Colombia: Guía para acabar con un proceso de paz

El caso colombiano es una buen escuela para explicar los pasos a seguir para destruir un proceso de paz. Lo primero fue empezar con un proceso en el que las partes no creían y que tenía únicamente una finalidad funcional, tanto para que Pastrana fuera elegido presidente, con una campaña política en la que prometía la paz, como para las FARC que buscaban, en ese orden, un respiro para engrasar su aparato militar y, al mismo tiempo, algún tipo de legitimidad política.

El siguiente paso fue la dilación de las conversaciones, o bien estableciendo plazos exageradamente largos o agotando las reuniones en precisar los mecanismos de negociación antes que los puntos del debate. En ese proceso las instancias de diálogo rechazaron sistemáticamente tanto a la sociedad civil como a la llamada comunidad internacional, esta última sólo fue tenida en cuenta para apagar la mayor crisis del proceso, ocurrida en enero de 2002. Los medios de comunicación también tuvieron una influencia negativa, planteando un escenario maniqueo que mostraba como única posibilidad la consecución de la paz por esa vía (zona de despeje, diálogos eternos, etc.) o el camino de la guerra.

Dicho así, el resto se podía prever sin mucha dificultad. Durante estos tres años, las dos partes han incrementado ostensiblemente su preparación para la guerra, mientras la población civil se ha ido convenciendo de que era mejor una buena guerra que un mal pacto. Una percepción que se nutrió de la arrogancia de la guerrilla, la presión política de la extrema derecha, la ineptitud del gobierno, el Plan Colombia de los Estados Unidos y la continuación- aunque con menor intensidad- del conflicto armado en medio de las negociaciones.

Después del 11 de septiembre, la tendencia internacional apunta a la resolución de los conflictos por vía de la fuerza. Pastrana, en esa misma línea, decidió bombardear en menos de un día 85 puntos de la “zona del despeje”, con el respaldo de la comunidad internacional. Lo cierto es que el proceso que salvó la comunidad internacional el pasado mes de enero se había convertido ya en un cadaver incómodo que las partes del conflicto querían enterrar.

El gobierno, que es sensible a su creciente pérdida de popularidad, precisamente por su ausencia de estrategia en el proceso, ha entendido que la mejor forma de relegitimarse era la guerra; de esa forma trata, al mismo tiempo, de hacer frente al peligro que se deriva del dramático aumento en intención de voto que registra el candidato Uribe Vélez, hasta casi un 60%, de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan. En el mismo sentido, los paramilitares ahondan en su búsqueda de legitimidad política gracias a la radicalización del contexto político.

Si el gobierno hubiera seguido adelante con el proceso hubiera tenido que empezar a hablar, en serio, de derechos humanos, del desplazamiento forzoso, de la complicidad del ejército con los grupos paramilitares, del Plan Colombia, de la impunidad, de la reforma económica neoliberal y de la injusticia social; aspectos todos ellos molestos para los responsables políticos gubernamentales. Para la guerrilla, los inevitables siguientes pasos del proceso les llevarían a tener que hablar de tregua, de liberación de secuestrados, de injerencia internacional y de cese de hostilidades o, por lo menos, de disminución de la intensidad del conflicto.

La hiperinflación de esperanzas en «ese» proceso de paz, y la ceguera colectiva de otros posibles procesos de paz, sumado al estrepitoso fracaso provocado por la actitud de las partes, más una sociedad- especialmente la clase media urbana- convencida de que la guerra la puede ganar el ejército y, peor aún, que eso puede lograrse en cuestión de semanas, explica la decisión de Pastrana de romper el proceso. Algunos militares más realistas prefierieron renunciar, conscientes de las dificultades que tienen al enfrentarse a la guerrilla. Durante los días posteriores a la ruptura del proceso, si bien la guerrilla no ha realizado una ofensiva frontal, sí controla varias carreteras, ataca infraestructuras, toma de pueblos y combate en varias regiones, lo que demuestra que mantiene su capacidad operativa.

Estimulados por los medios de comunicación, varias poblaciones realizaron «cacerolazos» contra la guerrilla. Después de la ruptura, el gobierno ha recibido el respaldo total de las altas instancias del país, de los organismos de control, de la iglesia católica y de los grandes gremios económicos. También se han adoptado nuevas medidas que han permitido el reemplazo, por lo menos en 19 municipios, del poder politico elegido democráticamente por el poder militar.

Muchos han aplaudido a las tropas cuando cruzaron desde la capital hacia el sur del país, pero también muchos otros han empezado a huir de la “zona del despeje” y algunos de los que se quedaron ya han muerto por la acción de los bombardeos. En la zona ya en manos del gobierno, se han detectado militares de los Estados Unidos, país que ha sido explícitamente partidario de la salida militar.

La posibilidad de regresar a corto plazo a un proceso de paz es prácticamente imposible, sobre todo después de que las FARC hayan declarado que sólo negociarían con el nuevo gobierno y de que hayan llegado a secuestrar al senador Jorge Eduardo Gechem y a la candidata presidencial Íngrid Betancourt, cuya liberación no ha sido posible, a pesar de la presión de la Unión Europea y del mismo Secretario General de la ONU.

Las próximas elecciones se plantean en un contexto en el que el conjunto de la sociedad parece haber asumido la inevitabilidad de una nueva espiral de violencia; una sociedad que compró en su momento el boleto de ida a la guerra con un regreso abierto y lejano, un boleto de regreso que sólo se podrá usar después de mucho tiempo y después de muchos muertos. Como recogen diversos portavoces de la sociedad civil «quienes proclamaron con entusiasmo una salida militar a este prolongado conflicto tienen ahora una inmensa responsabilidad frente a los costos de una guerra que no va a resolver los graves problemas del país”.