Las comisiones de la verdad, instrumento eficaz para la consolidación de la paz post-conflicto

Las últimas cuatro décadas del siglo XX marcaron profundamente a las sociedades latinoamericanas con heridas difíciles de cerrar. La violencia y los conflictos internos en algunas ocasiones, y el mero viraje hacia lo social en otras, fueron las causas que propiciaron el reemplazo de las frágiles democracias por gobiernos militares ilegítimos con la anuencia de Washington. Numerosas dictaduras militares se fueron sucediendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, afectando a la gran mayoría de países que la conforman. Los gobiernos militares no sólo se limitaron a combatir una subversión muchas veces cuestionable, sino que también se encargaron de erigir estructuras económicas y políticas tendientes al desarrollo y modernización de sus sociedades. Modernización entendida en reformas económicas y sociales que sentaron las bases para la implantación de una economía de mercado de orientación neoliberal, bajo la inspiración de Milton Friedman y la escuela de los Chicago Boys. Dichas reformas fueron sólo posibles bajo un estricto control social, que era proporcionado por los regímenes militares de la época.

Las personas no afectas a los regímenes, o que simplemente expresaban públicamente su desacuerdo con éstos, eran considerados subversivos o cómplices de la subversión. En la larga lista de sospechosos se incluían automáticamente los gremios, sindicatos, estudiantes e intelectuales. El férreo control al que se sometía a la población se completaba a través de una rígida censura a los medios de comunicación, que anulaba cualquier idea o propaganda contraria al gobierno de facto. La tortura, el secuestro, y las desapariciones forzadas, entre otras, se convirtieron en los instrumentos habituales de control por parte de los regímenes militares. El terror fue utilizado como método corriente de intimidación, forzando el destierro de miles de ciudadanos latinoamericanos por temores fundados a perder sus vidas.

En algunos casos las dictaduras se llegaron a extender durante décadas, como lo es el caso de Paraguay con Stroessner y de Chile con Pinochet. En el resto de países duraron menos, aunque no por dicha razón fueron menos sangrientas. En Argentina, el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» que tuvo vigencia desde 1976 a 1983, se saldó con la vida de hasta 30.000 personas, obteniendo así el triste honor de ser la más sangrienta de las dictaduras habidas en Sudamérica. Las constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos, la resistencia interna, y el desgaste generalizado por la corrupción institucional existente, entre otros, fueron aislando internacionalmente a las dictaduras, que terminaron por devolver finalmente el poder a la sociedad civil.

El retorno de las instituciones democráticas al poder, planteó el debate esencial sobre qué hacer con los responsables de tan aberrantes crímenes y cómo reconstruir una sociedad duramente golpeada por años de sometimiento y terror. Asimismo, los resucitados gobiernos democráticos se enfrentaban a la disyuntiva de promover la reconciliación nacional y a la vez ofrecer una reparación justa para las víctimas de las atrocidades cometidas por los militares. Además, por su parte, los militares, antes de ceder el poder, habían procurado mantener su impunidad valiéndose de recursos intimidatorios como su posible vuelta al poder en caso de ser sometidos a juicio para responder por sus crímenes.

Así fue que ante este dilema, y bajo la constante presión por parte de familiares de víctimas, sectores intelectuales, políticos y religiosos, varios gobiernos democráticos tomaron la decisión de crear las comisiones investigadoras de la verdad. Estas estaban conformadas por personas expertas pertenecientes a diversos sectores de la sociedad civil, y fueron constituidas con el ánimo de ofrecer una reparación justa a las víctimas, que favoreciera el restablecimiento de la paz. Algunas de estas comisiones fueron promovidas desde instancias oficiales, acompañadas de un proceso legal, mientras que en otras ocasiones surgieron desde el esfuerzo directo de la ciudadanía civil, sin contar con ningún apoyo gubernamental. Las «Comisiones de la verdad», como se las conoce popularmente, nacieron con el objeto de que toda sociedad sometida a graves situaciones de violencia política o guerra interna, ejerza su derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que dichos aberrantes delitos llegaron a cometerse. Su fin último, es evitar que hechos como los sucedidos vuelvan a ocurrir en el futuro.

La «Comisión de la verdad y reconciliación» en Chile, o la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en Argentina, son ejemplos de justicia transicional que lograron sanar al menos en parte las heridas sufridas por el terror causado por las dictaduras latinoamericanas y que posibilitaron un nuevo comienzo en paz y solidaridad. En estas, el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia, se perfilan como premisas básicas para la reconciliación nacional.

Hay quien considera que hurgar en los acontecimientos del pasado supone reabrir viejas heridas. Las Comisiones de la verdad, pretenden demostrar que las heridas permanecen abiertas hasta que no se cierran, y que la única manera de conseguirlo es mediante el uso de la verdad y la justicia, condiciones mínimas y básicas para la recomposición de una sociedad. La búsqueda de la verdad debe de ser entendida como un deber moral a las víctimas, y dicha verdad, para ser entendida como tal, debe de ser completa, oficial, pública e imparcial. El éxito en el acceso al derecho a la verdad reafirma los valores democráticos, cumple con el Derecho Internacional, y reabre la posibilidad del perdón.

Tanto en el caso de las Comisiones que fueron instadas desde organismos oficiales como las que fueron promovidas por las exigencias masivas de la ciudadanía, se obtuvieron notables logros para el reconocimiento de la verdad. A pesar de haber existido diversos intentos de bloquear las mismas, como las llamadas «leyes del perdón» que se aprobaron en varios países latinoamericanos tras los gobiernos militares, actualmente, los gobiernos democráticos de dichos países se encuentran inmersos en procesos de retractación de dicha tendencia, avanzando con paso firme hacia la depuración de responsabilidades y el correspondiente enjuiciamiento.

Es esencial tomar como ejemplo estos organismos de investigación como son las Comisiones de la verdad, que tanto han hecho por la obtención de la paz y la reconciliación nacional en Latinoamérica. La utilización de dicho instrumento, bien podría aplicarse a las numerosas situaciones similares post-conflicto existentes en el mundo. El desarrollo progresivo del instrumento, y una posterior y adecuada difusión, podrían facilitar la pacificación de sociedades gravemente lesionadas por la violencia o la guerra.