MBS

 

Para ElDiario.es

A Mohamed bin Salman (MbS) le han vuelto a entrar las prisas. Con la clara intención de garantizar su sucesión al trono que su debilitado padre, Salman bin Abdulaziz, ostenta desde 2015, el flamante príncipe heredero ha dedicado el pasado fin de semana a dar dos golpes más sobre la mesa que se explican en esa clave.

Por un lado, ha vuelto a lanzar (aunque sea su padre quien ha firmado las órdenes) una purga contra posibles rivales para acceder al trono. De un solo golpe, y como continuación a la que realizó en noviembre de 2017 –cuando encerró en el lujoso hotel Ritz-Carlton a decenas de príncipes, altos cargos y empresarios–, ha detenido a figuras tan destacadas como los príncipes Ahmed bin Abdulaziz, hermano del actual monarca y principal crítico interno a MbS; Nayed bin Ahmed bin Abdulaziz, hijo del anterior y hasta ahora jefe de las fuerzas terrestres; Mohamed bin Nayef, desplazado por el propio MbS como heredero en junio de 2017; y Nawaf bin Nayef, hermano menor del anterior. Todos ellos han sido acusados de estar perpetrando un golpe de Estado en contacto con actores extranjeros sin identificar.

El movimiento de MbS delata su creciente nerviosismo en un entorno definido por las malas noticias que se acumulan a su alrededor y que cuestionan directamente su figura. Su imagen, de hecho, ya está a estas alturas muy tocada, tanto por su impronta personal de autoritarismo, que niega de raíz sus supuestas ansias liberales, como por su nefasta gestión de la campaña militar en Yemen y por su implicación personal en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

En términos económicos el pasado año se cerró con un raquítico crecimiento del 0,3% (una décima menos de lo previsto y muy lejos del 2,4% del año anterior) y en estos últimos días las acciones de Aramco han caído un 9,1%, poniendo en peligro su salida a bolsa y, más aún, el futuro de la ambiciosa Visión 2030 que pretende desligar el futuro económico del reino de su alta dependencia de los hidrocarburos.

A eso se suma el temor político de que Donald Trump no sea reelegido en noviembre o, lo que es lo mismo, que pueda ocupar la Casa Blanca un candidato demócrata, sea Joe Biden o Bernie Sanders, abiertamente críticos con el régimen absolutista.

En consecuencia, MbS acelera el proceso para llegar al trono antes de que su padre fallezca. Calcula que su pronta abdicación le permitiría no solo actuar como anfitrión de la cumbre del G-20 prevista para el próximo noviembre en Riad, sino, sobre todo, librarse del peliagudo trance de someterse al Hay’at al-Bay‘ah, el Consejo de la Lealtad, conformado por 34 selectos miembros de la Casa Real al que le corresponde ratificar el nombramiento del nuevo monarca y entre los que aún se mueven rivales y opositores.

Simultáneamente, y también en clave fundamentalmente de economía interna, MbS ha decidido forzar los mercados petrolíferos con la esperanza de sacar tajada en varias direcciones. Es cierto que, en las condiciones actuales, con una producción diaria de 9,7 millones de barriles y un precio del barril que la semana pasada rondaba los 52-55 dólares, el presupuesto saudí podía salir adelante (siempre que no baje, en principio, de los 40 dólares).

Sin embargo, las perspectivas eran sombrías y aún más tras el rechazo ruso a la reducción de producción propuesta por Riad: recorte de un millón de barriles por parte de la OPEP y de otro medio millón por parte de Rusia y países asociados al acuerdo logrado en el marco de la OPEP+ en diciembre de 2018.

El objetivo de Riad era provocar un cambio de tendencia en unos precios que ya apuntaban a la baja, pero el camino elegido, en un gesto que parece más un diktat saudí como respuesta a la humillación rusa a sus pretensiones, deja ahora abierto el camino a una guerra de precios en la que cabe esperar una pronta reacción rusa. En lugar de reducir la producción, tal y como proponía al principio, Arabia Saudí ha optado por la senda contraria y ha comenzado a ofrecer descuentos a sus clientes asiáticos y planea intensificar su bombeo.

En todo caso, la respuesta saudí ha golpeado brutalmente a unos mercados ya sumidos en el pánico provocado por el impacto económico del coronavirus, generando una espiral descendente para la que no se adivina el final. La cotización del petróleo cayó el lunes casi un 25% en la que fue la peor jornada para el crudo desde la primera guerra del Golfo (1991)

Mientras tanto, Riad ofrece sustanciosos descuentos a sus clientes (lo que ha llevado los precios del barril a apenas 27 dólares), en un intento por acaparar una mayor cuota de mercado a costa de sus competidores. Al mismo tiempo que esa decisión aspira a doblegar la resistencia rusa (teniendo en cuenta que Moscú había calculado en su presupuesto para este año un precio medio del barril de petróleo de 57,7 dólares), también pretende arruinar en lo posible a los productores estadounidenses de fracking (dado que con precios tan bajos sus explotaciones resultan insostenibles) y hasta enfriar las expectativas de negocio de los productores de vehículos eléctricos y de fuentes de energía alternativa.

La apuesta es muy arriesgada porque hace ya mucho que ni Riad ni la OPEP (aun suponiendo que todos sus miembros se alineen con los saudíes) tienen el peso suficiente para imponer sus deseos en el mercado mundial. Pero MbS parece decidido a mantener el pulso mientras se prepara para gestionar la multitudinaria peregrinación del Hajj en un entorno afectado muy directamente por el coronavirus.

 

FOTOGRAFÍA: El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, se reúne el pasado noviembre con el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed. Saudi Press Agency / dpa

 

Para Blog Elcano.

 

Aunque Zalmay Khalilzad –enviado especial de Washington para Afganistán desde 2018– llegue en el último minuto a evitar el esperpento, el daño ya está hecho. Hoy mismo, a horas prácticamente coincidentes y a escasos metros uno del otro, Ashraf Ghani y Abdullah han invitado a propios y extraños a las ceremonias en las que ambos se presentarán como el único presidente legítimo de Afganistán. Un cargo que, simultáneamente, también reclama para sí el líder de los talibanes, el mulá Hebatulá Ajundzada, que considera a los dos mencionados anteriormente como simples marionetas de Estados Unidos.

El tándem Ghani-Abdullah fue el resultado de un acuerdo cocinado directamente por Washington en 2014, al margen del resultado electoral, que permitió evitar el choque directo entre ambos políticos pero que nunca logró que ambos sumaran fuerzas en pro del país. Y esa situación se ha repetido tras las elecciones del pasado 28 de septiembre. Cabe recordar que, en un país de unos 35 millones de habitantes, tan solo 9,6 se registraron para poder ejercer su derecho de voto –en una muestra flagrante de desinterés por unas elecciones y unos gobernantes vistos como ajenos a la realidad del país e impotentes para encarar una mínima senda de desarrollo y estabilidad que saque a Afganistán del pozo en el que lleva hundido al menos desde 1979. Finalmente, argumentando distintas irregularidades, solo se tomaron en cuenta 1,8 millones de los 2,7 emitidos; lo que habla sobradamente de la escasa representatividad de quienes ahora reclaman el poder en Kabul. Aun así, hubo que esperar al 18 de febrero para que la Comisión Electoral Independiente terminara por proclamar la victoria de Ghani (con un 50,64% de los votos), inmediatamente contestada por Abdullah (quien habría recibido el 39,52%).

Y todo eso ocurre a dos días del inicio de las conversaciones intra afganas, también recogidas en el acuerdo del pasado 29 de febrero en Doha, firmado entre Estados Unidos y esos mismos talibanes que en su origen (primeros años noventa) fueron bienvenidos para intentar pacificar el país años después de la retirada soviética, luego (11-S) demonizados por su alianza con al-Qaeda y ahora nuevamente admitidos como interlocutores válidos. Suficientemente clarificador resulta el hecho de que, tras la firma, el propio presidente Donald Trump haya mantenido una conversación telefónica con el mulá Abdul Ghani Baradar, el mismo que Washington detuvo en 2010 y que ahora acaba de firmar el acuerdo con Khalilzad.

Un acuerdo, que arranca con un cese de hostilidades incumplido desde el primer minuto, con el que Trump trata de ocultar una derrota sin paliativos en una guerra cuyo inicio se remonta a octubre de 2001, en la que se ha despilfarrado más de un billón de dólares, han muerto más de 100.000 civiles solo en la última década y más de 3.500 militares de ejércitos extranjeros (de ellos unos 2.500 estadounidenses). Una guerra que en buena medida da la razón al comandante talibán que sostenía ante sus interlocutores occidentales que “ustedes tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo”. Por eso ahora, mientras los talibanes se aprestan a quedarse con buena parte de la tarta del poder (si no con toda ella), Washington se compromete a retirar sus tropas en 14 meses (5.000 en los próximos 135 días y los 8.000 restantes antes de que se cumpla ese plazo), sin que quede claro si los talibanes le permitirán mantener algún contingente en misiones contraterroristas (al-Qaeda y Dáesh son realidades bien notorias, como lo demuestra el atentado que ha causado una treintena de muertos en un acto al que asistía Abdullah, apenas una semana después de la firma del acuerdo).

Siendo realistas resulta una pura ensoñación suponer que, por su parte, los talibanes van a esforzarse por evitar, en el territorio bajo su dominio, que los yihadistas puedan moverse a sus anchas. Y esto no solo porque hasta ahora sus vínculos se han reforzado de tal manera que, aun deseándolo, resulte muy difícil romperlos e imponerse por la fuerza a sus antiguos aliados; sino también porque existen muchas dudas sobre la capacidad que tiene hoy Ajundzada para imponer su voz entre sus diferentes y no siempre bien avenidos comandantes locales. Lo mismo cabe decir de la previsión de proceder a la liberación de unos 1.000 prisioneros que tienen en sus manos, a cambio de que el gobierno afgano haga lo propio con unos 5.000 miembros del movimiento yihadista (el presidente Ghani, razonablemente despechado por no haber podido ni siquiera participar en un proceso de negociación en el que se han tomado decisiones que le incumben muy directamente, ya se ha apresurado a mostrar su rechazo a abrirles las puertas).

En definitiva, el acuerdo le sirve a Trump en clave electoral, saliendo de lo que él mismo denomina “guerras sin sentido”, aunque eso signifique dejar el país a su suerte. También les sirve a los talibanes, al verse legitimados por Washington y, sobre todo, al ver más cerca el momento en el que puedan volver a reinar en Afganistán. Por el contrario, es obvio que no les sirve a los afganos, cuyo bienestar, seguridad y derechos va a empeorar a buen seguro, aunque solo sea en la medida en que la fragmentación que define al ya mencionado dúo Ghani-Abdullah debilitará aún más la posición que quien finalmente logre ser reconocido como presidente en las conversaciones/negociaciones que previsiblemente empiezan ahora.

 

FOTOGRAFÍA: Firma del acuerdo de Doha (29 de febrero) con la participación de Mike Pompeo (secretario de Estado de EEUU), Zalmay Khalilzad (enviado especial de EEUU para Afganistán) y el mulá Abdul Ghani Baradar. Foto: Ron Przysucha / U.S. Department of State (Dominio público)

 

 

Para ABC Internacional.

 

Están en bandos opuestos en el conflicto sirio, pero tienen intereses comunes en otros ámbitos. Por eso, sabiendo que las fricciones pueden arruinar unos vínculos que ambos quieren preservar, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan volvieron a reunirse el pasado día 5 para limar asperezas y actualizar su acuerdo. Un pacto que, desde el establecido en Sochi (septiembre de 2018), se había erosionado significativamente a favor de Moscú y Damasco (sin que el Gobierno sirio haya tenido que participar ni siquiera en estos encuentros). Turquía ha visto cómo su territorio se ha seguido llenando de personas que huyen de la violencia (hasta llegar ya a los cuatro millones), cómo las milicias kurdas sirias siguen activas en la zona fronteriza y cómo sus puestos militares de observación en la provincia de Idlib han quedado neutralizados por las tropas sirias. Rusia, en cambio, se ha convertido sin discusión en el factótum diplomático y militar, colocando al régimen sirio bajo su manto protector, sustituyendo el proceso de Ginebra (auspiciado por la ONU) por el de Astana (en el que también figura Irán, junto a Turquía) y respaldando, sobre todo con fuego artillero y apoyo aéreo, a las fuerzas leales a Damasco en su intento por recuperar el control sobre todo el territorio.

Erdogan ha calculado mal sus fuerzas. Si primero optó infructuosamente por el derribo del régimen de Bashar al Assad, abriendo sus puertas al tránsito de yihadistas de todo pelaje y apoyando a milicias contrarias a Damasco, a partir de 2016 pasó a centrarse en el triple objetivo de evitar que su territorio fuera contaminado por la violencia de su vecino, cerrar el paso a nuevos refugiados (con cuya vida juegan vergonzosamente unos y otros) e impedir que los kurdos sirios puedan consolidar una entidad propia en sus inmediaciones. A la vista está que los resultados no son muy satisfactorios y el lanzamiento de la actual operación Escudo de Primavera tampoco augura algo muy distinto. Es cierto que Erdogan está destruyendo algunos activos militares sirios–sobre todo con fuego artillero y drones armados– pero, como acaba de demostrar el endeble acuerdo logrado en Moscú, no puede derrotar a Al Assad mientras este siga contando con la cobertura aérea rusa.

El juego de Moscú

Al haber extendido demasiado sus líneas (llegando hasta Libia) y al haber acumulado gestos inamistosos con sus principales socios y aliados –sea con la Unión Europea, perturbando los planes de explotación del gas localizado en el Mediterráneo oriental y ahora con su decisión de dejar salir a los desesperados que se agolpan ante la frontera griega, o con Estados Unidos, con la compra de sistemas antiaéreos rusos S-400 y la amenaza de no prestar sus bases a las fuerzas estadounidenses–, Erdogan se ha quedado solo (ahí está la falta de respuesta aliada a su petición de despliegue de baterías de Patriot) y sometido a un Putin interesado por igual en la fragmentación de la OTAN y en cortejar a Ankara con la oferta de negocios de explotación conjunta del gas (sirva el gasoducto Turkstream como ejemplo). Y todo eso mientras su posición interna se va erosionando, con una población cada vez más crítica con su deriva autoritaria, más reacia a soportar la carga que suponen los refugiados y el aventurerismo militar, más descontenta con su gestión económica y, por tanto, más dispuesta a escuchar lo que planteen, incluso en las propias filas del islamismo político, sus opositores.

Eso le ha permitido a Putin convertirse en interlocutor imprescindible en cualquier intento de buscar una solución al conflicto sirio (mientras EE.UU. pierde peso a ojos vista y la Unión Europea nunca ha logrado ser tenida en cuenta). Por un lado, se permite apoyar a Al Assad –aumentando el peso de su presencia militar en la base naval de Tartús y en la aérea de Hmeimim– y, por otro, cuenta con una baza más con la que poder negociar un posible alivio a las sanciones que pesan sobre Moscú por su implicación en Ucrania. Además, logra imponer su criterio ante Teherán y Ankara, sin perder de vista el acercamiento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en un intento por sumar posibles financiadores de la futura reconstrucción siria.

Y aunque Erdogan trate de vender el acuerdo como un éxito y haya logrado evitar la ruptura de relaciones con una Rusia con la que necesita seguir entendiéndose, la realidad es que su influencia en Siria disminuye. Y así se explica que la nueva línea que demarca el frente tras el acuerdo ruso-turco suponga admitir que Ankara pierde terreno o, lo que es lo mismo, que Damasco sigue avanzando sus peones y ya controla la importante autovía M-4 (que une el puerto de Latakia con Alepo). Esa cesión de territorio en Idlib, a manos de las fuerzas sirias, hace que sus posiciones militares (y las de sus aliados locales) se hagan insostenibles en cuanto las fuerzas de Damasco reemprendan la ofensiva.

 

FOTOGRAFÍA: Erdogan y Putin, el pasado jueves tras mantener una reunión en Moscú - EP

 

EFE

 

Para elperiódico.com

 

Entre la angustia existencial de quienes solo aspiran a salvar sus vidas cubrir sus necesidades más básicas y la desvergüenza de quienes en lugar de seres humanos solo ven peones de su particular ajedrez geopolítico y geoeconómico, lo único claro en lo que coinciden tanto Turquía como Grecia (y, por extensión, la Unión Europea) es en que los desesperados no pasarán.

Para Erdogan eso significa que no está dispuesto a permitir que a los casi cuatro millones de refugiados que ya malviven en su territorio se añada uno solo de los alrededor de un millón que se están viendo forzados a desplazarse en la provincia siria de Idlib, escapando de la ofensiva del régimen de Al Asad (con apoyo ruso) y la contraofensiva turca. Y de ahí que, por un lado, haya lanzado la operación Escudo de Primavera y, por otro, haya vuelto a abrir la puerta migratoria hacia Grecia. Al haber calculado mal sus fuerzas y la reacción de su teórico aliado ruso, Erdogan procura ahora recabar un apoyo más claro tanto de la OTAN (EEUU) como de la UE para frenar al tándem Moscú-Damasco, o al menos presionar al primero para que acote las ambiciones militaristas del segundo, recurriendo a una baza que ya le rindió anteriormente buenos frutos (6.000 millones de euros por parte de Bruselas).

Por su parte, para Mitsotakis y para la cúpula de la UE queda claro que lo fundamental es proteger las fronteras comunitarias, evitando la repetición de lo ocurrido en el 2016, en un nefasto “sálvese quien pueda” que hundió la imagen de la Unión y casi se llevó por delante Schengen. Las felicitaciones de Von der Leyen a Atenas por ser el “escudo” de la Unión y las apelaciones a “mantener la línea” transmiten una inapropiada visión militarista, aunque solo sea porque su uso supone identificar a los desesperados como un supuesto ejército invasor. Y da igual si por el camino se dispara a quienes ahora están atrapados en tierra de nadie o se tira a la papelera (aunque se presente como una medida temporal) la Convención del Estatuto sobre Refugiados (1951), que obliga tanto a Grecia como al resto de los Veintisiete a asistir y proteger a toda persona que esté en esas circunstancias.

 

Ceguera

Actuar de este modo no solo echa por tierra cualquier proclama sobre supuestos valores y principios que decimos que definen nuestras democracias y olvidar la corresponsabilidad en la creación de muchas de las crisis y conflictos que derivan con demasiada frecuencia en una intensificación de los flujos migratorios.

Supone también una absoluta ceguera. La misma que parece obnubilar al Ministerio de Interior español, cuando apuesta por elevar un 30% las vallas de Ceuta y Melilla, o a los Veintisiete, al volver a apostar por un tratamiento policial de un fenómeno que nunca, sea cual sea la altura de los muros y el volumen de los despliegues de Frontex, podrá detener la desesperación de quienes no tienen nada que perder y tan solo pretenden salir de su particular infierno. Un infierno que, irresponsablemente, llevamos años construyendo.

 

FOTOGRAFÍA: SEDAT SUNA (EFE)

rnelogo Para Radio 5 (RNE)

Entrevista con Francisco Rey Marcos (IECAH) y Raquel González (MSF) en el programa Solidaridad de Radio 5 sobre el Informe de Acción Humanitaria 2018-2019 "Sin cambios en tiempos de incertidumbre"