La “democracia disciplinada y floreciente” de Birmania
Thein Sein, antiguo general y ex primer ministro de la administración anterior, asumió en marzo de este año como presidente de Birmania. Dicha asunción y las elecciones del 2010 -las primeras en dos décadas-, culminan la transición de poder de un gobierno puramente militar a uno híbrido, liderado por civiles. El proceso ha estado marcado por la controversia, dividiendo opiniones dentro y fuera del país. Mientras la cúpula militar birmana lo llama el comienzo de una «democracia disciplinada y floreciente», los críticos del régimen consideran el cambio otra farsa más de la junta militar, que, sin preocuparle la condena internacional, se ha afianzado en el poder absoluto, ha instalado un régimen de terror y sigue suprimiendo brutalmente toda disidencia.
El contexto histórico
Cuando los militares, liderados por el general Ne Win, acabaron con el régimen comunista llevando a cabo un golpe de estado en 1962, nadie esperaba que el régimen militar que impondrían, habría de mantenerse en el poder hasta marzo de 2011.
El primer paso fue derogar la constitución de 1947 y establecer una República Comunista, aislada de toda influencia extranjera. Se abolió el sistema federal, disolviendo los gobiernos locales y los consejos étnicos. Las políticas económicas y sociales se radicalizaron y se prohibieron todos los partidos políticos, salvo el partido socialista liderado por Ne Win y otros militares. La oposición fue aplastada, los medios de comunicación independientes prohibidos y los ciudadanos de orígenes no-indígena convertidos legalmente en «ciudadanos asociados», sin derecho a ejercer cargos públicos.
Nunca se permitió ningún tipo de objeción por parte del pueblo birmano. El conocido y pacífico «Levantamiento 8888», iniciado por estudiantes en la capital Rangún el 8 de agosto de 1988, terminó como todos los demás: reprimido de forma rápida y brutal. Las fuerzas armadas dispararon contra los manifestantes y causaron la muerte de miles de ellos. Las consecuencias políticas fueron también devastadoras para el pueblo birmano. Las protestas produjeron un nuevo golpe de estado militar, estableciendo el Consejo para la Restauración del Orden y la Ley del Estado (SLORC por sus siglas en ingles), una junta militar con el general Saw Maung a la cabeza, mucho más dura y autoritaria que el gobierno anterior. La junta declaró la ley marcial y arrestó a miles de personas, incluyendo defensores de la democracia y los DD.HH.. Atentó también contra el grupo opositor Liga Nacional por la Democracia (NLD por sus siglas en inglés), arrestando a sus miembros y sentenciando a su líder Aung San Suu Kyi a arresto domiciliario.
Es también en este momento, que la nueva dictadura decidió cambiar el nombre del país a «Unión de Myanmar». La utilización de los términos «Burma» (en inglés) y «Birmania» (en español) o «Unión de Myanmar» no es inocente y tiene un hondo trasfondo político. La denominación «Unión de Myanmar» o sólo «Myanmar» fue decretada unilateralmente por la junta militar que gobierna el país, pero hasta ahora no ha habido ningún órgano legítimamente representativo del pueblo birmano que lo haya refrendado. En consecuencia, los opositores demócratas en el país y en el exilio, se refieren al país siempre como «Birmania» o «Burma» y nunca como «Myanmar». La nueva denominación cuenta por su parte con el reconocimiento de Naciones Unidas y de la Unión Europea, pero no de algunos gobiernos occidentales, como es el caso de EE UU o Gran Bretaña, que siguen refiriéndose al país como Burma o Birmania. En cuanto a los medios de comunicación, mientras la BBC se refiere siempre a «Burma», la CNN utiliza «Myanmar».
Sorprendente fue también cuando, solo un año más tarde, la junta militar decidió celebrar las primeras elecciones libres desde 1962. Se presentaron 93 partidos y, con una participación superior al 72%, ganó de forma aplastante la NLD, con Aung San Suu Kyi a la cabeza. La junta militar, que en categórica desconexión con el pueblo birmano esperaba aparentemente un resultado muy distinto, decidió ignorar los resultados, arrestar a miembros y líderes de la NLD y anunciar su continuidad en el poder. A la líder del NLD, aún bajo arresto, se le concedería un año más tarde el premio Nobel de la Paz por su compromiso con el cambio y la democracia. Sería liberada recién en 1995, junto a otros 300 miembros de su partido, pero volvería a ser arrestada poco más tarde. Esto se volvería casi una rutina: Desde 1990 hasta hoy, Aung San Suu Kyi ha estado en total más de 15 años bajo arresto domiciliario.
La última vez que este generalmente olvidado país estuvo en las primeras planas de todo el mundo, fue en 2008, debido a la gravísima crisis humanitaria causada por el ciclón Nargis. Más de 140.000 personas perdieron la vida o desaparecieron, 800.000 personas se vieron obligadas a desplazarse y al menos 2,4 millones de sobrevivientes perdieron a miembros de sus familias, sus tierras, sus hogares o su medio de vida. La reacción del gobierno birmano fue de negligencia absoluta: Nula prevención, respuesta tardía y completamente insuficiente. Si bien el gobierno en un primer momento rechazó la ayuda exterior, debió luego ceder a la presión internacional y aceptarla a cuentagotas. Pero, por si fuera poco, decidió impedir de forma deliberada la llegada de la ayuda al país y dificultó de manera deliberada y sistemática la labor de las agencias y trabajadores humanitarios. Prohibió, asimismo, el acceso de los medios de comunicación a cualquiera de las zonas afectadas por el ciclón. Se calcula que por todo ello sólo una tercera parte de los damnificados recibió algún tipo de ayuda.
La inacción del gobierno se debe también en parte, a que muchos de los recursos del país no fueron a aliviar la catástrofe: La junta decidió, a pesar de la crisis humanitaria, celebrar un referéndum nacional, lleno de irregularidades y con resultados adulterados, en el que se aprobaba una nueva constitución. Una constitución que proveía a los militares de más poder político, limitaba aún más las autonomías étnicas y excluía de poder participar en las elecciones que se celebrarían en 2010 a toda persona que tuviera antecedentes penales. Aun San Suu Kyi, que había vuelto a ser condenada a 18 meses de arresto domiciliario, se veía excluída, al igual que casi todo exiliado político, activista, opositor al régimen o miembro de orden religiosa, entre otros.
Las elecciones se llevaron a cabo en noviembre de 2010 y arrojaron la resonante victoria del recientemente creado partido oficialista, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo. Un partido constituido casi exclusivamente por ex militares de alto rango y de mucho poder en la Junta, que habían decidido renunciar a su cargo militar poco antes de los comicios. Mientras la Junta declara que las elecciones culminan la transición a una democracia civil, la oposición y la comunidad internacional, en unanimidad, consideran que los comicios han sido una farsa, plagada de fraude electoral, y en la cual la oposición no ha tenido la menor posibilidad real de ser elegida.
Las Perspectivas democráticas
¿Qué perspectivas tiene el pueblo birmano de que mejore realmente su situación?
Hablar en Birmania de una «democracia», incluso en su formas más básicas y mínimas, está descartado. No hay libertades, ni elecciones libres o justas, ni existe una representación real del pueblo birmano. El sistema político es, sin lugar a dudas, una dictadura. Si bien esta parece ser la opinión compartida por toda la comunidad internacional, hay divergencias en cuanto a cómo relacionarse con el régimen. Esta cuestión es de suma importancia, por cuanto la actitud de la comunidad internacional es decisiva para la formación de algún tipo de fuerza política de oposición en el país.
Una opinión, apoyada por los gobiernos occidentales –aunque con divergencias dentro de la UE-, los birmanos en exilio y la líder de la oposición Aun San Suu Kyi, es que se trata solamente de un lavado de cara. El nuevo sistema es una mera continuación del anterior. La nueva constitución, así como las nuevas leyes bajo las cuales se creó y funciona el nuevo sistema, están claramente diseñadas para asegurar que los militares sigan teniendo el rol principal del gobierno, evitar una verdadera democracia que limite su poder, y consolidar su dictadura. En consecuencia deben aumentarse la presión de la comunidad internacional y las correspondientes sanciones a Birmania,.
La opinión alternativa, considerada por algunos países de la UE, así como por China y otros aliados y vecinos de Birmania, es que, si bien es cierto que el sistema está orquestado efectivamente, en líneas generales, de la forma ya descrita, también es cierto que ha habido un cambio en Birmania, por más mínimo que sea, y que el mismo abre algunas posibilidades. El nuevo marco puede facilitar el trabajo y permitir negociar más cambios con el «nuevo» régimen. Esta perspectiva considera que las sanciones a Birmania deben flexibilizarse y reducirse a fin de recompensar al gobierno por haber dado un paso en la dirección correcta.
Análisis de la transición
Cabe analizar, por lo tanto, cuál ha sido este cambio. El nuevo gobierno está constituido por tres militares en servicio, 23 ministros con pasado militar y sólo cuatro tecnócratas civiles. Thein Sein, el nuevo presidente, es también un general retirado, antiguo primer ministro y leal al ex líder de la Junta, Than Shwe. Tras las elecciones fraudulentas de 2008, el parlamento nacional está dominado por el partido de gobierno, al que pertenecen un 80% de los legisladores. La constitución asegura, además, un 25% a miembros de las fuerzas armadas. Como las reformas constitucionales requieren una aprobación parlamentaria de más del 75%, el voto de los militares es indispensable para cualquier cambio que se le quiera hacer a la constitución.
Dejando de lado la constitución del gobierno, echemos un vistazo a su actividad. Esta ha sido, en el parlamento, aparentemente muy escasa. Desde su apertura en enero pasado, las sesiones han transcurrido a puertas cerradas y ninguna ha durado más de 15 minutos. No puede ingresar público, ni periodistas ni diplomáticos y está prohibido el ingreso con cámaras, teléfonos móviles o computadoras. El mayor logro aparente del parlamento electo ha sido la aprobación de la lista de ministros y del presupuesto estatal para los años 2011-2012, un presupuesto que proporciona a las fuerzas armadas un 25% de los recursos estatales, en contraste con el 1% destinado al sistema de salud.
Según Amnistía Internacional, los abusos a los DD.HH. han aumentado en los últimos tiempos. Los más de 2.100 presos políticos de Birmania siguen encarcelados. A muchos de ellos se les tortura y se les deniega la atención médica. Las minorías étnicas sufren continuos ataques por parte de la policía y las fuerzas armadas. Los medios de comunicación del país siguen censurados y la libertad de expresión denegada. La única oposición, compuesta por el partido más popular del país, terminó disolviéndose, tras no poder participar en las elecciones de noviembre.
De lo reseñado se infiere que el nuevo sistema no deja mucho lugar a la esperanza. La «democracia disciplinada y floreciente» parece sobre todo un intento de legitimar una dictadura sostenida en el terror de Estado y de obtener cierto alivio en las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Sanciones que no han incidido para imponer una voluntad de cambio real a quienes dirigen el país desde hace décadas. El «cambio» sabe a poco.
Fuentes
• Harvey, Rachel (2011): «Burma: Hopes and fears over new political system». BBC News (30.03.2011).
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12896815
• Foto: «devociónTotal.com». http://www.dvb.no/wp-content/uploads/2011/02/thein-sein15-L.jpg
