imgarticulo_Carmen_Chacn

(Para Radio Nederland)
El próximo mes de enero se cumplirán veinte años desde que España comenzó a participar en operaciones internacionales de paz. Desde entonces, y en el marco de un significativo incremento de la respuesta internacional ante situaciones de conflicto, unos 105.000 soldados españoles han participado en más de cincuenta operaciones con un coste humano de 148 muertos y un presupuesto acumulado de unos 3.600 millones de euros (casi 680 en 2008). Ahora, por boca de la ministra de defensa, el Gobierno ha decidido eliminar el techo que él mismo se había impuesto en 2005 de no superar los 3.000 efectivos en el exterior. Resulta a todas luces una medida adecuada por varios motivos.

En primer lugar porque es precisamente esa implicación de los ejércitos españoles lo que más ha contribuido a modificar la negativa imagen que la propia sociedad española tenía de una institución lastrada por un pasado felizmente superado. Además, desde una perspectiva puramente profesional, el reto que ha planteando la colaboración con otras fuerzas armadas en condiciones de máxima exigencia ha mejorado muy notablemente la operatividad de quienes hasta entonces se habían sentido muy limitados en sus capacidades. No menos importante es que, gracias a esa mayor implicación en escenarios de alta inestabilidad, España ha aumentado en gran medida su peso internacional y en las organizaciones de las que forma parte.
Por otro lado, la eliminación de ese techo señala una madurez política que, por fin, logra desembarazarse del complejo de verse acusado de militarismo por ciertos sectores sociales o políticos. El efecto negativo de la bochornosa participación española en la invasión de Iraq (hasta que en 2004 el entonces nuevo gobierno ordenó la retirada inmediata) ha gravado poderosamente el debate sobre este tema. Para no superar los niveles de fuerzas desplegados por gobiernos anteriores se han venido haciendo permanentes filigranas contables para intentar atender a las misiones en el terreno, hasta llegar a la retirada de fuerzas en algunos casos (como en el difícilmente explicable de Haití), para atender otras demandas más urgentes (como Líbano o Afganistán). Se ha considerado, erróneamente, que la opinión pública no iba a distinguir entre una misión con respaldo de la ley internacional, que podía suponer un despliegue más numeroso, y otra ilegal o ilegítima, fuera cual fuera el nivel de tropas implicados en cualquiera de ellas. Un efecto contraproducente adicional de esta actitud ha sido la de elevar el riesgo de quienes ya estaban sobre el terreno, dado que no siempre ha sido posible cumplir con las tareas de protección y asistencia a la población local o a los elementos civiles del esfuerzo español y, simultáneamente, con las de la propia seguridad del contingente militar.

En tercer lugar, esta decisión apunta al intento por adecuarse a una nueva etapa en la que es previsible que se le demande a España, que gusta de mostrar su preferencia por el multilateralismo efectivo, una mayor participación en contextos tan complejos como, por ejemplo, Afganistán. España puede, y debe, contribuir a la paz y a la seguridad con sus medios militares, y de ahí que sea una buena noticia que se muestre dispuesta a atender a dos operaciones principales (como lo son hoy Líbano y Afganistán) y cuatro menores, identificando a África y al Mediterráneo como áreas de atención preferente. Del anuncio realizado por la ministra en sede parlamentaria se deducen tres condiciones para la aprobación de un despliegue en el exterior: a) el respaldo legal internacional (inicialmente identificado con la ONU, aunque solo el tiempo dirá si, como de hecho ya se contempla en la vigente Ley Orgánica de la de Defensa, también puede bastar con el que proporcionen las decisiones adoptadas en la OTAN o en la UE en su caso); b) la voluntad del pueblo español (a través de sus representantes en el parlamento); y c) las capacidades militares existentes (lo que sitúa el límite en torno a los 7.700 soldados, si se toma en consideración la recomendación de la OTAN de llegar hasta el 8% de los efectivos operativos de cada país miembro). Aunque no se fija explícitamente, es innegable que los condicionantes presupuestarios (y más en el marco de grave crisis económica que ya padece España) van a pesar muy directamente sobre cualquier hipotética decisión de envío de tropas al exterior.

El balance positivo cosechado hasta aquí no permite la relajación. Aunque haya sido muy positivo para su imagen (y para lograr modificar las negativas tendencias de reclutamiento de un modelo de profesionalización inadecuadamente planteado en su origen) el papel principal de las fuerzas armadas no es su participación en operaciones de paz en cualquiera de sus modalidades. Sigue estando pendiente una labor pedagógica a escala nacional y un debate abierto para determinar qué defensa necesitamos, y cuál es el papel de los ejércitos en ella. No cabe justificar el todo por la parte y mucho menos disfrazarlos de lo que no son (ni bomberos, ni actores humanitarios). Hoy nuestra seguridad y la defensa de los valores que nos definen precisan de capacidades militares y es previsible que así lo entienda una opinión pública a la que no se puede ocultar lo que ocurre en el terreno (Afganistán presenta una situación mucho más preocupante de lo que se suele admitir) ni tratar de modo infantil, como si no pudiese entender las complejidades del mundo que nos toca vivir.

Por otra parte, y precisamente en defensa de los valores que nos mueven, resulta imperioso mejorar entre nuestras tropas los mecanismos de defensa de los derechos humanos e insistir en el enfoque de protección de la población civil como principales referentes de la actuación a desarrollar. Como nos muestran los informes que diferentes organizaciones han ido presentando sobre violaciones de los derechos humanos por parte de tropas internacionales en misiones de paz y episodios de tan triste recuerdo como Guantánamo y Abu Grahib, nadie está inmunizado contra esos horrores. Si hasta hoy no ha habido implicación alguna de soldados españoles en estos asuntos, no basta con seguir confiando en que, por definición, así será siempre. España puede adoptar también un mayor protagonismo en la aprobación de más y mejores instrumentos de control para hacer transparente lo que pueda ocurrir en esos escenarios y para castigar efectivamente a quienes incumplan una ley que nos obliga a todos.