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Honduras, nuevamente olvidada

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Por Marta Ortiz Núñez

Honduras amaneció el 28 de junio de 2009 con un golpe de Estado («sucesión constitucional» para quienes lo impulsaron) que supuso, para el hasta entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, la deposición de su cargo, el arresto y la expulsión (a Costa Rica en primera instancia) por parte de fuerzas armadas al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso. Se ponía fin así, abruptamente, a unos meses intensos de debate y polémica en medio de una crisis política sin precedentes entre el presidente Zelaya y el Congreso Nacional y la Corte Suprema. La crisis derivaba de la propuesta del presidente de conocer si el pueblo hondureño aceptaba o no que, en las elecciones programadas para noviembre de 2009, se colocase una llamada «cuarta urna» para votar un referéndum y modificar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Para los detractores de Zelaya con ese acto lo que el presidente buscaba era una reforma constitucional que facilitara su reelección, algo que Zelaya siempre ha negado. A pesar de la oposición a su propuesta por parte de quienes tachaban esa «consulta popular» de ilegal, Zelaya mantuvo su palabra y empezó a movilizar al país con el fin llevarla a cabo. Sin embargo, ésta nunca se llegaría a realizar.

Desde entonces, y sin que la situación política haya llegado en ningún momento a normalizarse, la situación relativa a los derechos humanos no ha hecho más que deteriorarse, sin que se vislumbre a corto plazo una salida positiva para Honduras. Desde el golpe de Estado- y con la toma de poder por parte de Roberto Micheletti con un gobierno de facto primero, y de Porfirio Lobo Sosa, desde enero del presente año- la impunidad y la intimidación han sido rasgos sobresalientes de la vida nacional. Aunque el país ha ido logrando acuerdos durante este tiempo con organismos internacionales y «recuperando alianzas y relaciones diplomáticas» que se vieron interrumpidas tras junio de 2009, cabe señalar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aun no ha permitido la reintegración de Honduras como miembro, ni el gobierno de Lobo ha sido todavía reconocido por países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay.

Es cierto que el actual gobierno ha tomado algunas medidas en el área de los derechos humanos como, por ejemplo, el nombramiento de una ministra asesora en esa materia, la creación de una Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos y la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero estas decisiones parecen no ser suficientes para afrontar lo que apuntan fuentes (locales e internacionales), considerando que la sociedad civil hondureña se ha visto abrumada por parte del gobierno de Lobo, con una creciente represión militar y con la práctica de detenciones arbitrarias.

Cualquiera que viva hoy en Honduras conoce en mayor o menor medida las amenazas, hostigamiento y asesinatos contra defensores de derechos humanos, periodistas (al menos 10 desde marzo de 2010), líderes sociales, así como otros crímenes que hasta la fecha no han sido esclarecidos. También se ha podido observar la cruel represión de los golpistas contra los hoy organizados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Tanto es así que organismos de Derechos Humanos hondureños- como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)- están denunciando hostigamiento y asesinatos contra militantes del FNRP. Según apuntan los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el golpe de Estado se contabilizan más de 4.000 casos de violaciones a las garantías fundamentales, que van desde la represión a los manifestantes, censura y cierre de medios de comunicación, denuncias de tortura y violaciones sexuales, entre otros.

En esa misma línea cabe mencionar que la recién galardonada con el Premio Tulipán de los Derechos Humanos 2010, Bertha Oliva- del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, que integra la Plataforma de Derechos de Honduras- comentaba que «se tienen registrados 23 asesinatos con posibles móviles políticos, cerca de 200 personas en el exilio y persiste la impunidad en el asesinato de nueve periodistas en lo que va de año, una cifra récord que debe llamar a la reflexión y sed de justicia en la sociedad». Igualmente destacable es el apunte recogido en el último Informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, según el cual la tasa de homicidios es ocho veces superior a la media mundial, estimándose para finales de este año un total de 72,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes o, lo que es lo mismo, que cada 88,5 minutos muere violentamente una persona en Honduras.

Honduras a examen
Mientras, el pasado 4 de noviembre, Honduras se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) integrado por 47 países miembros. Hasta su sede en Ginebra se desplazó una delegación gubernamental, encabezada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda y la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén de Bográn.

Recordemos que el EPU tiene como misión la de evaluar, cada cuatro años, la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de la ONU. El EPU consiste en un debate entre representantes de los gobiernos sobre la base de un informe del país examinado y otros dos con información de órganos de Naciones Unidas, que incluyen denuncias de ciertas organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil.

En esta ocasión el Consejo de Derechos Humanos presentó ante el EPU, un informe (1) sobre las violaciones a que la sociedad hondureña se ha visto sometida desde hace ya 17 meses, fecha en que el presidente Zelaya fue privado de su cargo, instando al gobierno de Lobo a que detallase las medidas que está tomando actualmente para acabar dichas violaciones. Algunos miembros del consejo, como México, exigieron investigar los casos de esas violaciones, en particular en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Lo mismo propuso Uruguay, recomendando a Honduras que «adoptara medidas urgentes para hacer frente a la creciente vulnerabilidad de los periodistas (…) tanto en lo legislativo, como en su protección contra la represión y la impunidad». Por su parte países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, con diferentes matices, tomaron distancias del gobierno de Porfirio Lobo, y aprovecharon la ocasión para pedir investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en torno al golpe de Estado.

Como resultado del examen, el 8 de noviembre se emitió la correspondiente resolución(2) ,en la que figuran las 129 recomendaciones dirigidas al gobierno hondureño para garantizar los derechos humanos. Entre ellas figuran el esclarecimiento de las muertes de periodistas, el mejoramiento de los centros penales, el fortalecimiento del Poder Judicial (muy debilitado tras la destitución de jueces y magistrados), medidas efectivas para poner fin a la persecución a defensores de los derechos humanos, el castigo a los responsables de muertes violentas y a quienes usan ilegalmente la fuerza, intimidaciones y abusos contra menores, mujeres y homosexuales.

A dar cumplimiento a todo ello se comprometieron los representantes del gobierno de honduras. Ahora tendremos que esperar a que la delegación que en su momento viajó hasta Ginebra, comparezca nuevamente en marzo de 2011, con el fin de evaluar los (esperemos) avances y políticas en materia de derechos humanos y el grado de cumplimiento sobre las ya mencionadas 129 recomendaciones.

Notas:

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2. http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session9/HN/A_HRC_WG.6_9_L.8_Honduras.pdf

ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS

1.- http://www.conadeh.hn/
2.- http://www.hrw.org/en/americas/honduras
3.- http://periodismohumano.com/temas/honduras
4.-http://www.elheraldo.hn/Mundo/Ediciones/2010/11/04/Noticias/Piden-a-Honduras-investigue-violaciones-de-DD-HH

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