestran la importancia de continuar con el desarrollo y ampliación e este tipo de iniciativas, con un mayor nivel de recursos y una mayor atención de la comunidad internacional.

Pie de foto: Niño en el campo de Bossangoa, República Centroafricana (2013)

Fuente fotografía: UNICEF/NYHQ2013-1002/Menezes

 


[1] Central African Republic, Humanitarian Situation Report, UNICEF, 28th April 2014.

[2] GHA, 2013, 'Global Humanitarian Assistance Report 2013', pp. 13. Available: http://www. globalhumanitarianassistance.org/report/4216 [August 19 2013]

[3] War Child, Child Protection Alert Series (CPA).

[4] Minimum Standards of Child Protection in Emergencies, Child Protection Working Group. Disponible en http://cpwg.net/minimum-standards/

[5] Central African Republic, Child Protection Sub-Cluster. Dashboard on Needs, Responses and Gaps – September 2013, Global Protection Cluster.

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